La Cámara de concesionarios de automotores aparece en el medio de convenios firmados entre el ministerio de Justicia de la Nación y municipios de la provincia de Buenos Aires, a través de los cuales maneja fondos obtenidos de los registros de la propiedad automotor. En el medio, aparecen los fuertes vínculos de la entidad con la cartera judicial.

Pagos de multas y radicación de vehículos en municipios: la caja oscura de ACARA

En su calidad de “ente colaborador”, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República (ACARA), tiene a su cargo el manejo de una caja compuesta por el pago de infracciones de tránsito y trámites de radicación de vehículos en los municipios de la provincia de Buenos Aires y el país.

ACARA se define en su página web como “la Institución que representa a todos los Concesionarios Oficiales de Automotores en la República Argentina, teniendo por objeto la más amplia vinculación de los asociados para difundir la función del concesionario en la comercialización del automotor y fomentar su desarrollo en el país como factor del progreso económico y social”.

Sin embargo, la intervención de ACARA en acuerdos de entes estatales se da con una serie de “convenios de complementación de servicios” firmados entre municipios y la Dirección Nacional de los Registros Oficiales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación.

Según la información que pudo recabar La Tecla de los municipios y Concejos Deliberante, en la provincia de Buenos Aires, acuerdos similares fueron firmados por los municipios de Marcos Paz, San Nicolás, Bolívar, Hipólito Yrigoyen, Arrecifes y Berazategui en 2018; General Pueyrredón en 2014 y Tigre en 2005.

Los convenios establecen que la entidad nacional designa a los Registros de la Propiedad Automotor de los distritos como “agentes de percepción”, autorizados “a percibir las multas por infracciones de tránsito cometidas” y del “Impuesto y/o Tasa de Radicación de los Automotores (patentes) y de motovehículos” en su respectiva jurisdicción.

Las municipalidades ponen recursos humanos y una “base de datos de multas por infracciones” de tránsito que registre, que podrá ser consultada on line por los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor.

La Cámara de concesionarios tiene a su cargo la administración de la base de datos de las multas municipales y la conexión on line de los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor.

En su carácter de “ente colaborador”, ACARA tiene a su cargo la confección de una “Solicitud Tipo” y de un “formulario” con los que los usuarios deberán cancelar, con la primera, “la deuda por multas derivadas de infracciones de tránsito” y con el segundos, “peticionar y cancelar la liquidación” por la tasa de radicación de vehículos.

Según se puntualiza, las deudas de infracciones de tránsito deben estar canceladas antes de la realización de trámites como inscripción o transferencia del vehículo; cambio de radicación; baja del automotor; denuncia de robo o hurto, venta posesión o tenencia; cambio de denominación social, tipo o uso y alta por recupero.

Los fondos

Los convenios firmados establecen en primer término la conformación de un “Fondo de Cooperación Técnica y Financiera”, amparándose en las leyes nacionales 23.283 y 23.412, y es administrado por ACARA, en base al convenio marco Nº 1797/12 firmado entre el Ministerio y el Ente Cooperador.

De la venta de las “solicitudes tipo” para la cancelación de infracciones de tránsito, el setenta por ciento restante va a la DNRPA, de los cuales un cuarenta está destinado al “cumplimiento y operatividad” del convenio, previo acuerdo con la Municipalidad.

Por otra parte, surge un Fondo Especial Integrado administrado también por la entidad de las concesionarias y que está integrado por un aporte de la Municipalidad por el “15 por ciento” de las “multas por infracciones de tránsito perciban los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor”. ACARA está autorizada a “retener” esta suma.

A la entidad se le retribuye “con una suma equivalente al treinta por ciento de los ingresos del Fondo Especial Complementario”, mientras que el 70 restante va para la Dirección, de los cuales también destina un cuarenta a la marcha del convenio.

En el caso de las tasas de radicación, las sumas del Fondo de Cooperación Técnica “serán depositadas en una cuenta especial”. Una vez deducidos los” costos de suministro y honorarios” por la administración realizada de este dinero por parte de ACARA, el resto vaa a la DNRPA, que debe destinar un cincuenta por ciento a la “operatividad” del convenio.

Finalmente, ACARA administrará un “Fondo especial” destinado a la DNRPA, integrado por un “aporte que la Municipalidad realizará mensualmente” de un “uno por ciento de la “recaudación bruta -monto de los impuestos efectivamente cobrados- que se perciba a través de los Encargados de los Registros Seccionales”.

Según pudo rastrear este medio, convenios similares se firmaron con comunas de otras provincias de la Argentina como Santa Rosa, Rosario, Unquillo, San Francisco, Tanti, Paraná y Bariloche, entre otras.

En el caso del municipio de General Pueyrredón, la gestión local pudo hacer usufructo del Fondo para la compra de luces LED. En la comuna cuya localidad cabecera es Mar del Plata, el primer acuerdo se firmó en 2014, cuando Julio Alak era titular ministerio de Justicia, y luego refrendado por su sucesor, Germán Garavano, en 2017. Se supone que la actual ministra Marcela Losardo debería haberlo ratificado.

La poca información estatal sobre un convenio que abarca a muchos municipios y se extendió durante muchas administraciones. Sobre todo esto, sobrevuela una pregunta ¿Por qué fondos obtenidos por los estados municipales son manejados por una entidad privada?

Ente colaborador

Protestas frente al ministerio en 2018 ante la posibilidad de despido de trabajadores.

La condición de “ente colaborador” de ACARA está sustentado en las leyes nacionales 23.283 y 23.412 de 1985 y 1986, respectivamente. La primera establece que el ministerio de Justicia “podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas que tengan por objeto la cooperación técnica y financiera de éstas con la DNRPA, previa autorización del Poder Ejecutivo”.

Es así que ACARA financia una cantidad de contratos de trabajadores de la planta de los ministerios nacionales de Justicia y Derechos Humanos y también en el de Seguridad.

La situación laboral de los trabajadores amparados por estos convenios tambaleó con la llegada de Cambiemos al gobierno nacional. En 2018, los gremios estatales alertaron sobre el impacto de las reducciones de ministerios del ex presidente Mauricio Macri en los contratos en Justicia que estaban bajo el paraguas de la Asociación.

Según estimaban desde los sindicatos, el ente ligado a los concesionarios de automotores financiaba los sueldos de casi un 70 por ciento de la planta ministerial.

En los años del macrismo, el entonces ministro de Hacienda encabezó una fuerte ofensiva contra los contratos externos en los ministerios de Justicia y Seguridad.

“Hubo un intento de supresión de los entes colaboradores”, recordó una fuente de ATE consultada por este medio. Finalmente, por la presión sindical y de los entonces titulares de los ministerios, Dujovne dio marcha atrás.

Quién es quién en ACARA

La comisión directiva de ACARA tiene como presidente a Ricardo Salomé, a Rubén Beato como Secretario General y Daniel Forciniti como tesorero Las vicepresidencias, de la primera a la cuarta, están ocupadas por Luís Gallego, Hilario Quijada, Alejandro Nadur y Hugo Belcastro, respectivamente.

Oriundo de La Plata, Salomé regentea el Grupo Galia, conglomerado de concesionarias de automotores de diferentes marcas: Galia (Peugeot), Galia Autohaus (Volkswagen), Motorplat (Renault), Globalcar (Chery) e Italcar.

Las presidencias de ACARA suelen quedar en las manos de los mismos integrantes. Salomé reemplazó a Dante Álvarez (Siro Automotores S.A), que fue vicepresidente de Abel Bomrad, quien también ocupó la titularidad de la entidad.

El nombre más reconocido de la cúpula de ACARA quizás sea el de Nadur, que es presidente del Club Atlético Huracán y Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino desde 2017, cuando asumió la presidencia de esta entidad Claudio “Chiqui” Tapia.

Silencio de radio

La Tecla quiso tener respuestas por parte de ACARA sobre los convenios que firma con los municipios, su condición de ente colaborador y la existencia o no de un trabajo con la Provincia, pero señalaron que estas cuestiones las debe responder el Ministerio de Justicia de la Nación.

En el caso del Ministerio de Justicia de la Nación, este medio solicitó durante dos semanas la información sobre los convenios con los municipios y, a pesar de que sostuvieron que iban a brindar los detalles, los mismos nunca fueron entregados.

Entre la información (pública) que requirió este medio, está la ratificación de si Losardo renovó los acuerdos entre Justicia y ACARA que firmaron sus antecesores, Julio Alak y Germán Garavano.

La clave para saber cuánto es la cifra de los valores de las “solicitudes tipo” y de “formularios” es el convenio marco Nº 1797/12 firmado entre el Ministerio y el Ente Cooperador. Sin embargo, no está publicado ni siquiera para ver por internet.

Por último, La Tecla también tramitó una entrevista con Ministra de Justicia, aunque en este caso señalaron desde su área de prensa que había varios pedidos en agenda.

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