La presentación fue realizada por autoridades del partido libertario y sostiene que la magistrada excedió los límites de su función al dejar sin aplicación el nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado por el Congreso nacional.

A fondo: LLA formalizó el pedido de juicio político contra la jueza Pascual

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La Libertad Avanza hizo efectiva la presentación del pedido de jury a la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Lomas de Zamora, por haber suspendido en todo el territorio bonaerense la aplicación de la Ley nacional 27.801, conocida como nuevo Régimen Penal Juvenil.

La presentación, a cargo del diputado nacional Alejandro Carrancio, vicepresidente del partido en la provincia de Buenos Aires, sostiene que la magistrada excedió los límites de su función al dejar sin efecto una norma sancionada por el Congreso.

Según el escrito, la decisión no se circunscribió a un caso puntual: tuvo efectos generales sobre toda la provincia e interfirió, a criterio de los denunciantes, en una atribución propia del Poder Legislativo.

El cuestionamiento central es institucional: una jueza de primera instancia suspendió una ley nacional vigente antes de contar con toda la información necesaria para justificar una medida de ese alcance.

La denuncia también objeta que Pascual haya extendido a toda la Provincia una situación vinculada principalmente con el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, cuando todavía estaban pendientes cuestiones sobre su propia competencia para seguir interviniendo.

Días después, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la medida. Según reproduce la presentación, el tribunal de alzada remarcó que los jueces no pueden suspender con alcance general una ley sancionada por el Congreso sin afectar la división de poderes.

Para los libertarios bonaerenses el episodio va más allá de la discusión jurídica puntual y pone en cuestión un principio básico del sistema republicano: los jueces deben aplicar y controlar las leyes dentro de sus competencias, no sustituir al Congreso ni bloquear de manera general una decisión legislativa nacional.

El escrito pide que el Jurado de Enjuiciamiento analice la conducta de Pascual y evalúe su apartamiento preventivo mientras se sustancia el proceso.

La Ley 27.801, que baja la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un nuevo régimen penal juvenil, había entrado en vigencia a nivel nacional pocos días antes del fallo de primera instancia, una suspensión cautelar dictada en el marco de un hábeas corpus preventivo y colectivo.

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