Deuda millonaria y un proyecto que anticipa otra batalla entre oficialismo y oposición
Por la denominada Tasa de Capitalidad, la Provincia le debe a La Plata 1.250 millones de pesos y, ante los incumplimientos, desde Juntos por el Cambio avanzan en una iniciativa de ley que comprometería más el pago. En el Gobierno no están de acuerdo y hasta cuestionan la compensación.
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Juntos por el Cambio busca hacer valer su mayoría en el Senado bonaerense y quiere avanzar en la próxima sesión con un proyecto de Ley presentado la semana pasada, y que establece un compromiso permanente para la que Provincia destine un porcentaje de su Presupuesto a la denominada Tasa de Capitalidad. Se trata de una partida especial de dinero para la capital de la Provincia en compensación por los servicios que debe prestar alrededor de edificios públicos y por el espacio que esos edificios ocupan y le restan margen de recaudación, entre otros argumentos.
La propuesta aparece en medio de los reclamos que hace el intendente Julio Garro por la millonaria deuda que el Ejecutivo provincial mantiene con la ciudad por acuerdos anteriores. El último fue en 2017, paro aun así, la deuda que el gobierno bonaerense acumula con la capital provincial desde 2015 al presente alcanza los 1.250 millones de pesos, lo que equivale al 9,3 por ciento del presupuesto municipal actual y al 16,8 por ciento de la recaudación propia. Hasta diciembre de 2019 la deuda era de 922 millones de pesos.
Es decir que es un monto de dinero muy importante para el erario comunal que Garro quiere recuperar, y que reclamará en una próxima reunión con el ministro de Hacienda y Finanzas Pablo López. Desde la Provincia, en tanto, advierten que el grueso de esa deuda lo dejó María Eugenia Vidal y que por ahora es difícil cumplimentar el pago.
La iniciativa legislativa, que lleva la firma del senador platense Juan Pablo Allan y es acompañada por todo el bloque opositor, tiene un antecedente en la Cámara de Diputados del año pasado, y el nuevo texto incluso incorpora algunos aspectos de ese primer proyecto. En efecto, el diputado Guillermo Bardón (por entonces en JxC y ahora en el bloque Cambio Federal) presentó en 2019 una ley que estableciera los montos de esa tasa, con una progresividad en los primeros años hasta llegar al 0,35 por mil en 2024.
Ese proyecto imponía el 0,1 por mil este año; 0,2 en 2021; 0,275 en 2022; 0,3 en 2023; y 0,35 de 2024 en adelante. La propuesta que se analiza en el Senado no estipula un monto fijo aún, y establece que la contribución especial “deberá fijarse en una base entre el 0,22 por mil y el 0,45 por mil del presupuesto provincial”.
La normativa que se busca aprobar también establece que se cree un Comité Ejecutivo de Capitalidad, integrado por un representante de la comuna, uno del gobierno provincial, uno por la Suprema Corte, uno por el Senado y otro Diputados.
La idea en el bloque opositor es tratar el proyecto en la reunión de la Comisión de Reforma Política y Asuntos Municipales del próximo miércoles, y tenerla aprobada para la próxima sesión. Claro que desde el ejecutivo bajarán la orden a los legisladores del oficialismo de que impidan este avance. En el Gobierno son reacios a que salgan de la Legislaturas gastos que afecten el presupuesto. Por caso, está trabada en Diputados una ley del propio bloque del Frente de Todos para brindar IOMA a los menores en situación de vulnerabilidad que dependen de entes provinciales.
Como para tensar más la cuerda en torno a este tema, ante las faltas de respuestas del Ejecutivo sobre la deuda, en la municipalidad analizan las posibilidad de llevar a la justicia el reclamo por los años atrasados.
ANTECEDENTES Y EJEMPLOS EN EL MUNDO
Los antecedentes marcan que la Tasa de Capitalidad existe hace más de 30 años, y los distintos gobiernos provinciales han reconocido hasta ahora su legitimidad, pero ninguno cumplió religiosamente con los pagos, y son más los incumplimientos que los desembolsos. Ese reconocimiento realizado por las administraciones anteriores ahora también parece estar en discusión.
De hecho, un funcionario de alto rango de la actual administración bonaerense le dijo a La Tecla que es un tema que debería discutirse, partiendo de la base de “por qué una ciudad de la Provincia va a tener privilegios por encima de otras por el sólo hecho de ser la capital, cuando eso además ya consiste en un beneficio”. Lo dicho, la polémica está abierta.
Hubo en los últimos años diferentes convenios y compromisos asumidos por la Provincia que establecieron la Tasa. En 1991 se firmó un convenio refrendado por la Decreto 4.213/91 y la Ordenanza 7.825. Varios años después, en 2009 se confirmó en la Ordenanza 10.649 un acta acuerdo entre el gobierno provincial y el municipio.
Un año más tarde se firmó otro convenio, ratificado por el Decreto 334/11 y la Ordenanza 10.746. El último acuerdo fue en 2017, refrendado por la Ordenanza 11.474. En todos los casos estuvo la intención, pero los pagos no se cumplieron con la regularidad establecida después y los montos que llegaron a las arcas de La Plata fueron casi siempre menores a lo estipulado.
En el Ejecutivo bonaerense también se mostraron en favor de revisar las ciudades del mundo donde las capitales reciben partidas presupuestarias extra por esa condición, y cómo son esos convenios.
Por ejemplo, en España son varias las ciudades que reciben compensaciones por albergar la representación política de un territorio. Con distintos regímenes de subsidios, los beneficios los tienen Pamplona (capital de la provincia de Navarra), Santiago de Compostela (Galicia), Logroño (La Rioja), Palma de Mallorca (Islas Baleares) y Zaragoza (Aragón).
En otros casos, se contemplan partidas especiales para las capitales del país, como sucede en Whashington (Estados Unidos), Berlín (Alemania), Bogotá (Colombia), Asunción (Paraguay) y Ciudad de México.