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Informe Especial

6 de octubre de 2020

NOTA DE TAPA

Organizaciones sociales: suman poder de los dos lados del mostrador

Nacieron con los piquetes y crecieron al son del aumento de la pobreza y, con ello, de los planes sociales que manejan. Hoy están en la mesa donde se toman decisiones ejecutivas. Presupuestos millonarios y avance político de la mano de Alberto Fernández

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La mudanza de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat al de Desarrollo Social, con un presupuesto multimillonario que directamente maneja el sector de las organizaciones sociales conducido por Juan Grabois, volvió a correr el velo a la enorme injerencia y participación de estos espacios en el Gobierno nacional. Como publicó La Tecla en su edición del 19 de noviembre de 2019, el sector piquetero iba a tener, inexorablemente, más participación en las decisiones de políticas públicas. Y eso se concretó con creces.

La cartera de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo, tiene a varios funcionarios vinculados a las organizaciones, sobre todo aquellas que confluyen en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Este sindicato se creó a fines del año pasado desde del Triunvirato San Cayetano, que juntó a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), parte de Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), entonces conformada por el Movimiento Evita, el Movimiento Teresa Rodríguez y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Traducido en nombres: Juan Carlos Alderete, Daniel Menéndez, Emilio Pérsico y Juan Grabois, entre otros.

La mayoría ocupa cargos en el Estado, y los que no, tienen una gran incidencia en las políticas sociales diseñadas por la Casa Rosada. Claro que otros sectores, más vinculados a los partidos de izquierda, están fuera de este círculo, y son los señalados de motorizar las tomas de tierras, como la ocurrida en Guernica. También existe una tensión entre las organizaciones afines al Gobierno y La Cámpora, que busca incrementar su participación barrial. Por otra parte, la relación entre los intendentes y los movimientos, históricamente es de tensión. Los jefes comunales tienen una lógica territorial y, más allá de que sean del mismo color político que Nación, la convivencia en el pago chico, no siempre es la mejor.

De todos modos, el poder de las organizaciones sociales se ha incrementado considerablemente con la llegada del Frente de Todos, y tienen la posibilidad de manejar millonarias cajas vinculadas a los planes sociales, las cooperativas de trabajo, la asistencia barrial y la urbanización de villas. Ahora, los líderes cuentan con los “fierros” no sólo para acercar las soluciones que pedían cuando estaban del otro lado del mostrador, sino para hacer política. El Movimiento Evita, de Pérsico, y el MTE, de Grabois, son los más potentados en este sentido.

Los movimientos sociales afines al peronismo crecieron durante el Gobierno de Cristina Fernández y no se retrajeron durante el de Mauricio Macri. Todo lo contrario: aumentaron exponencialmente su participación en los planes sociales, y de los 570.000 que monitorea hoy la Secretaría de la Economía Social dirigida por Pérsico, unos 350.000 fueron otorgados por Cambiemos, que así contuvo la demanda ascendente ante el fracaso económico. Ahora ya son parte del Gobierno, y hasta logran la aprobación de un cambio de ministerio por desacuerdos con la titular del área, como pasó con Fernanda Miño y la ministra de Desarrollo Territorial, María Eugenia Bielsa. Miño y Grabois ganaron esa pulseada, que, además fue bienvenida por el ministro Arroyo.

“Detrás del cambio, también hay una señal política. La CTEP presentó en su momento un plan que permite financiar la SISU con el impuesto País y crear un millón de lotes para distribución territorial. Es lo que van a intentar activar y, como lo están planteando, van a tener un rol fundamental los movimientos sociales”, comentó un exfuncionario del área de Desarrollo del Gobierno anterior, que conocía de antemano la propuesta. En rigor, la ley que crea el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) viene de la gestión macrista y pone en interacción a los intendentes con las organizaciones. Por caso, muchas de las tierras fiscales que van usar para lotear son municipales.

Al respecto, Miño dijo a La Tecla: “Vengo hablando con los intendentes desde el primer momento. Recibimos proyectos que venían de las organizaciones sociales y en cada municipio me acerqué diciendo que era un primer trabajo que íbamos a hacer con las organizaciones, pero poniéndonos a disposición para que cada municipio nos traslade por qué barrios seguir. Me he comunicado con todos, y reciben las políticas de trabajo en los barrios populares con mucha alegría, esperanza, y con la posibilidad de trabajar articuladamente con una secretaría de Estado. Me siento muy acompañada por las intendentas y los intendentes”.

La funcionaria, que viene de La Cava de San Isidro, también destacó el trabajo con los otros espacios sociales para atender las emergencias producidas por la pandemia, y adelantó que en las próximas semanas se concretará “un préstamo direccionado, que se tramita con otra secretaría del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para abordar situaciones surgidas por la emergencia sanitaria, les va a dar la posibilidad de trabajar a organizaciones con los vecinos que sufren la falta de trabajo”.

“La intermediación de las organizaciones sociales, a veces facilita el trabajo, pero también muchas veces los intendentes cuestionan qué representatividad tienen los movimientos. ¿Cuánto representa el Polo Obrero en Guernica? Por otra parte, los movimientos hoy, al ser parte del Gobierno, cuentan con recursos, con programas. Y no les queda otra que vincularse”, añadió el exfuncionario macrista acerca de la relación con los jefes comunales. Para Daniel Menéndez, líder de Somos Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración y Formación, las críticas de los alcaldes al empoderamiento de las organizaciones sociales “es un tema menor”.

“Articulando con los movimientos, los intendentes van a mejorar el impacto de las políticas sociales en sus distritos. Al menos desde nuestra óptica es el camino que hay que transitar. Hay mucha más complementariedad que contradicción en el rol que tienen las organizaciones y la tarea que deben llevar adelante los intendentes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es donde está el conglomerado más complejo en términos sociales. No hay margen para tonterías”, dijo Menéndez a este medio.

“El juego de los dirigentes es extraño, a veces. Menéndez se presenta más como dirigente social que como funcionario. El día que te sentaste atrás del escritorio, ya está, sos funcionario del cien por ciento de la población, no solamente de la organización a la que pertenecés. No está mal que tengan cargos, pero no está afinado cómo se implementa ese doble juego”, llueve como crítica desde la oposición. En Juntos por el Cambio dicen que “la gran diferencia con la administración Macri es que las organizaciones sociales, hoy son parte del Gobierno, entonces ¿cómo va a ser mala hoy la relación del Gobierno con las organizaciones, si están adentro? Tienen funcionarios, tienen legisladores”.

Sin duda, para buena parte de esos espacios piqueteros será un problema si la demanda social no es debidamente contenida. Por ahora, la convivencia se sostiene. En el contexto de la pandemia, del crecimiento de la pobreza y de la demanda de viviendas, las organizaciones sociales ya no son las que demandan, sino que tienen a cargo la responsabilidad de solucionar esos problemas a partir de su injerencia en las políticas de Estado y del manejo de una multiplicidad de cajas millonarias. ¿Podrán? Si lo logran habrán puesto en discusión también al mismísimo sistema político tal como lo conocemos hasta ahora.

Dirigentes sociales en el Ministerio de Desarrollo

Daniel Menéndez
Pertenece al movimiento Somos Barrios de Pie. Actualmente es Subsecretario de Políticas de Integración y Formación, debajo de la secretaría de Pérsico. Diseñó la iniciativa Obras para el Barrio + Trabajo para su Gente. El plan tiene tres ejes básicos: mejorar los espacios comunitarios, trabajar en la urbanización del hábitat y fortalecer la economía popular. En el marco del programa Potenciar Trabajo articulan las pequeñas obras que existen en los barrios con los titulares de derecho y con la organización de cooperativas, para masificar la posibilidad de vincular los programas de empleo con el trabajo. Refaccionarán más de 1.000 comedores comunitarios en todo el país y unos 250 de clubes de barrio. Otro de los ejes está vinculado con los espacios de la economía popular, ya sean polos productivos como también almacenes y mercados populares. Por último, el eje relacionado con el hábitat, la urbanización y la mejora de los barrios populares. Durante el primer semestre acondicionaron más de 4.000 escuelas en todo el país, con 40 mil trabajadores.

Emilio Pérsico
Es el titular del Movimiento Evita y secretario de la Economía Social de la cartera. Es uno de los funcionarios a cargo del programa Potenciar Trabajo, que apunta a la inclusión socioproductiva y al desarrollo local, y en el que se unificaron los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario. Son 570 mil los titulares de este programa, que reparte 8.500 pesos por titular, lo que lleva a un manejo mensual de 4.845.000.000 de pesos. Una parte de ese dinero lo maneja directamente Pérsico y otra la Jefatura de Gabinete del ministerio (ambas áreas, además, dan las altas), que se encarga del reparto de los planes que manejan intendentes y gobernadores. Los y las titulares del programa pueden optar por cumplir su contraprestación con su participación en proyectos socioproductivos, sociolaborales y/o sociocomunitarios, o a través de la terminalidad educativa. Bajo la órbita de Pérsico está también el programa de fábricas recuperadas, a cargo de Eduardo “Vasco” Murúa.

Rafael Klejzer
Principal referente del movimiento La Dignidad y líder de la CTEP de la Capital Federal, y es el director nacional de Políticas Integradoras, bajo la secretaría que conduce Pérsico. Desarrolla iniciativas vinculadas a mejorar las experiencias de comercialización de la economía popular, con prioridad en el fortalecimiento de la producción de alimentos. La tarea se realiza en el marco de una estrategia general, común a toda la secretaría, entendiendo este universo desde una perspectiva amplia, en la que se incluye a la agricultura familiar, los pescadores artesanales, las cooperativas y fábricas recuperadas y hombres y mujeres que generan su propio trabajo. El objetivo es reactivar y producir mejores condiciones para los cuatro millones de trabajadores y trabajadoras que conforman el universo de la economía popular. Proyectan desde dotar a las ferias de sanitarios y agua potable hasta cómo transformar esos espacios, muchas veces marginales, en un paseo atractivo para toda la familia.

Fernanda Miño
Pertenece al movimiento Patria Grande, de Grabois. La Secretaría de Integración Socio Urbana que conduce acaba de ser mudada a la cartera de Desarrollo Social con toda su estructura. Su trabajo es de articulación con los intendentes, entendiendo que cada uno tiene su armado territorial. Considera que los territorios están siendo muy vapuleados no sólo por la pandemia sino también por la falta de planificación en materia de vivienda. Su desembarco en Desarrollo Social viene acompañado de un presupuesto de 8.800 millones de pesos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). El objetivo del área es urbanizar 4.400 barrios. Su salida del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que conduce María Eugenia Bielsa, se debió a disidencias con la ministra por las demoras que sufrían las propuestas de Miño para ser ejecutadas. Con su pase, ahora la cartera de Desarrollo Social es la tercera en presupuesto del Gobierno nacional.

Fernanda Miño

Dirigentes sociales en otras áreas del Gobierno

Fernando Navarro
El Chino lidera, junto a Emilio Pérsico, el Movimiento Evita. Cercano al presidente Alberto Fernández, es secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. La relación de Navarro con el sector del kirchnerismo duro, no es la mejor.

Miguel Gómez
Pertenece al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y juega en línea con el Evita. Actualmente es secretario de la Agricultura Familiar en el del Ministerio de Agricultura, cargo que supo ocupar Emilio Pérsico durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Afuera, pero en sintonía fina

Juan Grabois
Lidera el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y es uno de los referentes de la CTEP. No tiene cargo, pero sí hay gente de su organización en el Gobierno, además de ser uno de los hombres que dialogan seguido con el presidente Fernández. Su relación directa con el Papa Francisco es otro de los hándicaps con los que juega Grabois.

Esteban Castro
El Gringo es otro de los hombres fuertes del Evita, y Secretario General del sindicato Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde confluyó el Triunvirato San Cayetano y que se constituyó en diciembre del año pasado. Castro es autor del proyecto para que las tierras fiscales pasen a manos de pequeños productores.

Juan Carlos Alderete
Líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y diputado nacional. La CCC participa de la CTEP y juega en sintonía con el Movimiento Evita. Es una organización con presencia activa en el reparto de planes sociales y tiene un alineamiento pleno con el presidente Alberto Fernández, luego de haber apoyado primero la candidatura de Felipe Solá.

Juan Grabois

Fernanda Miño, Secretaria de Integración Socio Urbana
“Queríamos ponerle a la secretaría la impronta de Desarrollo Social

-¿En qué beneficia a la secretaría pasar del Ministerio de Desarrollo Territorial al de Desarrollo Social?
-Este cambio se viene hablando desde hace unos meses. La realidad es que queremos abordar la problemá- tica de la infraestructura de los barrios populares con la urgencia que lo merece, y en Desarrollo Social se ha mantenido una rapidez bastante fuerte. Queríamos ponerle esa impronta a la secretaría. Desarrollo Territorial y Hábitat es un ministerio nuevo, y la pandemia, también, ralentizó algunas cuestiones; entonces, desde Jefatura de Gabinete y el propio presidente Alberto Fernández lo plantearon de esta manera, y somos obedientes.
-¿Qué proyectos tienen?
-Nosotros sostenemos trabajo en más de 25 barrios en obras de infraestructura que tienen que ver con el agua potable, cloacas, conexiones eléctricas intradomiciliarias, mejoramiento de espacios comunitarios, equipamiento, luminarias. Trabajamos en más de cien municipios en toda la Argentina. En principio, con las urgencias, para que eso sea parte después del proyecto más grande, de integración total del barrio.
-¿Van a contar con 8.800 millones para urbanizar 4.400 barrios?
-Tenemos distintas líneas de financiamiento dentro de la secretaría, incluso de distintos organismos internaciones. Los 8.800 millones son de un fideicomiso que ya está para salir, y que tiene un porcentaje del impuesto País y del aporte de las grandes riquezas, que, también, va a ir para la integración urbana de los barrios.
-¿Que las organizaciones sociales participen del Gobierno no es estar de los dos lados del mostrador?
-Desde la campaña, Alberto Fernández planteó que íbamos a ser parte del Gobierno, y así lo manifestó con estos espacios sensibles para nuestros territorios; por ejemplo, que encabece una persona como yo, que vengo de un barrio y de una organización social. Asumimos esa responsabilidad con el convencimiento de hacer un trabajo que acerque las políticas de Estado a los sectores populares. Si las cosas no van por el carril que corresponde, las organizaciones tienen su independencia y sabrán en qué fortalecer la lucha territorial.
-¿En qué ayuda que las organizaciones sociales sean parte del Gobierno?
-Cuando se habla de organizaciones me suena a que se piensa en una porción rara de la población, pero somos parte de la misma patria. Que estemos en un lugar donde podamos tomar decisiones tiene que ver con un compromiso de nuestro Presidente, primero, y después de muchos diputados que van fortaleciendo esta posibilidad, que no es más que la de ejecutar esas políticas que han sido esquivas para los sectores que la están pasando mal desde hace mucho tiempo.

LAS TOMAS, EL TEMOR DE LOS INTENDENTES

Blanca Cantero, Presidente Perón
La intendenta de Presidente Perón (FdT), donde se desarrolla el conflicto más mediático de estos días en torno a una toma de tierras, consideró que “gran parte de la gente que está ahí (en el predio de Guernica usurpado), a veces está hasta cautiva de los movimientos sociales”. Lo dijo después de que fueran agredidos trabajadores del Estado bonaerense. “Hay organizaciones sociales, y entiendo que la mayoría son de izquierda”, subrayó la jefa comunal, para también remarcar las diferencias políticas que existen entre los sectores piqueteros y su sintonía o no con el gobierno. “Por ahí, la gente tiene un problema social y va a la toma por una necesidad, pero si le ofrecés otra cosa vienen a hablar fuera de ese ámbito, porque a quienes organizan esto no les conviene que la gente pueda plantear mano a mano con cada municipios cuál es su problema”, completó Cantero.

Gustavo Posse, San Isidro
El intendente de San Isidro (JxC) criticó que la toma de tierras en Guernica no haya sido desalojada inmediatamente porque “poner en riesgo el derecho a la propiedad pone en riesgo la inversión en el país, y sostuvo que “sin organizaciones sociales atrás es imposible” realizar este tipo de intrusiones. Aunque aclaró que “a veces son marginales de la política, no necesariamente gente de las organizaciones sociales”. El jefe comunal reconoció que “todo el arco político tiene una tremenda preocupación por esto, y creo que más preocupación tienen que tener quienes ejercen el gobierno en las jurisdicciones superiores, porque ellos tienen las herramientas”. Posse sostuvo que en su comuna, la patrulla municipal está muy atenta a que no ocurran estas cosas, e insistió en que si la policía actuara en el momento “está protegida la propiedad”.

Gustavo Posse

Luis D’Elía, Federación de Tierra y Vivienda
“Bielsa, lo único que hizo fue ponerles trabas a las organizaciones sociales”

-¿Qué opina del traspaso de la SISU, a cargo de Fernanda Miño, del Ministerio de Hábitat a Desarrollo Social?
-Me parece una medida inteligente, que debe ser aprovechada de manera democrática por todas las organizaciones. En Desarrollo Social hay gente que tiene compromiso y mucha acción e inserción en los barrios. Hay que regularizar 4.600 villas y asentamientos de todo el país, donde viven casi 5 millones de argentinos. Por eso es clave el manejo de las organizaciones. Es un gran acierto del Presidente.
-¿No puede generar tensión entre las mismas organizaciones este tipo de medidas, que se les dé tanto poder?
-Hoy hay una muy buena relación de todas las organizaciones, estamos construyendo un fuerte espacio de unidad política y unidad en la acción. La movida es positiva, correcta.
-Más allá del traspaso de la SISU, ¿tendría que haber más cambios en las cuestiones vinculadas a vivienda?
-Sí, claro. Hay compañeros muy capacitados en las organizaciones, como es Edgardo Depetri, quien podría cumplir un rol importante en el área de vivienda. Me parece que la suerte de María Eugenia Bielsa está echada en el gabinete. Es una persona que no ha hecho nada en todo este tiempo; lo único que hizo fue ponerles trabas a las organizaciones. Pero, por supuesto, son cosas que tiene que decidir el presidente Alberto Fernández; yo, solo reflexiono en voz alta.
-¿A los intendentes y a los gobernadores no les cae demasiado simpático que se les dé tanto poder a las organizaciones?
-Yo no escuché quejarse a ningún gobernador o intendente; al contrario, los veo trabajando muy bien con las organizaciones sociales prácticamente en todo el país. No veo enfrentamientos ahí. Me parece que es más un deseo de algún sector de la prensa que una realidad explícita.
-¿La Federación de Tierra y Vivienda tiene el lugar que le corresponde?
-El lugar que nos corresponde a nosotros es el territorio, es la trinchera en cada villa y asentamiento. Yo hace 37 años que vivo en un asentamiento: Asentamiento El Tambo, manzana 1, lote 3. Este es mi lugar en el mundo, estoy donde me corresponde estar; por ahora, detenido injustamente, pero donde hay que estar.

María Eugenia Bielsa

Daniel Menéndez, Subsecretario de Políticas de Integración y Formación
“Pasamos de impugnar las políticas del Gobierno a ser protagonistas de la ejecución de esas políticas”

-Como dirigente social y funcionario, ¿cómo ve el traspaso de la SISU de Vivienda a Desarrollo?
-Tiene que ver con darle impulso a una política vinculada a la crisis habitacional que existe en el país y a una deuda impostergable que dejó en evidencia la pandemia, producto de la situación de miles de familias que no podían cuidarse del coronavirus, ya sea por el hacinamiento o, directamente, la falta de un techo. Todo eso marca una agenda, que desde la conducción de Daniel Arroyo y el rol de los movimientos populares va a tener una impronta importante a la hora de impulsar el desafío de urbanizar y mejorar la situación de miles de barrios.
-¿Está bien que haya salido de Vivienda la Secretaría?
-Lo que está bien es que haya una política, un impulso, una agenda. La cuestión ministerial, no creo que sea lo más importante. El rol de las organizaciones populares es clave. La Secretaría de Integración Socio Urbana se nutre del Registro de Barrios Populares y del Plan Maestro que se creó con la participación activa de los movimientos. Se trata de una de las principales deudas sociales, con la multidimensión que implica la pobreza, que no solo tiene que ver con el ingreso sino también con las condiciones de habitabilidad y del desarrollo comunitario. Me parece que parte del combate contra la pobreza está relacionada con intentar mejorar las condiciones donde viven y se desarrollan millones de trabajadores humildes.
-¿Cuánto ha cambiado el rol de las organizaciones sociales desde diciembre a esta parte?
-Es sustancial el cambio. Venimos de una etapa de resistencia a las políticas neoliberales que han generado un enorme daño. Fuimos el principal sector que impugnó las políticas del macrismo, y hoy somos uno de los puntales del acompañamiento al Gobierno de Alberto Fernández. El mismo dijo que los movimientos populares son parte de la solución y no del problema. Y eso se expresa en Fernanda Miño al frente de la urbanización de los barrios, y Emilio Pérsico y otros compañeros en funciones muy importantes. Pasamos de impugnar las políticas del Gobierno a ser protagonistas de la ejecución de las políticas.

Eduardo Belliboni, Polo Obrero
“Los planes sociales son una calesita improductiva que no sirve para nada”

-¿Qué opinión tienen ustedes del cambio de ministerio de la SISU?
-No sé cuál es ahí la interna y el problema. Lo que llama la atención es que lo único que se esté discutiendo, en un país con tantos desocupados, sean los planes sociales. Los planes no resuelven nada, son un invento de los gobiernos que no se terminan nunca más. Hay que encontrar una salida de trabajo. Los planes son un instrumento de manipulación. A veces, la gente no tiene más remedio que pedirlos porque no tiene nada, pero de ninguna manera pueden ser una salida ni pueden ser eternos. Eso está poniendo la incapacidad de muchos gobiernos que los tienen como sistemática respuesta y nunca se convierten en trabajo. Y son un enorme gasto improductivo. Los planes sociales han venido a reemplazar al trabajo y a crear una maldición para mucha gente, que no tiene más remedio que pedirlos y después reclamar el aumento de esos planes porque quedaron congelados. Es una calesita improductiva que no sirve para nada. Lo que es necesario discutir es el trabajo genuino.
-¿Por qué ustedes no participan en estamentos del Estado?
-Nosotros no compartimos ninguna de las políticas sociales ni económicas del Gobierno, porque en Argentina, la política social viene a reemplazar a la política económica. Y en vez de resolver los problemas emparcha los problemas, dándole una asistencia muy elemental a la gente. Los ministerios están hoy muy copados por algunas organizaciones sociales que en su momento estuvieron en el Triunvirato San Cayetano, con un concepto asistencialista. Esas organizaciones tienen un concepto asistencial y de precarización laboral a través de las cooperativas. Nosotros no coincidimos, porque el trabajo tiene que ser bajo convenio con los beneficios y obligaciones laborales de la historia del movimiento obrero argentino. La tercerización laboral es un retroceso, porque las cooperativas realizan la misma tarea por debajo del convenio y del salario.
-¿Por qué se muestran tan lejos del Gobierno?
-Porque ha definido una orientación de ajuste, como el presupuesto, que está sometido al pago de la deuda y, por lo tanto, los recursos que quedan son cada vez menos. Todo está sometido a los compromisos con el pago de la deuda. Cuando firmaron el convenio con el FMI quedó claro que el artículo cuarto le permitía al Fondo la injerencia en las cuentas fiscales de Argentina, por lo tanto va a haber ajuste fiscal.

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