En forma directamente proporcional, a medida que la restricción para circular comenzó a flexibilizarse, el delito volvió a mostrar sus desagradables cifras de crecimiento. Con agravantes: en muchos casos se descubrió que hubo robos perpetrados por personas sin antecedentes, que antes de la pandemia se movían en el mercado informal del trabajo pero no en el mercado del hampa. Este dato, más la aparición de nuevas modalidades delictivas y el crecimiento de otras, puso en alerta a los intendentes del Conurbano, quienes en algunos casos hasta soportaron reclamos frente a sus propias casas.
Una delegación de alcaldes de la zona más candente golpeó las puertas de Olivos con este reclamo, y desde hace aproximadamente dos meses comenzaron a darle forma, junto al Gobierno nacional, al Plan de Seguridad que el presidente Alberto Fernández anunció el viernes de la semana pasada, junto al gobernador Axel Kicillof y los ministros de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y de la Provincia, Sergio Berni; bajo la atenta mirada de otros miembros del gabinete nacional y los jefes comunales de los 24 distritos que están alcanzados en esta primera etapa del proyecto.
A la foto conjunta y los aplausos compartidos del fin de la semana anterior no se llegó sin rispideces previas. Los intendentes fueron directamente a Nación y exigieron manejar el dinero para las compras de equipamiento destinado al ataque a la inseguridad. Poca gracia causó en el Gobierno bonaerense verse como un convidado en el acuerdo de otros cuando la responsabilidad de cuidar de los ciudadanos es una potestad de la administración central de la Provincia.
La relación entre los alcaldes y el Ejecutivo provincial es un electrocardiograma desde el inicio, y algunos popes del Conurbano argumentan que fueron a Olivos porque en La Plata demoraban demasiado en algunas respuestas. En paralelo, Alberto Fernández centralizó el plan de seguridad y, también, le marcó la cancha a Sergio Berni. Otra relación compleja, la del Presidente y su gabinete con el responsable de la Seguridad elegido por Kicillof.
De todos modos se pudo arribar a un compromiso de todas las partes para dejar recelos de lado y actuar frente a un flagelo en crecimiento, y sobre el cual, la sociedad exige soluciones. Por un lado, la Nación intervendrá de manera directa con acciones de los ministerios de Transporte y de Obras Públicas. El primero, con el compromiso de construir 4.000 paradas seguras para la gente que aguarda la llegada del colectivo; en tanto, Obras Públicas hará una fuerte inversión sobre todo en la construcción de plazas carcelarias que sirvan para paliar el déficit penitenciario de la Provincia.
Un dato que no debe pasar inadvertido es que las mencionadas carteras llevarán adelante todo el proceso y administrarán el dinero, sin más intervención de la Provincia que las sugerencias de dónde deberían realizarse los trabajos, que incluso la gran mayoría ya fueron listados por los alcaldes.
Efectivos y recursos
Por lo que más bregaron los jefes comunales es por una mayor cantidad de efectivos en las calles y el refuerzo de insumos que ayuden a la prevención y el esclarecimiento de delitos. En ese sentido se dispuso que el jefe de Gabinete de la Nación firme un par de convenios con el gobernador Axel Kicillof. Uno es agregar al convenio ya existente el desembarco de casi 4.000 agentes federales más en el primer y segundo cordón del Conurbano; es decir, que el Ministerio de Seguridad de la Nación duplicará en territorio bonaerense la cantidad de efectivos que tenía hasta julio.
Por otro lado, un convenio por 10.000 millones de pesos entre la Provincia y la Nación, para la adquisición de armamento, municiones, chalecos antibalas, cámaras de seguridad, tecnología y móviles (autos y motos), entre otros insumos. De esa partida, 2.500 millones serán utilizados por la administración central y 7.500 millones se repartirán entre los 24 municipios, cada uno de los cuales debe firmar un convenio individual con la Provincia por el monto que le corresponda, y que se distribuye de acuerdo a la población de cada distrito. Es decir, la plata sale de las arcas federales y está imputada para cada comuna, a las que llegará previo paso por la Contaduría General bonaerense. Al gobierno de Kicillof le asiste la responsabilidad de controlar que el convenio se cumpla y el dinero sea gastado en lo convenido.
En esta edición, La Tecla te muestra el monto que llegará a cada una de las 24 comunas (ver recuadro), y que incluso desconocían en detalle algunos intendentes en el momento en que el Presidente realizó el anuncio. Varios alcaldes esperan conocer el detalle del convenio individual, para ver qué inversiones harán, porque las compras a realizar con la partida específica están acotadas. Mientras todo lo que es equipamiento para los efectivos (armas, municiones y chalecos) solamente puede ser adquirido por Ejecutivo bonaerense, los distritos podrán adquirir patrulleros, cámaras de seguridad, tecnología aplicada a los centros de monitoreo, alarmas y botones antipánico, entre otras cosas.
“Este programa es fundamental para abordar en forma multidisciplinaria e integral el tema de la inseguridad, para que nuestras vecinas y vecinos puedan vivir más seguros”, dijo el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. El beneplácito, sin distinción de banderías políticas, es compartido por los 24 alcaldes a los que alcanza el programa. Sin embargo, jefes comunales del oficialismo y la oposición que quedaron afuera del proyecto esperan una rápida compensación (ver recuadro).
Distritos del tercer cordón como Escobar, Pilar, General Rodríguez o Presidente Perón, quedaron afuera, al igual que La Plata y sus vecinos Berisso y Ensenada, donde los niveles de inseguridad son altos. En el interior, también esperan refuerzos urbes como Mar del Plata y Bahía Blanca, entre otras. Alberto Fernández prometió en su discurso que el programa tendrá una ampliación, y en la Casa Rosada sostienen que se extendería a 35 o 40 municipios. El Gobernador, también ha receptado reclamos en tal sentido.
Por ahora, una torta de millones llegará a las 24 comunas más cercanas a la Capital Federal, con el compromiso de los mandamases locales de hacer muy rápido las inversiones pertinentes. Por su lado, la Provincia asegura que comprará mejores armamentos y chalecos y se comprometió a sumar 10.000 efectivos a la bonaerense de acá a un año y medio. La Nación deberá accionar rápido las partidas para que toda la rueda comience a girar. Para la política, la seguridad vuelve a ser un desafío, sobre todo cuando el delito se mueve a la velocidad de la luz frente a la burocracia estatal y la paciencia de los ciudadanos empieza a llegar a su límite de tolerancia.
Lo que llegará a cada distrito
Entre 24 intendencias del primer y segundo cordón del Conurbano se repartirán los 7.500 millones de pesos, que irán directamente a los municipios para compra de patrulleros, cámaras de seguridad y mejoramiento de los centros de monitoreo, entre otras inversiones que podrán realizar. Para hacer la división de los recursos se tomó en cuenta la población de cada distrito, con base en el censo de 2010 y con la estimación de la población actual a partir de la variación que registró ese mismo censo respecto del de 2001. En ese sentido, La Matanza tiene una proyección poblacional de más de 2,2 millones de personas, y se quedará con el 20,25% del fondo. Los montos que aparecen a continuación son los que recibirá cada uno de los 24 distritos incorporados al plan, y que fueron tomados a partir del porcentaje por el índice poblacional. Los números finales, que se terminaban de ajustar esta semana, pueden sufrir una pequeña variación producto del redondeo con el que se cerrará cada convenio.
Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown
“Vamos a seguir trabajando muy fuerte para cuidar a nuestra gente”
”Vamos a invertir en nuevos móviles policiales, a potenciar nuestra app Alerta Brown con botón de pánico, que ya utilizan 20 mil vecinos, y a seguir trabajando muy fuerte con Nación y Provincia para cuidar a nuestra gente”, se comprometió Mariano Cascallares. El jefe comunal de Almirante Brown se mostró complacido porque “el anuncio incluyó la formación de 10 mil nuevos policías; la incorporación de 2.200 móviles policiales; la instalación de refugios de colectivos seguros con cámaras, luces y botones de pánico; el desembarco de 4 mil gendarmes más y una inversión nacional total de 37.700 millones de pesos”. Además destacó que “todas estas medidas constituyen un complemento muy importante para el trabajo que realizamos para prevenir el delito en el distrito”.
Refuerzos
Más federales y 10.000 bonaerenses a las escuelas de formación
El Gobierno nacional se comprometió a enviar 3.957 efectivos de fuerzas federales a los 24 municipios que firmaron el convenio con el Estado Federal y la Provincia, lo que incrementa en ciento por ciento la presencia de Gendarmería (principalmente) y Prefectura. Algunos de esos efectivos ya vienen actuando en el Conurbano desde julio. La colaboración le demandará al Ministerio de Seguridad conducido por Sabina Frederic una inversión de 3.780 millones de pesos. Paralelamente, el gobierno de Axel Kicillof realiza una convocatoria para sumar 10.000 efectivos a la Policía Bonaerense, cuya etapa de formación comenzará antes de fin de año y demandará 18 meses. Es decir que esos agentes recién se sumarán al cuerpo activo a principios de 2022. También aquí habrá intervención municipal, ya que se formarán en academias descentralizadas en los municipios “Este año tuvimos un problema, que no se pudieron formar como corresponde los agentes de la Policía Bonaerense porque, por la pandemia, no se llevaron adelante las clases de formación. Hay que recuperar entre este final de año y el que viene todo lo que perdimos de incorporación de agentes. Estamos trabajando con el Gobierno nacional, que aporta recursos, y con los municipios, que son los que sufren el flagelo de la inseguridad”, señaló el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, en diálogo con La Tecla.
Transporte
Demanda de los alcaldes para controlar un flagelo en crecimiento
Atentos al pulso cotidiano de las calles de sus distritos, los intendentes advirtieron que uno de los delitos más comunes, y con un crecimiento exponencial a medida que se flexibilizaba el aislamiento social obligatorio, era el de los robos en las paradas de colectivos. Perpetrados generalmente por motochorros, los asaltos a las personas que esperan el transporte para dirigirse a sus trabajos se producen, en su gran mayoría, a horas tempranas de la mañana y tienen como principales víctimas a las mujeres. Para atender esta problemática, el Ministerio de Transporte de la Nación se comprometió con los jefes comunales a construir 4.000 paradas seguras. Con una inversión estimada en 3.370 millones de pesos, la cartera comandada por Mario Meoni prometió a los jefes comunales que las paradas contarán con diferentes elementos ubicados en un panel antivandálico. Los refugios tendrán pulsador antipánico de emergencias, intercomunicador conectado el centro de monitoreo de seguridad del Municipio, cámaras domo 360 con visión nocturna, reconocimiento facial y wi-fi. Los usuarios, también podrán cargar allí la tarjeta SUBE, y algunos refugios dispondrán de pantalla informativa sobre el recorrido y demora de los colectivos.
Juan Zabaleta, Hurlingham
“Con parte del dinero vamos a ampliar el centro de monitoreo”
El intendente de Hurlingham le contó a La Tecla que “con parte del dinero que nos va a llegar vamos a adquirir una vivienda al lado del centro de monitoreo, para ampliarlo, porque vamos a poner alrededor de 150 cámaras más, y vamos a instalar más alarmas. Así cubriremos más del 70 por ciento del distrito con un sistema de seguridad”. Juan Zabaleta detalló que esa ampliación del centro de monitoreo necesitará también “inversión en herramientas tecnológicas y software”. Además tiene planificada la adquisición de “unos 20 móviles nuevos para patrullaje”.
Julio Zamora, Tigre
“Necesitamos más patrulleros de Provincia, tenemos 20 para 33 cuadrículas”
“Básicamente vamos a fortalecer todo el trabajo que venimos haciendo en protección ciudadana, con la compra de móviles, botones de alerta global para vecinos, cámaras de seguridad, y la cuestión vinculada al personal, obviamente. Nosotros pagamos las horas POLAD de la policía de la Provincia”, adelantó el intendente de Tigre, Julio Zamora, sobre lo que hará con el dinero que le llegue. “Necesitamos más patrulleros de la Provincia, tenemos 20 para 33 cuadrículas, que fueron confeccionadas durante la época de Arslanián, cuando Tigre tenía menos población y sectores rurales que hoy son barrios. En cuanto a los nuestros, tenemos 45 cuadrículas que, de alguna manera, cubren la falencia que tenemos de parte de Provincia”, expresó Zamora con respecto de la falta de móviles. Agregó que “Tigre tiene 2 mil cámaras; desde 2013 las duplicamos y, junto con los botones de alerta, tuvimos un ojo más. Eso nos permitió dar respuestas rápidas. Podríamos ampliar las cámaras en algunos sectores que nos faltan, pero no mucho más”. En cuanto a la situación delictual en el distrito, el mandamás describió: “En el último tiempo, la inseguridad se vio incrementada, pero no en los términos que se da en otros municipios. En lo que va del año, no tuvimos homicidios en ocasión de robo; el mes pasado tuvimos siete robos de automotores; hay casos que van escalando vinculados a robo en casas; máquinas de cortar pasto; manotazos de carteras y salideras bancarias. No hubo asaltos muy violentos, por lo menos hasta ahora”.
Primero, el convenio rubricado
Esperan la firma final para elaborar el plan de adquisiciones
El mandamás de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (Juntos por el Cambio), dijo que espera “las definiciones del convenio, los montos, y seguramente ahí sabremos a qué le podemos dedicar esos recursos. Todavía no conocemos detalles del convenio, ahí es donde dice cuáles pueden ser los destinos de los fondos”. No es el único intendente que aguarda la firma del acuerdo entre el Municipio y el Gobernador para tener todas las precisiones, e incluso el número final que le corresponde, pese a que todos tienen una aproximación, que es la que se publica en estas páginas. En el mismo sentido que Valenzuela se expresaron ante la consulta de La Tecla los alcaldes opositores de Lanús, Néstor Grindetti, y de San Miguel, Jaime Méndez. Valenzuela, de todos modos, sostuvo que su idea es “fortalecer todo el sistema de seguridad local y prevención, la flota de móviles, la tecnología de video y la vigilancia de cámaras y el software para centro de monitoreo, agregar iluminación LED, más seguridad vial, e incrementar la atención a las víctimas. Estamos preparados para poner en marcha el plan lo antes que se pueda”.
Gustavo Posse, San Isidro
“El plan tiene que resultar efectivo, es acuciante la falta de seguridad”
“Está muy bien que el Presidente convoque sin distinción de banderías políticas, y este plan es algo que tiene que resultar efectivo, porque es acuciante el tema de la falta de seguridad en el área Metropolitana”, celebró el intendente opositor de San Isidro, Gustavo Posse. Para el alcalde, “antes que el dinero está el tema de coordinar la llegada de las fuerzas federales a los distritos, porque la materia prima es la gente de seguridad; por eso es importante el compromiso del Gobernador de sumar 10.000 agentes a la policía en las escuelas”. Destacó, además, “el sentido descentralizar el dinero a los municipios para que lo vuelquen en equipamiento y tecnología; a los que ya tenemos nos permite mejorar la posición, y a los que no tienen les permite poder llegar a lo que no tenían antes; por lo cual es una acción buena de poder equilibrar hacia arriba”. Posse se mostró muy conforme con el anuncio de las paradas seguras, porque “no es un tema menor que las y los trabajadores puedan acceder al transporte público de manera segura”. Aunque en principio, esos refugios serán construidos por el Ministerio de Transporte, el jefe comunal no descarta que también pueda aportar en ese sentido con el dinero que le llegue por el convenio, debido a que “hay 160 patrulleros, 1.600 cámaras, y poder enganchar eso con las paradas, que a nosotros inicialmente nos tocan 60, sería ideal”.
También esperan ayuda
La preocupación de los intendentes que quedaron afuera
“Estamos sorprendidos de no haber quedado dentro de este primer listado. El Gobernador, personalmente, se comprometió a que se iban a hacer más anuncios e íbamos a estar. Esperamos esos anuncios, y que sean en el mismo sentido, tanto en proporción como en representatividad”, dijo a La Tecla Ariel Sujarchuk. Es que la problemática de su distrito, Escobar, no difiere demasiado de la de sus vecinos, que sí entraron en el convenio para reforzar la seguridad. “Lo mismo me dijo el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que se comprometió directamente conmigo a que Escobar esté en las mismas condiciones”, agregó el alcalde peronista, sin ocultar su molestia por haber quedado afuera. “El anuncio me parece muy bueno, pero escaso, porque se deja a distritos afuera, como Escobar, Pilar, La Plata, Ensenada, que están erróneamente fuera de la lista. Nos faltan muchísimos patrulleros, y complementaríamos con cámaras de seguridad en lugares críticos y extensión de fibra óptica”, añadió. En el mismo sentido se expresó Mauro García, jefe comunal de General Rodríguez, quien, además, hizo un análisis sobre la nueva composición del delito, al afirmar que “la zona está complicada porque, lógicamente, se ha dado un incremento de inseguridad. Lo que vemos es que hay violencia, y eso es preocupante. Y también vemos que cuando las personas son detenidas no tienen antecedentes, porque mucha gente que tenía trabajos informales, hoy tiene problemas para subsistir”. “Tenemos una planificación muy importante dentro de lo que es seguridad en el distrito, pero nos faltan recursos, básicamente patrulleros. No se han incorporado autos en, al menos, los últimos cinco años, y lo que hay está muy destruido. Si bien vamos reparando y cargando el combustible, claramente hay que cambiarlos. Después necesitaríamos más efectivos, pero eso ya es competencia de la Provincia”, comentó el también oficialista García.
Andrés Watson, Florencio Varela
“Desde el inicio de la pandemia, los casos de inseguridad son preocupantes”
“Invertiremos en la compra de patrulleros y cámaras. Los patrulleros, siempre, son necesarios, porque están 24 x 7 trabajando y se van rompiendo. Ahora tengo cinco menos, que los mandé a reparar (el Municipio paga el combustible y los arreglos), y si tuviera cinco nuevos, los pondría directamente para patrullar y cuando vuelvan los arreglados los mando a las comisarías, porque ahí no tienen”, explicó el intendente de Florencio Varela sobre lo que hará con el dinero. Andrés Watson comentó que “es muy importante el anuncio y lo que podemos llegar a hacer. Ya hablé con el jefe de la Policía para saber qué necesitan y qué vamos a comprar. Para mí, que viví dos de los cuatro años de Vidal en absoluta soledad, es muy importante. No teníamos un Presidente que escuchara a los intendentes, y ahora, la distribución es equitativa en relación a los habitantes”. El alcalde, además, reconoció que “desde el inicio de la pandemia, los casos de inseguridad son preocupantes. Si sumás el tema de las tomas, peor todavía. Por eso hay que estar preparados para dar respuesta al vecino”.
Desde La Matanza
Fernando Espinoza: “El Presidente escuchó nuestro reclamo”
En La Matanza, el destino de los más de 1.500 millones que llegarán por el nuevo Plan de Seguridad se va a decidir tras las propuestas que realice el Consejo Municipal de Seguridad. Mientras tanto, el intendente Fernando Espinoza aseveró que “la seguridad de nuestras vecinas y vecinos es nuestra prioridad, aun en medio de otra prioridad extrema, que es la de salvar vidas por la pandemia. Este enorme plan de fortalecimiento de la seguridad para el Conurbano es un abordaje integral, que tiene en cuenta todas las necesidades. Luchar contra el delito es nuestro compromiso, y los gobiernos nacional, provincial y de los municipios damos respuestas”. “Hacía más de cuatro años que los bonaerenses estábamos esperando (un plan así), y todos sabemos los problemas de inseguridad que tenemos. Sobran las palabras y hay que generar las acciones, las respuestas efectivas para combatir la inseguridad”, agregó, sin omitir que el reclamo vino de los propios alcaldes. “El Presidente escuchó nuestro reclamo, que no es nada más que interpretar lo que los vecinos de Vicente López, de San Isidro, de Ramos Mejía, San Justo o Isidro Casanova necesitaban, y era una fuerte inversión”, aseveró.
|
