La pandemia continúa en el centro de la escena y el Poder Ejecutivo no resolvió todavía cuestiones que hacen al correcto funcionamiento de las instituciones. Bronca en la oposición

Pasó poco más de un año desde su llegada y el coronavirus sigue siendo noticia. La segunda ola no da tregua, los contagios suman de a miles y todos los días hay que lamentar nuevos fallecidos. Pero, a diferencia de 2020, no está previsto que las autoridades implementen una cuarentena estricta, al menos no como la que se vivió durante la primera mitad del año pasado. No obstante hay cuestiones que hacen al correcto funcionamiento de la Provincia y que están pendientes de resolución, incluso desde antes del desembarco del COVID-19 en territorio bonaerense.

En efecto, y tal como ha señalado La Tecla en reiteradas oportunidades, está sin cubrir una importante cantidad de cargos en organismos de control, empresas con participación estatal y entes descentralizados de la Provincia, muchos de los cuales son reclamados por dirigentes de la oposición.

También esperan ser cubiertas las más de doscientas vacantes en la Justicia provincial, sin tener en cuenta las sillas que pertenecen a agentes fiscales, defensores oficiales y otros puestos administrativos que hacen al funcionamiento de uno de los poderes del Estado.

A esto se le suma la falta de resolución de la deuda en moneda extranjera, cuyo plazo de canje fue prorrogado esta semana por decimosexta vez desde el inicio del proceso de reestructuración, hace más de un año. La nueva prórroga es hasta el 7 de mayo.

Tampoco se sabe cuánto dinero ha ejecutado el Gobierno de Axel Kicillof durante todo 2020, y mucho menos en el primer trimestre de 2021; una cuestión para nada menor, teniendo en cuenta la declaración de emergencia en medio de la pandemia por coronavirus, que le otorgó a la gestión bonaerense cierta discrecionalidad a la hora de administrar y ejecutar los fondos asignados.

Es uno de los reclamos que le hace la oposición, cada vez que puede, al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, sobre todo durante sus exposiciones en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia.

Es que en materia de información mucho es lo que ha quedado pendiente a partir de la firma del Decreto 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, que estableció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y que fue prorrogado hasta ahora, siempre y cuando las autoridades consideren necesario hacerlo en el marco de la emergencia sanitaria.

El decreto, publicado a comienzos del mes de marzo del año pasado, habilitó el trabajo remoto de la administración pública y abrió paso a una serie de nuevos procedimientos que suspendieron vencimientos establecidos por ley. Por ejemplo, el Decreto 167/2020 permitió que todos los trámites no pierdan validez aun cuando no se cumplan los plazos previstos por la normativa precedente “y aquellos que, por su naturaleza, resulten impostergables a los fines de resguardar la tutela de los derechos y garantías de los interesados”.

Por eso mismo, aún no se han dado a conocer los fallos del Honorable Tribunal de Cuentas sobre los ejercicios financieros de los municipios correspondientes a 2018. Desde el organismo de control aseguraron a este medio que los informes fueron realizados, el plazo para que fueran observados por las partes interesadas ha sido postergado una y otra vez, por lo que no pueden ser publicados y, mucho menos, ejecutados.

Este “vacío”, sin embargo, fue aprovechado por la actual gestión para saltarse ciertos procedimientos en más de una oportunidad. Cabe recordar el nombramiento irregular del Tesorero de la Provincia, David René Jacoby, quien fuera designado por el gobernador Axel Kicillof durante la ausencia de sesiones ordinarias del Senado bonaerense.

Si bien desde el bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara alta realizaron “un llamado a la reflexión” y hablaron de una “decisión arbitraria que vulnera nuestra Constitución”, la cuestión quedó ahí, pese a que la Legislatura sesiona con regularidad y las trabas burocráticas ya no son las mismas que hace un año. No obstante, la tarea sigue pendiente.

Negociación sin fin
La deuda provincial extranjera y el cuento de la buena pipa

A más de un año de haber iniciado el proceso de reestructuración, la deuda provincial en moneda extranjera sigue sin resolverse. Si bien un grupo de bonistas se presentó ante la Justicia neoyorkina para iniciar una demanda contra el Ejecutivo, la gestión de Axel Kicillof decidió prorrogar el vencimiento del plazo de canje por decimosexta vez. La última extensión tuvo lugar este lunes, 26 de abril, hasta 7 de mayo. Desde el Ministerio de Hacienda, a cargo de Pablo López, emitieron un comunicado manifestando que “la Provincia todavía confía en un último esfuerzo para alcanzar un entendimiento con una mayoría de acreedores”. Se agregó que el Estado bonaerense permanece comprometido “con una negociación de buena fe a pesar de la actitud intransigente de algunos acreedores individuales”. Desde que se inició el proceso de renegociación de la deuda bonaerense en moneda extranjera, en abril de 2020, por un total de 7.148 millones de dólares, el gobierno de Kicillof no ha pagado vencimientos de capital ni de interés.

Tribunal de cuentas
Todo en forma, pero con los plazos suspendidos hasta nuevo aviso

Dentro de sus facultades, el Tribunal de Cuentas de la Provincia, a cargo de Eduardo Grinberg, es el encargado de auditar las ejecuciones financieras de los 135 municipios bonaerenses. Todos los años, el organismo de control hace públicas las sentencias de todas las cuentas distritales, y en aquellas donde se encuentren inconsistencias o irregularidades impone multas, sanciones o llamados de atención. Sin embargo, aún no fueron publicadas el total de las sentencias correspondientes al ejercicio 2018. ¿Por qué? “En el Tribunal de Cuentas, nunca se dejó de trabajar, se hicieron todos los estudios de cuenta en 2020 y se hicieron todos los fallos. Lo único que afectó la pandemia fue que se suspendieron los plazos. Antes de que el Tribunal falle en determinado estudio de cuenta, antes del 31 de diciembre de cada año, informa a los alcanzados por eventuales multas o sanciones. La ley les da un plazo de 18 meses para que hagan su descargo. Ese plazo quedó suspendido por la emergencia de la pandemia; eso hizo que el Tribunal, cuando tenía todo fallado, no lo pudo publicar, porque están los plazos suspendidos. Todavía, la ley les da tiempo a los alcanzados para que emitan su descargo”, argumentaron desde el organismo de control a La Tecla. Y añadieron: “En cuanto al funcionamiento, lo hizo con normalidad, a distancia y con trabajo remoto. Todo se hizo en tiempo y forma”.

Sin precedentes
Cientos de vacantes en la Justicia y ninguna cobertura

Desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo, el gobernador Axel Kicillof no firmó un solo pliego para cubrir los cientos de vacantes existentes en la Justicia bonaerense. En el entorno del mandatario aseguraron a este medio que es una cuestión a resolver en los próximos meses, y que tienen prioridad los 41 candidatos que ya recibieron el visto bueno del bloque de Juntos por el Cambio en el Senado. “Se está revisando uno por uno”, dijeron a La Tecla desde Casa de Gobierno. A fines del año pasado, el Consejo de la Magistratura remitió al Ejecutivo 27 nuevas ternas.

Suprema Corte
La falta de apuro del Gobernador ante un tribunal que queda “cómodo”

Desde el Poder Ejecutivo confiaron a La Tecla que no está en agenda ocupar las dos vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia, en el corto ni el mediano plazo. La falta de apuro de Kicillof en proponer sus candidatos no es atribuida a la pandemia, sino a su comodidad con la actual composición del máximo tribunal bonaerense que, con cinco miembros, puede funcionar casi con normalidad. La jubilación de Eduardo de Lázzari, quien luego falleció, se hizo efectiva desde el 1 de marzo y fue la segunda vacante que se abrió en pocos meses, luego del fallecimiento del juez Héctor Negri, en enero del año pasado. El artículo 177 de la Constitución provincial establece que los jueces de la Corte se nombran a propuesta del Gobernador con respaldo de una mayoría absoluta del Senado. Para conseguir ese apoyo, Kicillof se vería obligado a negociar los nombres con Juntos por el Cambio, que tiene la mayoría en la Cámara Alta provincial, al menos, hasta las elecciones. Por eso, el cuerpo funcionará durante un tiempo con cinco miembros: Luis Esteban Genoud (actual presidente), Daniel Soria, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan y Sergio Torres. En términos institucionales -dicen en el tribunal-, no habría dificultades: las decisiones se pueden ratificar con una mayoría de tres votos. Salvo que alguno no vote, no puede siquiera haber empate.

Ejecución presupuestaria
“La información pública es un gran escollo que ellos vienen postergando”

La falta de información sobre los gastos de la Provincia es uno de los principales reclamos de la oposición. Por caso, Gabino Tapia, senador de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para que se elabore un portal donde publicar los números. Sin embargo, la iniciativa no ha avanzado. “Lamentablemente, no tenemos datos. El tema de la información pública es un gran escollo que ellos vienen postergando y no hay acceso a ningún tipo de ejecución presupuestaria, ni para los legisladores ni para los ciudadanos de a pie. En la última reunión Bicameral (de seguimiento de la emergencia), ni siquiera nos dieron las grabaciones”, dijo a La Tecla. Y añadió: “Lo que vemos es que no hay claridad de dónde se gasta el dinero y para qué. La sensación que tenemos es que no va por el lado del desvío de fondos, sino por la inoperancia. No puedo decir que haya un desvío de fondos o enriquecimiento de alguno, sino, más bien, inoperancia en una planificación que, a todas luces, no está dando resultados. Hay agujeros en todos lados. No pagan la deuda, se les permitió endeudarse en el Presupuesto, y, después, los gastos no están claros”.

Cargos
La torta que quedó sin repartir y la bronca opositora

Si bien a fines del año pasado, todo parecía encaminado entre oficialismo y oposición, el reparto de cargos en organismos de control del Estado quedó en la nada y aún hoy permanecen sin ocupar. “No cumplieron con nada. Ahora, que se olviden, no levantamos más la mano para nada”, indicó a La Tecla un dirigente amarillo, que tenía “reservado” uno de los puestos disponibles. En la Provincia hay, al menos, diez organismos que tienen lugar para representantes de la oposición, ya sea por mandato constitucional, por ley o por acuerdos políticos de larga data. Algunos de ellos pertenecen a la órbita de la Administración Central; otros, a empresas con participación del Estado bonaerense, y también hay organismos descentralizados. En total, el principal espacio opositor había pedido 32 cargos en distintos entes, entre ellos, el Banco Provincia, Tesorería y Contaduría de la Provincia, el Consejo General de Educación y OCEBA, entre otros.

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