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Argentina
17 de mayo de 2019
LA COSTA

Una tragedia y seis muertes silenciadas con 42 millones de pesos

Desde el Concejo Deliberante del Partido de la Costa denunciaron que la causa por el derrumbe en la obra del Espacio Multicultural de Santa Teresita, donde murieron seis obreros, se cerró con sumas millonarias. “Las personas que firmaron el acuerdo recibieron dinero para declararse culpable”, sostuvo Cordone.

Una tragedia y seis muertes silenciadas con 42 millones de pesos
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El 2 de marzo de 2018, la obra del Espacio Multicultural de Santa Teresita se vino abajo y dejó bajo los escombros a seis obreros, que perdieron la vida en el acto. Rápido de reflejos, el Municipio se presentó (sin suerte) ante la Justicia como particular damnificado. Casi un año más tarde, en febrero de 2019, la fiscalía UFID Nº 1 de Mar del Tuyú, a cargo de Gustavo Mascioli, firmó un acuerdo de penas entre las partes; es decir, entre los familiares de las víctimas, la Municipalidad de La Costa y la empresa a cargo de la construcción, Grupo Perfil.

El acuerdo, según pudo saber La Tecla, incluyó penas de prisión en suspenso, reglas de conducta e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Entre los funcionarios que fueron encontrados responsables están Juan Pablo García, secretario de Obras Públicas, y el director del área, Danilo Taranti. En tanto, Víctor Chirico, dueño de la empresa, también fue penado y debió hacerse cargo de las indemnizaciones, que llegaron a cinco millones de pesos por familiar.

Según denunciaron desde la oposición, fue el propio intendente, Juan Pablo de Jesús, quien “les puso” el abogado Alejandro Kim a los allegados de las víctimas, “que los envolvió y les hicieron firmar la desestimación de la causa penal”. “Las personas que firmaron el acuerdo recibieron dinero para declararse culpables. Porque si sos inocente vas hasta las últimas consecuencias. Son cerca de 42 millones de pesos en total. Y nosotros pagamos todo eso, porque Perfil es insolvente”, denunció la concejala Evangelina Cordone.

El acuerdo fue remitido por la fiscalía descentralizada al Juzgado Correccional N° 2 de Dolores, de Emiliano Lázzari (del Cuerpo de Magistrados Suplentes), quien debe homologarlo o no para iniciar un juicio abreviado. El acuerdo no se giró hasta que los familiares de las víctimas no prestaron su consentimiento. Si bien desde el juzgado se negaron a dar precisiones de la causa, según pudo saber este medio, daría el visto bueno en las próximas semanas.

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