El bloque de diputados del PRO propuso, mediante un proyecto de ley, que se otorgue una reparación económica extraordinaria a los familiares de los fallecidos y a los sobrevivientes de la tragedia de Once, en la que murieron 52 personas y otras 789 resultaron heridas. Entre los fallecidos se encuentra Lucas Menghini Rey, hijo de la diputada amarilla María Luján Rey.
El beneficio, que podrá percibirse independientemente de que las víctimas o sus familiares hayan iniciado demandas por daños y perjuicios contra el estado, equivale en el caso de los fallecidos a 200 remuneraciones de un agente nivel A, grado 0 del convenio del Sistema Nacional de Empleo público. Hoy esa indemnización es de $13.386.480.
Y en el caso de aquellas víctimas que sufrieron lesiones gravísimas, el beneficio será un 30 por ciento menor. Y para los que sufrieron lesiones graves, un 50 por ciento menos.
Además se establece que todos aquellos que pidan acogerse a los beneficios de la ley deberán desistir de toda acción y derecho que los asiste en los respectivos procesos judiciales y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por daños y perjuicios contra el Estado Nacional por el mismo hecho.
Por otra parte quienes ya hubieran recibido una sentencia de indemnización por daños y perjuicios solo podrían percibir la diferencia entre lo establecido en el proyecto y los importes efectivamente cobrados.
En cambio quedan excluidos de la ley aquellos familiares de víctimas fallecidas o víctimas sobrevivientes que hayan firmado un acuerdo en forma extrajudicial con las firmas TBA S.A., FAVICOR S.A. y/o COMETRANS S.A y/o con empresas vinculadas a éstas y/o con empresas vinculadas a los particulares responsables del siniestro.
Sin embargo, la ley no impide que quien lo desee reclame una indemnización por daños y perjuicios ante los Tribunales Ordinarios pero sí establece que no podrán cobrar este resarcimiento, siempre y cuando la ley se apruebe.
Entre los fundamentos se destaca que “la Tragedia de Once fue una tragedia anunciada y evitable. El deplorable estado del servicio de pasajeros de trenes urbanos era conocido por todos y denunciado por sus trabajadores, por los usuarios y por la propia Auditoría General de la Nación, que desde el año 2008 advertía de las graves falencias del sistema ferroviario de transporte en nuestro país, particularmente de la línea Sarmiento, que atentaban directamente contra la seguridad de los pasajeros y trabajadores del ferrocarril”.
También se destaca que “la responsabilidad del Estado es insoslayable” después de que recibieran condena penal los empresarios a cargo de la concesión (TBA S.A.), dos ex Secretarios de Transporte de la Nación, confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime), y además un ex ministro, Julio De Vido, con condena confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal.
Vale destscar que entre quienes recibirían el beneficio se encuentra María Luján Rey, que es parte del bloque amarillo y firmante de la iniciativa junto a entre otros Cristian Ritondo, Mercedes Joury, Graciela Ocaña, Álvaro González, Alicia Fregonese y Hernán Berisso.
También firman Jorge Enríquez, Carmen Polledo, Gustavo Hein, Pablo Torello, Soher El Sukaria, Alfredo Schiavoni, Victoria Morales Gorleri, Martín Maquieyra, Camila Crescimbeni, Adriana Cáceres, Adriana Ruarte, Alberto Asseff, Virginia Cornejo, Silvia Lospennato, Martín Medina, David Schlereth, Julio Sahad, Dina Rezinovsky, Mariana Stilman, Claudia Najul, Albor Cantard y José Riccardo. |
