Luego de decenas de hechos, quejas y una denuncia penal realizada por diputados de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, a través del titular de la Cámara baja nacional, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley para combatir y castigar el vandalismo rural contra cosechas, tolvas, silos y los ataques a silobolsas. La iniciativa fue acompañada por el diputado Ramiro Gutierrez.

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La iniciativa del presidente de la Cámara baja tiene como objetivo frenar el daño a cosechas, silos o tolvas, ya que considera que es "la destrucción del trabajo argentino". Por eso, propone que se contemplen esos vandalismos como "delito contra la propiedad", y quienes provoquen destrucciones podrían cumplir una pena de hasta 5 años de prisión.

Ante los recientes daños a silobolsas en la región productora de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, Sergio Massa impulsa un proyecto de Ley, acompañado por el diputado Ramiro Gutiérrez (FDT) para que se tipifique como "vandalismo rural" a cualquier daño contra silos, tolvas o silobolsas, con una pena de hasta 5 años de prisión. También, propone una condena de 12 años para quien libere patógenos, tóxicos o emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación que generen un peligro para la vida.

El motivo principal de la propuesta es que se considera que "se protege desde el origen el ciclo producción-exportación de un sector esencial de la economía nacional"; y que además "destruir un silobolsa es destruir el trabajo argentino".

Por eso, se propone la creación del delito de "vandalismo rural", para que "opere como un daño especial y agravado cuando se afecta el desempeño o explotación de un establecimiento rural", lo que podría dar una pena de hasta 5 años de prisión por vandalismo.

Asimismo, se explica que hasta el momento el Código Penal actual no considera "delito" sino como "estrago" a los daños a cualquier tipo de unidad de almacenamiento de cosechas, pero que son de “aplicación imposible como defensa de la propiedad”, ya que se enmarcan dentro de los llamados delitos contra la Seguridad Pública, requiriendo para su configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada.

En la misma línea, el proyecto además propone penas de hasta 12 años de prisión por liberación de patógenos, tóxicos o energía, emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación, derrumbe, o cualquier otro proceso destructor que puede causar el delito de estrago y que genere un peligro para la vida.

Vale destacar que unas horas antes de la presentación del líder del Frente Renovador, los diputados Lucila Lehmann y Luciano Bugallo, de Juntos por el Cambio, presentaron una denuncia penal ante el Juzgado Federal 4, Secretaría 2 de la ciudad de Rosario, requiriendo se abra una investigación ante la multiplicación de ataques vandálicos a la propiedad privada de productores que incluyen roturas de silobolsas, incendios y robos.

Días atrás los mismos legisladores que responden políticamente a la Coalición Cívica confeccionaron un mapa donde se puede visualizar las localidades y campos que han sufrido hechos de vandalismo. Hasta la fecha se constataron más de 60 incidentes a nivel nacional.

Los legisladores solicitaron a la Justicia que "se investigue la posible existencia de los delitos de incitación a la violencia colectiva, asociación ilícita e instigación a cometer delitos, incentivada por personas o grupos que promueven ataques contra el agro en distintas provincias del país, que a su vez se fueron incrementando desde que el gobierno tomó la decisión de intervenir y expropiar la compañía Vicentin".

Lehman y Bugallo

"Desde que ha tomado estado nacional el caso de la intervención de Vicentin, parece que los ataques han ido en escalada contra el sector del campo", se publicó en el escrito firmado por los legisladores.

El diputado bonaerense Luciano Bugallo explicó que "lo que se persigue con esta denuncia, por un lado es la defensa a ultranza de la propiedad privada (y de su libre disposición), y de la libertad de trabajo, en este caso específico, de productores trabajadores rurales de todo el país, ya que nos vemos obligados a recurrir a la vía judicial, ante la inacción -para no decir nada mas-de las autoridades pertinentes".

"Por otro lado, se busca llevar tranquilidad y seguridad a todo el país, principalmente a los argentinos de las zonas rurales para que, en plena pandemia, no se vea afectada la producción y el abastecimiento de alimentos -actividad esencial- para que se proteja de la fuente de trabajo de miles de familias, que directa o indirectamente viven de las actividades rurales y por ultimo no se vea afectado el ingreso de divisas al país que tanto se necesitan”, agregó Bugallo.

Por su parte, la diputada nacional Lucila Lehmann indicó que “en la denuncia se aporta prueba respecto de todos los ataques hechos contra los productores y a su vez se acompaña prueba respecto de personas y militantes políticos que incentivan ataques”.

La denuncia cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales por la Coalición Cívica Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Mónica Frade y Mariana Zuvic y Pablo Torello, como así también de senadores provinciales de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires, Andrés De Leo, Elisa Carca y Carolina Tironi, además de la diputada provincial Maricel Etchecoin.

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