Pese a que no funciona la comisión que debe autorizar las infracciones, las mismas siguen llegando a los vecinos. Se dilata la definición sobre un proyecto del propio oficialismo que pide explicaciones a la Secretaría de Gobierno. La UTN, con los días contados.

Fotomultas: con la UTN cuestionada, se esperan respuestas sobre la vigencia del convenio

Vía La Tecla Mar del Plata

La incertidumbre sobre el estado de situación del convenio con la Universidad Tecnológica Nacional – Regional La Plata para la realización de fotomultas sigue vigentes mientras se dilata la toma de definiciones, en un marco donde el sistema sigue operando irregularmente. En ese marco, también se aguarda una respuesta del Ejecutivo a un pedido de informes del radicalismo sobre la situación.

El origen del conflicto se remonta a fines de 2017, cuando tras meses de debate el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 23.484 donde el Ejecutivo suscribió un convenio con la UTN para la implementación del sistema de fotomultas. Para su aprobación, el propio HCD impuso una condición: la conformación de la Comisión de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Ejecución de Convenio de Fotomultas, un espacio integrado por tres concejales y dos funcionarios del Ejecutivo.

Su rol sería el de evaluar la correspondencia de las multas, pero tenía un trasfondo aún mayor: la UTN no presentaba buenos antecedentes en convenios similares con otros municipios, por lo que se quería seguir de cerca el proceso donde los dividendos serían repartidos en un 50% para General Pueyrredón y el otro 50% para la universidad pública.

Durante el funcionamiento de la comisión, los rechazos por irregularidades fueron moneda corriente, donde se observaban tanto multas donde no se podía corroborar la patente de los vehículos, como excesos de velocidad dentro del rango de tolerancia del 10%.

Ya a mediados de 2019 la comisión puso en suspenso el convenio por la reiteración de irregularidad de parte de la UTN, por ejemplo en el armado de la campaña de difusión para la concientización vial de los ciudadanos. La entidad solamente realizaba encuestas en algunos medios, pero no se han expandido a otras áreas e instituciones sociales, como los colegios, afirmaban desde la Comisión de Seguimiento.

En tanto, los juzgados de faltas estuvieron un tiempo sin el equipamiento necesario para proseguir con el trámite de la multa. En verdad, debían recibir computadoras y escaners específicos, algo que llegó con demora y generó retrasos en el cobro de las multas.

Se aguardan respuestas del secretario Bonifatti

Pedido de informe del oficialismo

En este marco, a fines de agosto el radicalismo presentó un pedido de informes que pone la mira en el accionar de la cartera dependiente de Santiago Bonifatti, donde la polémica hace foco en que pese a que la comisión dejó de funcionar en noviembre del año pasado, la Municipalidad de General Pueyrredon sigue notificando multas de tránsito.

La irregularidad surge del hecho que esa comisión debe aprobar las multas generadas en el marco del convenio que une a la Municipalidad con la UTN- Regional La Plata, quien a su vez tercerizó el sistema en la empresa Cecaitra. Dos de los representantes del Legislativo (Marcelo Carrara y el propio Bonifatti) vieron caducar su mandato en diciembre, mientras que la última, Cristina Coria, renunció. Los referentes del Ejecutivo, en tanto, recién fueron designados por el actual gobierno en junio.

A través del decreto Nº 748, Montenegro nombró en junio a Ignacio Cicchelo, Director General de Análisis Estratégico del Delito en representación de la Secretaría de Seguridad, y Guillermo Iglesias, Director General de Transporte, lo que podría interpretarse como un guiño a la continuidad de la ordenanza.

En los considerandos del proyecto del radicalismo, su autora Vilma Baragiola, expresó su preocupación ante “la falta de información sobre la situación en que se encuentra el acuerdo firmado con la UTN”. Además, explicó: “Durante el transcurso del año 2019, presuntamente, la UTN planteaba suspender el convenio que tenía firmado con el Municipio. Por lo tanto, en caso de hacerse efectivo el retiro de una de las partes, creemos que se debe dar por caído el convenio y el Departamento Ejecutivo deberá decidir cómo se continúa”.

Por lo pronto, según pudo averiguar este medio, fuentes del gobierno esgrimieron que la continuidad del convenio con la UTN se está “evaluando” y que habrá que determinar “cómo se sigue”.

El debate del proyecto en comisión de Transporte se dio el 9 de septiembre, donde Baragiola planteó “que hagan algo, porque hay una cantidad de fotomultas realizadas que a la fecha no tenemos constancia si se han cobrado o no, y si se han cobrado es la comisión la que debe controlar esto semana a semana. Pido la información necesaria para saber qué hacemos”. No se trata del primer intento de obtener respuestas, sino que por canales formales e informales los mismos se sucedieron a lo largo de todo el calendario. Hubo acuerdo con el resto de los ediles de elevar una comunicación a Gobierno antes de la aprobación del proyecto, para estar al tanto de la situación. Sin embargo, a la fecha aún no hubo respuesta formal.

El líder de Sumar es el principal apuntado, no solo porque de su área depende el sistema sino porque él mismo fue uno de los representantes del Legislativo hasta noviembre del año pasado en la comisión clave. Cristina Coria hizo que ese detalle no pasará desapercibido: “yo integré la comisión con el entonces concejal Bonifatti, fuimos muy críticos de cómo había sido el desarrollo. Los pocos avances con el cumplimiento del convenio se hicieron a fuerza de pedido, de no aprobar las actas, todo fue así, la señalización, los acuerdos sobre los lugares donde debían ir. Es un convenio que tardó mucho en ser aprobado durante la gestión anterior”, rememoró.

También recordó cómo en el marco del debate por el Presupuesto 2020, el “Petiso” fue consultado al respecto. “Hay un hecho que está fuera de cualquier discusión, la realidad es que la comisión no fue conformada y debe tener una intervención previa a la notificación, no hay forma de salvarlo. Se reunió la comisión, no, se conformó, no, entonces no hubo intervención previo a las notificaciones”, sostuvo.

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