El juez Martín Cormick fijó una sanción de $100.000 por día al Jefe de Gabinete Diego Santilli, por no cumplir con la actualización de los salarios universitarios y los fondos destinados a becas. La medida cautelar continúa vigente, pese a la apelación presentada por el Ejecutivo.

Mientras se prepara otra marcha, la justicia impuso una multa diaria al gobierno por no cumplir la ley

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El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo en los tribunales, mientras se prepara una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, dispuso una multa diaria de $100.000 contra el titular de la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli, ante el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución apunta a la falta de actualización de los salarios del personal docente y no docente, además de la ausencia de garantías sobre los recursos destinados a las becas estudiantiles. La sanción busca que el Poder Ejecutivo avance con las obligaciones establecidas por la normativa y acate la decisión judicial.

De acuerdo con el fallo, Cormick consideró acreditado que el Estado nacional no cumplió con lo ordenado y resolvió hacer efectiva la advertencia que había formulado previamente. En una primera instancia, estableció los llamados astreintes en $100.000 por cada día de demora, aunque dejó abierta la posibilidad de modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados por la medida.

Un fallo que se mantiene pese a la apelación

La decisión se enmarca en una medida cautelar que continúa vigente, aunque la discusión de fondo sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario se encuentra en manos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

En el expediente principal, Cormick había declarado la inconstitucionalidad de un artículo del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la implementación de la ley. El Gobierno apeló esa resolución y también presentó un planteo para que el magistrado revisara su decisión, pero este último recurso fue rechazado.

El juez concedió la apelación estatal y elevó las actuaciones al tribunal superior, aunque sin suspender los efectos de la cautelar. De esta manera, las obligaciones establecidas judicialmente siguen en pie mientras continúa el trámite de la causa.

La aplicación de las multas respondió a un pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció que el Ejecutivo persistía en el incumplimiento de la orden judicial, ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026.

Según el planteo presentado por la entidad, el plazo otorgado para cumplir con la medida ya había vencido sin que se registraran los pagos correspondientes. Por ese motivo, solicitó que se hiciera efectiva la advertencia y se aplicaran sanciones diarias y progresivas por cada jornada de demora.

Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario

La normativa contempla una recomposición de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, tomando como referencia la evolución de los precios. Para septiembre de 2025, la adecuación prevista debía reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de ese año, lo que representaba un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.

Además, la ley dispone que las remuneraciones se actualicen mensualmente de acuerdo con la evolución de la inflación. El esquema también contempla la recomposición y actualización de las becas destinadas a estudiantes universitarios.

El reclamo de las instituciones académicas se centra en que esas obligaciones se hagan efectivas, en un contexto de disputa con la administración nacional por los recursos que deben destinarse al sistema universitario.

La defensa del Gobierno nacional

Por su parte, el Gobierno cuestionó la decisión judicial y sostuvo que la medida impone al Estado la obligación de afrontar pagos sin que estén determinadas con precisión las sumas adeudadas ni el alcance concreto de las obligaciones.

En su apelación, la administración nacional argumentó que la cautelar establece una carga económica indeterminada, dado que no especifica qué montos o porcentajes deben abonarse para considerar cumplida la orden. Bajo esa premisa, solicitó que el recurso tuviera efecto suspensivo, un pedido que no prosperó.

La previa de la marcha

La comunidad universitaria ultima los detalles de una nueva jornada de protesta contra el Gobierno de Javier Milei. Este jueves 15 de octubre se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria, con movilizaciones en distintos puntos del país y una concentración central frente al Congreso de la Nación, en defensa de la educación pública y en reclamo por el financiamiento del sistema universitario.

La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que buscan volver a reunir a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, graduados y organizaciones sociales para visibilizar la situación que atraviesan las casas de estudio.

El reclamo principal apunta a que el Ejecutivo nacional aplique de manera efectiva la Ley de Financiamiento Universitario. A esa demanda se suman la recomposición de los salarios docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y la garantía de recursos suficientes para sostener el funcionamiento de las universidades y del sistema científico nacional.

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En los días previos, distintas casas de estudio y organizaciones gremiales intensificaron las actividades de difusión para convocar a la movilización. Entre las iniciativas hubo clases públicas y campañas en redes sociales para reforzar el reclamo y sumar adhesiones.

La convocatoria también se apoya en el reclamo por la recomposición de los ingresos de quienes trabajan en las universidades nacionales, uno de los puntos centrales del conflicto que se mantiene abierto con el Gobierno.

La marcha tendrá réplicas en diferentes ciudades del país, con concentraciones y recorridos organizados por cada comunidad universitaria. En la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso será uno de los principales puntos de encuentro, mientras que en las provincias se preparan columnas para trasladar los reclamos a las calles.

La jornada será la quinta gran Marcha Federal Universitaria desde abril de 2024, cuando las universidades comenzaron a protagonizar masivas movilizaciones contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

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