Aprovechando una ventana judicial, el Intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, firmó con CAPSA la extensión del contrato de concesión sin licitación, hasta 2056. La misma incluye un desarrollo inmobiliario en 70 hectáreas de la base del Cerro sin estudio de impacto ambiental. Vecinos autoconvocados hicieron una presentación ante el STJ. Las repercusiones

La Tecla Patagonia (lateclapatagonia.com.ar)

Tal como viene informando La Tecla Patagonia, el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, avanzó con la prórroga del contrato de concesión del Cerro Catedral con la firma CAPSA. Lo hizo luego que la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche declarara “abstracta” la causa que mantenía frenada las negociaciones entre el Municipio y la firma Alta Patagonia (Capsa) para la prórroga de la concesión del Cerro Catedral.

Alcanzó con los votos de dos jueces del Tribunal para que la Justicia admitiera la intervención de la empresa como coadyuvante, que podría intervenir en defensa de sus intereses, y procediera a rechazar las acciones interpuestas por Ana Marks y Daniel Natapof.

Un momento que resultó clave para la definición fue la decisión del actual legislador Alejandro Ramos Mejía, quien llegó a un acuerdo con el municipio y la empresa para incluir nuevos ítems en el acuerdo de prórroga y puso fin al proceso judicial que promovió contra la ordenanza (2929-CM-2018) que aprobó el plan de modernización.

Tras la firma del Intendente, Catedral Alta Patagonia logró quedarse, sin licitación, con la explotación de los medios de elevación hasta 2056, y con la llave para el desarrollo de un proyecto inmobiliario en 70 hectáreas de la base del cerro Catedral, sin estudio de impacto ambiental que garantice su sustentabilidad.

En tanto, desde la agrupación “Vecinos por un cerro de todos”, junto a otros sectores de la ciudad, presentaron hace pocos días una nueva demanda, ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Para los vecinos, el contrato implicaría avalar violaciones al régimen de contrataciones y a leyes ambientales. Sostienen además que “los ardides legales hicieron caer la cautelar vigente, pero la Justicia no se expidió sobre la cuestión de fondo, si la entrega del Cerro es legal o no”.

“Los Vecinos por un Cerro para Todos, piden que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal 2929-CM-18. Seguimos luchando para que el futuro del principal activo económico de nuestra ciudad se defina en un proceso participativo y plural que respete el cuidado del ambiente”, señalaron.

Repercusiones en el plano político

El Frente Grande hizo pública su posición respecto a la firma del contrato entre el Intendente y la empresa CAPSA por la explotación del Cerro Catedral hasta al año 2056

A través de un comunicado expusieron su visión respecto al camino que se inició en el año 2018 con la aprobación de la ordenanza 2929, en este sentido afirmaron “con la firma del Intendente quedó plasmado un vergonzoso proceso de subordinación al poder económico, que permite al grupo empresarial de la familia Trappa apropiarse más de 70 hectáreas de tierras fiscales y explotar el Cerro Catedral hasta el año 2056 sin licitación pública”.

Desde el Frente Grande remarcaron que “cuando se analice la historia de Bariloche el 2 de junio de 2020 se recordará como un día nefasto para la ciudad, porque desde el inicio de la democracia hasta nuestros días no se registra un acto de entrega del patrimonio público tan importante como la firma del contrato entre el grupo Vía Bariloche y el Intendente Gennuso”.

Asimismo la fuerza, presidida por Julio Accavallo, señaló “este proceso de entrega fue avalado por una alianza política que podría llamarse Juntos Somos Vía Bariloche, ya que fue alentado por el ex presidente Macri, el ex gobernador Weretilneck y ejecutada por el Intendente Gennuso, siete concejales de Juntos Somos Bariloche, un concejal del Pro y facilitada en la justicia por el legislador Alejandro Ramos Mejía”.

Firma de la prórroga de la concesión. Foto: Gentileza Bariloche Opina

El Frente Grande enumeró algunos de los privilegios y ventajas que la empresa CAPSA del grupo Vía Bariloche tendrá acceso a partir de la firma del contrato con el Estado Municipal:
“La extensión de hecho el contrato por 30 años más (hasta el año 2056), o sea el mismo tiempo de concesión que se le otorgó a través de la licitación internacional del año 1992;

-La entrega de la propiedad de más de 70 hectáreas de tierras fiscales para desarrollar en el Cerro un emprendimiento inmobiliario;

-Que todas las sanciones y multas que le labró el Municipio a la empresa queden sin efecto;
-La mantención del actual e irrisorio canon que la empresa paga al Municipio;

-La empresa se compromete a invertir 22 millones de dólares en cinco años y 10 años después analizarán la posibilidad de realizar nuevas inversiones sin estar obligados por el nuevo contrato.

-Que no se la obligue a proveer los servicios básicos para el desarrollo inmobiliario que se prevé en el Cerro;
-Que se puedan cambiar en negociaciones posteriores las áreas y usos asignados para el desarrollo urbanístico;

-Que no se le exija la realización de un estudio de impacto ambiental;

-Que el proyecto de CAPSA no se enmarque en un plan de desarrollo estratégico de la ciudad de Bariloche”.

Al final del documento el Frente Grande instó a los vecinos a continuar con los reclamos indicando “como ocurrió en la época de las privatizaciones es muy importante que, a pesar del triunfo coyuntural que han tenido, no bajemos los brazos. Tenemos que recordar permanentemente esta entrega y seguir llevando adelante todas las acciones posibles que en el futuro se podrán usar como antecedentes para revisar y retrotraer la situación”.

En tanto desde el Frente de Todos, los concejales expresaron su posición antes de la firma de la prórroga. Los concejales del Frente de Todos manifestaron en una nota su preocupación al intendente Gustavo Gennuso por el “empeño” en seguir adelante con la prórroga de la concesión del Cerro Catedral por 30 años y sin licitación. Para el bloque, el contrato tal y como fue aprobado en 2018 no tiene licencia social ni seguridad jurídica, y podría perjudicar a las arcas municipales.

“El contrato aprobado tiene plazos y condiciones de imposible cumplimiento en 2020 relacionados al Plan de Modernización, que está completamente desfasado y debiera ser reformulado. No hay certeza en los plazos de ejecución y esto implicaría una posible postergación de la nueva tarifa del canon afectando al erario público, al dejar de percibirse millones de pesos por el corrimiento de plazos. También habría falta de previsión en los ingresos para la proyección de los presupuestos anuales municipales”, expresaron.

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