La acusación fue presentada por el diputado provincial Luciano Bugallo, de Juntos por el Cambio. Hablan de sospechosas compras de repuestos, hurto de autopartes y arreglos fraudulentos. El municipio sostiene que carece de pruebas.

Denuncian a intendente peronista por presuntas irregularidades en reparación de patrulleros

El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo, presentó una denuncia penal ante la UFI 9 de Luján, a cargo de la Dra. Mariana Suarez, contra el intendente de ese distrito, Leonardo Boto (Frente de Todos), además del al Secretario de Protección Ciudadana Matias Lattaro y a otro funcionario de la secretaría de seguridad local.

A partir de una investigación realizada por el referente de la Coalición Cívica local, el abogado Jeremías Rodriguez, el legislador “lilito” denunció a los funcionarios por supuestas irregularidades en compras de repuestos, hurto de autopartes y reparaciones fraudulentas, en un taller mecánico municipal destinado al acondicionamiento de patrulleros de la policía bonaerense.

Lattaro había anunciado a mediados de marzo del 2020 la creación de un nuevo taller mecánico municipal dedicado a la puesta a punto de patrulleros, con el objetivo de mejorar las condiciones de la planta automotor de la policía bonaerense y brindar mas seguridad a los vecinos.

Según consta en la denuncia, el legislador solicitó a la fiscalía de Luján que los presuntos delitos de estafas, hurto, destrucción de medios de pruebas y malversación de caudales públicos, cometidas en el taller Municipal ubicado en la Calle Belgrano Nº 1250 de la ciudad de Luján, con respecto a la falta de mantenimiento de móviles de las fuerzas de seguridad de la provincia, sustracción de vehículos secuestrados, defraudaciones en las compras de combustible y de repuestos, desaparición de autopartes de vehículos y desaparición de motocicletas secuestradas en depósito y/o demás delitos que resulten de la investigación.

Luciano Bugallo, diputado de Juntos por el Cambio.

“Anunciaron la apertura de un taller mecánico destinado a la reparación de patrulleros que nunca se realizó, por lo que continuaron usando un depósito municipal de motocicletas para tal fin, que en los hechos no tiene las condiciones mínimas para desarrollar esas tareas. En el medio de los anuncios se hicieron compras de materiales de construcción para el acondicionamiento del lugar. Las obras nunca se hicieron pero los recursos se usaron. No hay fosa ni elementos de trabajo mínimos para el personal. Desaparecieron varias autopartes de vehículos que habría dejado la gestión anterior y se desconoce su destino. Además de que el propio director municipal del taller, Gabriel Macrini y parte de su familia, quienes también están denunciados, estarían utilizando autos y motos alojados en el deposito con fines particulares, disponiendo también de manera abusiva de la carga de combustible, financiada con recursos públicos. Uno de los miembros de la familia de Macrini habría tenido ingreso en comisaria por usar un vehículo con pedido de secuestro”, sostuvo Bugallo.

Otra irregularidad que se denuncia es la sobrefacturación de repuestos que nunca llegan a los móviles. En el texto se hace referencia a un presupuesto de un embrague de una camioneta Chevrolet S10 modelo 2015 por el valor de doscientos mil pesos ($200.000), cuando el valor real del repuesto es de alrededor de los veintitrés mil pesos ($23.000).

Respuesta de la comuna

Conocida la presentación del recurso judicial, desde el municipio conducido por el alcalde peronista aseguraron a La Tecla que “es otra denuncia sin sustento, formulada sobre supuestos, con acusaciones potenciales, sin pruebas, en la que no se aporta ninguna documentación respaldatoria”.

“Se denuncia una supuesta malversación cuando el Municipio no administra directamente los fondos de la seguridad, se ejecuta el gasto a través del Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana, quien controla y autoriza con participación de vecinos e instituciones la administración del mismo. Este Consejo funciona por una ordenanza desde hace décadas, siendo un órgano colegiado que se ha convertido en un modelo de participación reconocido y legitimado”, añadieron.

Al respecto, señalaron que “las acusaciones referidas al funcionamiento del taller se basan en supuestos, rumores y comentarios inverosímiles. En los hechos concretos los móviles están en la calle y en los talleres se realizan más de 150 intervenciones de mantenimiento y reparación mensual. Logrando además, poner en servicio vehículos que se encontraban en desuso al principio de nuestra gestión”.

“La denuncia viene a deslegitimar una política que resolvió con recursos propios en el primer año de gestión una problemática heredada. Es una denuncia sin pruebas que tiene un claro tinte político para lograr espacios mediáticos que de otro modo no lograrían”, finalizaron.

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