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Jueves, 19 noviembre 2026
Argentina
JUDICIALES

Revés para las prepagas: la Corte frenó los aumentos sin autorización del Gobierno

La decisión del máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 de Javier Milei, que habían eliminado los controles estatales sobre las cuotas de la medicina privada. La Superintendencia de Servicios de Salud volverá a tener la facultad de revisar y autorizar los incrementos.

Revés para las prepagas: la Corte frenó los aumentos sin autorización del Gobierno
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Las empresas de medicina prepaga recibieron un duro revés judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que ya no podrán disponer libremente de los aumentos en las cuotas de sus afiliados y deberán contar nuevamente con la autorización del Gobierno nacional para aplicar modificaciones tarifarias.

La decisión del máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei, que habían eliminado las facultades de control del Estado sobre los valores de los planes de salud. De esta manera, se restablece la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud como organismo encargado de fiscalizar y aprobar las subas.

El fallo lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y representa un nuevo cuestionamiento judicial a uno de los puntos centrales del programa de desregulación económica del Gobierno libertario. Se trata, además, de la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema sobre artículos del DNU 70/23.

A partir de esta resolución, las compañías deberán presentar sus solicitudes de actualización tarifaria ante la autoridad correspondiente. Los incrementos tendrán que estar respaldados por variaciones en la estructura de costos y por un cálculo actuarial razonable de los riesgos del sistema. El organismo estatal tendrá nuevamente la responsabilidad de evaluar si los porcentajes pretendidos por las empresas se ajustan a los criterios establecidos por la legislación vigente.

Sin embargo, el pronunciamiento judicial no implica que las cuotas queden atadas automáticamente a la inflación. La Corte también dejó sin efecto el tramo de una sentencia anterior que establecía al Índice de Precios al Consumidor (IPC) como límite para los aumentos. Por lo tanto, no habrá un techo tarifario automático, aunque las prepagas perderán la posibilidad de definir unilateralmente sus incrementos.

El expediente se originó a partir del reclamo de una afiliada cuya cuota había registrado un incremento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. La mujer cuestionó las subas aplicadas luego de la entrada en vigencia del decreto presidencial y sostuvo que, de haberse mantenido el esquema de regulación anterior, el ajuste correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.

La causa tuvo un primer fallo favorable en la Cámara Federal de La Plata, que declaró inconstitucionales los artículos cuestionados y ordenó restablecer los mecanismos de control estatal. Tanto la empresa de medicina prepaga demandada como el Estado nacional apelaron la resolución y llevaron la discusión ante la Corte Suprema.

En sus fundamentos, los magistrados consideraron que el Poder Ejecutivo no había demostrado la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran modificar mediante un DNU las facultades de fiscalización del Estado. Para el tribunal, las referencias generales a una crisis del sistema sanitario y a la necesidad de incrementar la competitividad del sector no alcanzaban para acreditar una urgencia que impidiera recurrir al procedimiento legislativo ordinario.

De esta manera, el máximo tribunal puso un freno a la desregulación de las cuotas de la medicina privada y devolvió al Estado una herramienta central para intervenir en la evolución de los precios de los servicios de salud.
 

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