En la previa de los comicios de la UCR bonaerense, postergados ayer para el 21 de marzo, los senadores bonaerenses, Leandro Blanco, Alejandro Cellillo, Flavia Delmonte, David Hirtz, Agustín Máspoli y Emiliano Reparaz, pertenecientes al Bloque Juntos por el Cambio, presentaron en la Cámara Alta el Proyecto de Ley “Ficha Limpia”.
El mismo consiste en la modificación de la Ley Orgánica de los Partidos políticos y Agrupaciones municipales, incorporándose la prohibición, para acceder a cargos Partidarios a las personas condenadas, por delitos cometidos contra la Administración Pública, el orden Económico y Financiero y ciertos delitos contra la Vida, la Integridad Sexual, el Estado Civil y contra la Libertad, previstos en el Código Penal.
Con respecto a la presentación la iniciativa considera que “la realidad política requiere adaptaciones dinámicas frente a situaciones que la vida cívica enfrenta; desde la vuelta de la Democracia al País, la sociedad ha visto sucesivos comportamientos delictivos en la clase política que en la mayoría de los casos no han representado un impedimento para seguir accediendo a cargos electivos, sino incluso una motivación para poder respaldarse en los fueros que dichos cargos ofrecen, desnaturalizando la función tuitiva de los mismos”.
Los legisladores coincidieron que el proyecto da respuesta a los reclamos de la sociedad y siendo su deber “diseñar políticas que permitan brindarle transparencia a la selección de candidatos, institucionalizando a través de la cristalización de normas un piso mínimo de referencia sobre las personas que pueden ser elegidas y no sólo mantenernos en la denuncia de situaciones éticamente reprobables”.
El proyecto de Ley, busca que sean los partidos políticos, agrupaciones municipales, federaciones, las alianzas transitorias constituidas a los fines de participar en elecciones primarias, así como en elecciones generales, las que modifiquen sus cartas orgánicas, actas constitutivas y reglamentos para garantizar que aquellas personas que pretendan postularse a cargos públicos electivos no se encuentren alcanzadas por los supuestos establecidos por la norma.
Hablando en criollo, de esta manera se evitaría que un candidato con condena tenga la posibilidad de inscribirse, de candidatearse, y que luego sea la justicia la que determine si puede o no jugar, si puede o no asumir en caso de ser electo. Ahora, a diferencia de lo que se plantea en otros proyectos, la responsabilidad recaería sobre los mismos partidos, que serán los encargados de implementar el filtro.
También desde Juntos por el Cambio, en este caso desde el Pro, el senador Walter Lanaro es impulsor del proyecto de ley que impone como condición indispensable para ocupar un cargo público el no contar con antecedentes vinculados a delitos de corrupción.
La iniciativa del legislador del PRO detalla la prohibición a ″los cargos que se accede mediante elección, designación, nombramiento o contratación″. Y explica que ″se considerará que posee antecedentes quien haya sido condenado como autor, partícipe en cualquier grado, instigador o encubridor″.
Días atrás el diputado provincial de Evolución Radical, Fernando Pérez, presentó un proyecto de Ley para que las personas condenadas en juicio oral por delitos contra la libertad, abuso sexual y homicidios agravados por violencia de género, entre otros, no puedan ser autoridades partidarias hasta pasados los ocho años de cumplida la condena.
En tal sentido, el legislador quilmeño expilcó que “son hechos aberrantes que la política debe sancionar más allá de la condena judicial”.
FICHA LIMPIA EN LA MATANZA
Una iniciativa se presentó en el distrito más importante de la Provincia, La Matanza. El concejal Eduardo “Lalo” Creus, del monobloque Cambiemos Juntos La Matanza, presentó el proyecto “ficha limpia”, que promueve que quienes tengan una condena por delitos vinculados al perjuicio del Estado no puedan postularse a cargos electivos ni ejercer funciones públicas en el Distrito.
De acuerdo al texto del proyecto, quedarían inhabilitados a presentarse a elecciones quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción, con sentencia firme o no, en casos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros.
“Es determinante que no ocupen los cargos quienes tienen historiales de defraudación pública y de corrupción estatal porque es un gran daño que se hace a la democracia”, planteó el edil, y destacó que a partir de la inicitaiva busca “dar respuestas a los reclamos de la sociedad, que exige ética y transparencia por parte de la política”.
“Es necesario aclarar e intentar eliminar estas dudas, estableciendo como cimientos la responsabilidad, la transparencia y la ética pública”, completó Creus.
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