Agua contaminada: la Justicia cita a técnicos para determinar si es apta para consumo humano
El magistrada quiere contraponer los resultados de estudios que dieron resultados diferentes. La fumigación con agroquímicos afecta a tres barrios de Pergamino. El INTA y el Conicet dijeron que se detectó la presencia de 18 agrotóxicos, mientras que el intendente Martínez minimiza al problema en base a pruebas de la Autoridad del Agua bonaerense.
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El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, citó a técnicos y científicos que analizaron las muestras de agua de tres barrios de Pergamino, para que debatan acerca de si es apta o no para consumo humanos.
El magistrado los convocó para el próximo 3 de mayo en el Cuerpo Médico Forense, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, para determinar la contaminación con agrotóxicos del agua en Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad.
La determinación del magistrado se produce luego de que el INTA Balcarce y el Conicet dieran cuenta de la presencia de al menos 18 agrotóxicos dañinos para la salud en el agua de esos barrios, lo que fue ratificado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte horas atrás.
Como contrapartida, el municipio, que encabeza el intendente Javier Martínez (Cambiemos), asegura que un estudio realizado por la Autoridad del Agua de la Provincia demostraría que los niveles de agroquímicos en el agua son tolerables, siendo apta para consumo humanos.
La denuncia fue impulsada por la abogada Sabrina Ortiz, integrante del grupo "Madres de Barrios Fumigados en Pergamino", quienes vienen señalando la presencia de agroquímicos en el líquido elemento, que habría ocasionado ya perjuicios para la salud de sus habitantes.
De manera preventiva, el juez Villafuerte Ruzo ordenó el cese de la fumigación en campos aledaños a esos barrios, además de obligar al municipio a entregar agua embotellada hasta que se determine si puede ser consumida por seres humanos sin riesgos.
Además, dispuso allanamientos en campos que son propiedad de los cuatro productores agropecuario detenidos por supuestos delitos contra la salud.