El juez Arias, más cerca de ser restituído

La Suprema Corte de Justicia bonaerense anuló el miércoles 13 de mayo una decisión del Jurado de Enjuiciamiento que destituyó al exjuez Luis Federico Arias, y lo obligó de este modo a que admita y tramite el Recurso Extraordinario planteado por el enjuiciado. Esto implica la suspensión del juez, no la destitución definitiva.

Cabe señalar que si bien la decisión judicial de la Corte no implica la restitución de Arias a su cargo como juez Contencioso Administrativo Nº 1, sí constituye un avance al respecto porque suspende la destitución –aunque mantiene la suspensión– y deja abierta la posibilidad para que otro tribunal revoque su cuestionada separación.
 
“Al Recurso Extraordinario lo interpuse contra la sentencia, y si bien lo decide la Suprema Corte, es el Jurado de Enjuiciamiento el que lo admite y tramita; como lo denegó, fui en queja a la Corte, que a su vez le dice al Jurado que se expida nuevamente, admitiéndolo, porque no puede haber ninguna decisión sin revisión judicial”, explicó Arias al respecto.
 
Tras esta admisión, será la Suprema Corte la que decida si se anula o no la destitución, aunque vale destacar que con la suspensión de la destitución, queda suspendida también la inhabilitación que pesaba sobre Arias para ocupar cargos judiciales.
 
El Jurado de Enjuiciamiento que destituyó a Arias el 15 de agosto de 2018 estuvo integrado por Julio Pettigiani (por entonces presidente de la Suprema Corte), Jorge D’Onofrio (diputado del Frente Renovador), Walter Carusso (diputado de Cambiemos) y Roberto Costa (senador de Cambiemos); los abogados Fabián Ramón González (representante del Colegio de Morón), Diego Alejandro Molea (Lomas de Zamora), Osvaldo Enrique Pisani (San Isidro), Ambrosio Luis Bottarini (Pergamino) y José Alberto Apaz (San Martín), mientras que los legisladores Santiago Révora (Unidad Ciudadana) y Pablo Garate (Frente Renovador), votaron en sentido contrario a la destitución.
 
La remoción del magistrado se produjo por considerarlo incurso en diversas faltas funcionales; sin embargo, dichos cargos no fueron más que decisiones judiciales, las cuales no pueden ser sometidas a juzgamiento disciplinario, razón por la cual diversos organismos de derechos humanos radicaron una denuncia ante la ONU, que requirió explicaciones al Estado nacional.