Pensiones no contributivas, una deuda pendiente

La realidad de quienes reciben las Pensiones no contributivas es complicada ya que la actualización de los montos que reciben los beneficiarios está supeditada a la decisión del ejecutivo bonaerense,  y el resultado es que los beneficiarios reciban sumas irrisorias.

 

En ese sentido, el diputado bonaerense Fabio Britos le explicó a La Tecla que esas pensiones “quedaron congeladas y algunas son de $850 y otras de $1250, aunque parezca mentira”.

 

El legislador que representa a la Cuarta sección reclamó por el tratamiento de su proyecto de ley para adecuar las Pensiones no contributivas para actualizar los montos que preciben a los de una jubilación mínima.

 

El proyecto de ley precisa que el monto de los beneficios a las pensiones de discapacidad y vejez, equivaldrá al 100 por ciento del haber jubilatorio mínimo vigente para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, y serán reajustadas automáticamente cada vez que se incrementen los montos mínimos vigentes.

 

La reglamentación que establece estos criterios rige desde 1997 y no se ha modificado. Entre 2003 y 2015 la cantidad de pensionados se multiplicó por cinco, de 300.000 a casi un millón y medio. En 2015, por ejemplo, fueron dadas de baja 168.500 pensiones. En 2016 se dieron de baja muchas menos, alrededor de 90.000.

 

A comienzos de 2020  se registraron un total de 1.417.139 titulares de Pensiones no contributivas en todo el país, mayormente compuesto por pensionados por invalidez, que representan más de un millón de personas.

Por otra parte, respecto al régimen provisional, Eduardo Santin, titular del Instituto de Previsión Social, explicó a La Tecla que “los aumentos van a ser trasladados este mes, ha llegado en tiempo y forma para cobrar en marzo”.

De esa forma, reconoció que “las actualizaciones han sido tal cual a las que tiene el trabajador activo”, y aclaró que "no tenemos atrasos en aumentos jubilatorios, la realidad es que nosotros en la medida que tenemos la información del empleador, la ley nos permite 60 días para liquidar”.

Al ser consultado sobre los reclamos ante la falta de actualización, Santin precisó que “no ha habido atrasos por razones nuestra sino por razones del empleador”.