El Gobernador presentó seis anteproyectos para crear y modificar leyes que hacen al funcionamiento de la Justicia. A qué se refieren y cómo será el proceso de debate

La reforma judicial que propone Kicillof

Era cuestión de tiempo. Sólo había que esperar. Así como lo hizo el Gobierno nacional, el oficialismo bonaerense busca también una reforma judicial. Para empezar, el Poder Ejecutivo a cargo de Axel Kicillof presentó en sociedad seis anteproyectos que tienen como principio rector actualizar diversas normativas que hacen a la Justicia en distintos ámbitos.

Sin embargo, las propuestas no fueron directamente enviadas a la Legislatura para su correspondiente tratamiento, sino que en principio serán puestas a consideración de la sociedad civil y los numerosos actores que intervienen en uno de los poderes del Estado.

¿Cómo funciona este mecanismo? Según pudo saber La Tecla habrá un plazo máximo de 60 días para finalizar los anteproyectos -en los que intervienen distintos ministerios-, que luego se subirán a una plataforma. A partir de entonces se abrirán dos instrumentos de participación. Por un lado, un espacio para que cualquier persona pueda subir comentarios y realizar aportes. Por el otro, para los proyectos de mayor envergadura, se crearán mesas de trabajo temáticas para la recepción de comentarios, sugerencias y, llegado el caso, introducir modificaciones.

Desde el Gobierno esperan la intervención de las universidades, los colegios profesionales, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, de la oposición. Para esto habrá un plazo de entre tres y cinco meses. Luego, los proyectos finales serán remitidos a la Legislatura, que también los pondrá en discusión.

Por el momento, esta idea de una “democracia participativa” para reformar el sistema judicial bonaerense fue bien recibida, al menos por una de las partes interesadas: la Suprema Corte y los Colegios de Abogados. Además, de esta manera, el oficialismo evita tener un dolor de cabeza en el parlamento, donde actualmente Juntos por el Cambio tiene la mayoría en el Senado. Si los proyectos llegan con mayor consenso, más fácil será su tratamiento.

“La lógica es no mandar proyectos cerrados, con nuestra impronta, pero antes de mandarlos a la Legislatura que estén abiertos a todos los sectores. De esta manera se evita el lobby cerrado”, señaló a este medio el secretario General de Gobierno, Federico Thea. “Son proyectos que están avanzados y tenemos una idea de a dónde queremos ir; de hecho es poco una marca registrada.

Sucede que con este tipo de normas tan técnicas, que el Ejecutivo sale a decir que ‘bajo mi gobierno se modificó tal código’, se hacen acuerdos con distintos sectores, cada uno aporta loque le parece y terminan saliendo arreglos institucionales que no son a veces adecuados, coherentes y aplicables. Entonces, para nosotros, era importante decir que el Ejecutivo tiene proyectos que son propios y tiene una idea de cuáles son las mejores herramientas procesales”, añadió el funcionario.

En este punto, desde el Gobierno ponen énfasis en ocho líneas rectoras que deben cumplir, casi de forma obligatoria, todos los proyectos de revisión: especial atención a las situaciones de vulnerabilidad; acceso a justicia y derechos; transparencia; perspectiva de género; lenguaje claro; informatización y oralidad; celeridad y eficiencia y participación ciudadana y apertura.

En esta línea, Mauro Benente, vicepresidente del Consejo de la Magistratura y funcionario del Ministerio de Justicia señaló: “Esa construcción interna dentro de los ministerios tiene ciertas guías que son ideológicas, que tienen que ver en cómo el Gobernador piensa en general la gestión: que, por un lado, sea ágil, y por el otro ser cuidadosos e intuitivos con las personas en situación de vulnerabilidad”.

En paralelo, el Gobierno ya puso en marcha otras reformas que también hacen al sistema judicial, como lo es el proceso de selección de jueces y juezas. Por caso, en los últimos días fue designado el abogado y reconocido académico Guillermo Moreno como director de la Escuela Judicial, desde donde harán especial hincapié en la formación de aquellos que el día de mañana se sentarán al frente de un Tribunal e impartirán Justicia.

Revisión de la Ley de Procedimiento Laboral
El dictado de una ley que armonice y brinde certeza al procedimiento laboral, concretando la vigencia de una serie de disposiciones que, sin necesidad de modificaciones estructurales ni partidas presupuestarias, garantice la celeridad del proceso, refuerce el rol que corresponde a la justicia del trabajo y permita la tutela judicial de trabajadores y trabajadoras.
-Sin Presupuesto, quedó en la nada
Desde la Provincia señalaron que la Suprema Corte detuvo la entrada en vigencia del nuevo Procedimiento, a raíz de la falta de asignación presupuestaria por parte del Gobierno anterior.

Ley de Responsabilidad del Estado
Resolver el vacío legal que existe para la regulación de la responsabilidad del Estado provincial.
Sancionar una norma provincial que recoja los puntos centrales de la normativa nacional.
-Adecuar las responsabilidades al orden nacional
A nivel nacional, hasta el año 2014, la responsabilidad del Estado se regulaba por el artículo 1.122 del Código Civil. En 2014, mediante la ley 26.944, se reguló de modo específico la responsabilidad del Estado nacional y se invitó a las provincias a adherir a la norma nacional.

Nuevo Código Procesal de las Familias, Civil y Comercial
n Adecuarlo a las constituciones Nacional y Provincial de 1994.
n Incorporar las novedades del Código Civil y Comercial y las leyes de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Mujeres, Salud Mental, Defensa del Consumidor y Mediación.
n Un código de la democracia, con enfoque de derechos humanos, que desmercantilice la tramitación de los procesos.
n Reconocer la existencia de condiciones de vulnerabilidad y buscar la igualdad de las partes.
n Oralidad e inmediación: debate y contacto directo entre partes, juezas y jueces para favorecer la autocomposición de los conflictos.
n Tecnología: regulación del expediente digital. n Notificaciones: notificaciones sencillas y flexibles para la fácil comprensión de las decisiones. n Oficina Judicial de Gestión Asociada: oficina para asuntos administrativos y trámites sencillos, para agilizar y unificar las pautas de trabajo, y reservar a juezas y jueces para la labor jurisdiccional.
n Simplificación de trámites: adopción de trámites más sencillos y concentrados.
n Proceso simplificado: resolución oral de reclamos menores y de poca complejidad.
n Procesos colectivos: cumplimiento de la Constitución Nacional y trámite adecuado a conflictos estructurales.
n Juicio por jurados: resolución participativa en asuntos de relevancia.
n Especial protección a personas sobreendeudadas.
n Acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte: audiencias públicas y última palabra en la Legislatura.
n Regulación de procesos de familia: procesos generales y especiales, y participación de niños, niñas, adolescentes y personas con restricciones en su capacidad.

Ley de Régimen Pericial
n Realizar una reforma integral que resuelva el colapso que sufre el sistema pericial actual.
n Generar incentivos para aumentar el número de profesionales. n Optimizar el funcionamiento del sistema de selección.
n Establecer un régimen que contenga objetivos, finalidades y principios generales que promueva un mejor ejercicio en la función pericial para generar un servicio de justicia más eficiente para la población bonaerense.
-Déficit de peritos y aumento de litigiosidad
De acuerdo al diagnóstico que hacen en Provincia, existe un amplio déficit en cantidad de peritos en diversas especialidades por el aumento de la litigiosidad y la ausencia de profesionales, produciendo la saturación del sistema y la demora en los procesos judiciales. La normativa está diversificada en diversas acordadas y resoluciones de la Suprema Corte.

Federico Thea
“Estamos dispuestos a negociar, con ideas propias y no con la hoja vacía”
En diálogo con La Tecla, el secretario General de Gobierno, Federico Thea, explicó que los seis anteproyectos están interconectados “a partir de la idea que nos marcó el Gobernador de solucionar grandes problemas que afectan la vida cotidiana de los y las bonaerenses, que es la que a nosotros verdaderamente nos importa”. En esta línea, consideró que “son normas que no se revisan todos los días y que si se hacen mal, el costo es muy alto. Con la Ley de Procedimiento Laboral que se modificó en 2018 durante el gobierno de Vidal, por ejemplo, la Corte terminó resolviendo su inaplicabilidad. No queremos dictar normas con esos problemas, queremos hacer un laburo serio. Estamos dispuestos a negociar, pero con ideas propias y no con la hoja vacía. No nos da lo mismo que venga cualquiera para tener el título de que ‘Kicillof aprobó sus leyes’. Tenemos ideas propias, no tenemos miedo de ponerlas a discusión, al contrario, nos parece superimportante contar con el consenso, incluso de quienes las apliquen, pero en función de nuestras ideas”. Y añadió: “Aunque tuviéramos mayoría en la Legislatura, no tendría mucho sentido que estas leyes se aprobaran de manera ajustada. Son cuestiones que necesitan consenso de todos los sectores, pueden no estar de acuerdo en un ciento por ciento, pero al menos con lo básico. Los jefes de bloque de la oposición estaban invitados al anuncio y, lamentablemente, no vinieron, pero no es la última posibilidad que tienen de participar. Esperamos que esta herramienta de consulta previa, de democracia participativa, tenga buenos resultados”.

Ley de Etica Pública y Transparencia
n Sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública, la integridad y la transparencia en el ámbito provincial.
n Perspectiva de Derechos Humanos.
n Exhaustividad y claridad en la delimitación de los principios, deberes, prohibiciones e incompatibilidades de las personas que se desempeñen en la función pública.
n Enfoque transversal de género y diversidad con miras a lograr una función pública igualitaria, equitativa y sin discriminación.
n Integridad: como sistema basado en la prevención. n Capacitación obligatoria: en ética pública para toda la administración pública provincial, e incorporación en los programas de estudio de todos los niveles educativos.
n Comisión Interpoderes de Etica Pública: con participación de los tres poderes del Estado y compuesta por un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, que será integrado por organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas y colegios profesionales.
n Perspectiva de Género y Diversidad: en forma transversal incorporada tanto al texto como a los principios, deberes y obligaciones rectoras de la ética pública y la transparencia. El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, presentó la mesa de trabajo en octubre de 2020.
-Un proyecto con más de cinco meses de trabajo
El Ministerio de Justicia y DDHH conformó en octubre de 2020 una mesa de trabajo para redactar el proyecto en conjunto con distintos organismos y llenar un vacío legal que lleva 21 años.

Ley de abogada y abogado del Niño, Niña y Adolescente
n Adecuar la legislación a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y a los lineamientos del Código Civil y Comercial de la Nación.
n Diseñar un mecanismo institucional efectivo y con criterios claros, que garantice la formación especializada, la independencia en el ejercicio de la función y el acceso igualitario a la asistencia legal.
n Eliminar la realización de trámites burocráticos innecesarios.
n Lograr un efectivo acceso a la Justicia con este patrocinio a través de un Estado presente, que genere políticas públicas que promuevan los derechos de niños, niñas y adolescentes.
-Una norma para garantizar acceso igualitario
“Tenemos una ley anterior a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, con vacíos normativos que impiden la uniformidad de la intervención de las abogadas y abogados”, apuntaron desde el Gobierno.

MAURO BENENTE
“Parte del proceso de selección está pensado para la discrecionalidad”
El diálogo con La Tecla, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Benente, reveló que respecto del proceso de selección de jueces y juezas se está trabajando en dos grandes lineamientos. “Uno es el proceso que realiza la Escuela Judicial, en el que vamos a cuadruplicar la cantidad de cursos, y estamos trabajando en la idea de reconocer las trayectorias de posgrado acreditadas en la CONEAU, para que no tengan que hacer la Escuela Judicial, pero sí vamos a obligar, incluso teniendo los posgrados, a que los y las postulantes realicen un curso de género y uno de derechos humanos. Por otro lado estamos empezando a trabajar para que en alguno de los programas de posgrado que tienen las universidades sean certificadas por el propio Consejo para incentivar la formación de funcionarios judiciales que le permitan resolver con perspectiva de género, con enfoque en DDHH y las realidades de la Provincia”. En este contexto, el funcionario del Ministerio de Justicia señaló que “buena parte del proceso de selección de magistrados y magistradas está muy pensado para la discrecionalidad. Nos interesa tener un proceso más transparente que el que existe, con reglas más claras y criterios a la hora de evaluar. Eso requiere ajustes reglamentarios y mayorías agravadas. Lo hemos conversado y ojalá este año tengamos los consensos para avanzar, el año pasado no pudimos. Hay un atraso en la selección de jueces, en parte es responsabilidad del Ejecutivo y parte, del Consejo. Una forma de resolverlo es que sea menos discrecional y más automático. Tenemos voluntad de hacerlo, pero no solo depende de nosotros”.

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