Los municipios son seducidos con fondos para sancionar a infractores. Se devolverá el importe mensualmente y con libre disponibilidad. Dudas legales y una invitación pecuniaria para controlar

Fondo Covid: un tentador cóctel de multas y pesos

“Por ahí con el bolsillo entienden lo que las neuronas no les permiten entender”, fue la punzante frase utilizada por el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, para referirse a la decisión de imponer multas a quienes no respeten las normas sanitarias dispuestas por el gobierno, en el marco de la segunda ola de COVID-19. La virulencia de la misma en distritos del AMBA, y otros del interior provincial, impulsaron a la gestión de Axel Kicillof a poner en el centro de la mira a quienes organizan o participan de fiestas clandestinas o no hagan cumplir las disposiciones en locales comerciales o domicilios particulares.

“La verdad, todavía no tenemos absolutamente claro cómo funcionará, pero nos viene fenomenal para que la gente entienda que si no nos cuidamos los ciudadanos, esto explota en cualquier momento”, aseguró un intendente peronista de la Provincia profunda.

Más allá de ciertas dudas que aún persisten entre los jefes comunales, lo cierto es que la Provincia implementará un sistema de multas, que podrán llegar hasta los 500 sueldos mínimos (la friolera de 4,3 millones de pesos), amparado en el decreto ya vigente que establece penalizaciones por el incumplimiento de las normas.

Las infracciones que se vayan detectando -y multando- irán a constituir el “Fondo Municipal por multas a la normativa coronavirus”, creado a través del decreto N° 242/2021. El mismo “será administrado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas y estará integrado por las sumas equivalentes a los recursos que recaude la Provincia, a través de los municipios”, según reza el artículo 1° de la normativa.

En tanto, el segundo apartado aclara que “los municipios de la provincia de Buenos Aires que hayan adherido al decreto N° 1/21 tendrán a su cargo la emisión de las multas generadas mediante la utilización del Sistema Integrado de Emisión y Pagos No Impositivos (SIEP)”, recibiendo una clave para la gestión del trámite correspondiente a la emisión de las boletas de pago. Los recursos equivalentes a lo que los municipios recaudaren por dichas multas serán distribuidos entre ellos, asignándose a cada distrito, de manera mensual, el monto de lo que hubieren cobrado. Y algo importante para las arcas comunales: los fondos serán de libre disponibilidad y no reintegrables.

Contrariamente a lo que podría pensarse, alcaldes opositores -algunos, al menos- recibieron con beneplácito la idea, mientras que los del palo del Gobierno provincial -no todos- no consideran trascendente la iniciativa. “No sirve para mucho, porque, al final, la gente multada apela y no vamos a ver un peso de todo eso. Y si lo vemos será en dos o tres años, y ya no nos sirve”, afirmó, con incredulidad, un mandamás del PJ de tierra adentro.

La propuesta despierta, además, ciertas dudas respecto de la constitucionalidad de la misma. El experto en derecho municipal Orlando Pulvirenti reflexionó que este fondo “se constituye por un decreto que no dice exactamente cuáles son los incumplimientos que motivan las multas, más allá de una referencia a las decisiones en materia sanitaria, y que desde el punto de vista del derecho penal y sancionador administrativo hace ruido en cuanto a su legalidad”.

Explicó que “según el presupuesto, todo cobro de multas, en principio, debe ir a rentas generales, y en este caso se señala que le van a entregar al municipio una suma equivalente a la recaudada en forma de subsidio no reintegra ble, porque el dinero debería entrar al Presupuesto general de la Provincia y no a un fondo específico”.

El profesional añadió: “El municipio que adhiere pone su capacidad de fiscalización y recaudatoria, pero las multas que determine se cobran a través del sistema de la Provincia llamado SIEP. Sería algo así como ‘vos, municipio, controlá y yo te pago’”.

Además consideró que “en el caso de que el municipio no adhiera, el poder de policía lo va a tener la Provincia, para hacer cumplir la normativa que es provincial”.

Por otra parte, Pulvirenti señaló: “Un principio básico constitucional es el de legalidad y reserva en materia penal e impositiva. Sin embargo, nos estamos encontrado con decretos que remiten a otras resoluciones e inclusive a decretos leyes de gobiernos militares, todo el proceso es en base a decretos”.

Por último, compartiendo la preocupación del Gobierno y la sociedad, por la crisis sanitaria y la necesidad de adoptar medidas para conjurarla, indicó: “Si alguien me preguntara en el Gobierno por el camino adecuado, le diría que es pasar por la Legislatura.

Tanto el derecho nacional como el internacional sostienen que cuando se trata de restringir derechos, el camino democrático y respetuoso de los derechos humanos es acudir al Congreso. La emergencia justifica algunas medidas, pero, claramente, no todas. Y al final del camino es donde se obtienen los consensos y se evitaría involucrar o que se involucre el Poder Judicial en un tema que debe solucionar la política”.

Walter Torchio
“Hemos aplicado multas y ahora las vamos a seguir aplicando”

Desde el interior provincial, el intendente de Carlos Casares, Walter Torchio (Frente de Todos), aseguró: “Todo lo relacionado a la pandemia, toda decisión del Presidente y del Gobernador debe ser acompañada. Lógicamente, entendemos que la gente quiere recuperar la normalidad en su vida, pero la verdad es que no hay muchos elementos que permitan resolver algunas cuestiones para que la gente entienda la complejidad de la situación. Nosotros (los intendentes) podemos estar más o menos cerca de los problemas de todos los días, tenemos que acompañar en este momento excepcional”. En referencia a la mecánica de cobro de multas y que los fondos regresen al municipio, el jefe comunal peronista sostuvo: “No creo que pase porque vuelva o no vuelva dinero a los municipios, sino que necesitamos que la gente se cuide. Porque cuando el sistema de salud se satura, cuando se saturan las terapias intensivas, los que sufren con eso son nuestros médicos, y los intendentes. La gente común, si no es un familiar directo, lo ve como algo lejano. A pesar de lo que pasó el año pasado, y lo que ocurre este año, hay gente que lo ve como una historieta”. Por último, el alcalde comentó que “el año pasado multamos por varias fiestas. Hemos venido modificando la legislación de acuerdo a los momentos, si fueron más flexibles o más estrictos; nosotros nos adaptamos a lo que establece el Gobierno provincial. Hemos aplicado multas y las seguimos aplicando, de acuerdo a nuestra realidad”.

Alejandro Federico, JxC
“Entiendo que no es una mala medida, porque nos ayuda”

El intendente de Suipacha, Alejandro Federico (Juntos por el Cambio) aseguró: “A nosotros nos sirvió que se comunicara a la sociedad el tema del valor de las multas. Nosotros aplicamos las contravenciones municipales, pero no son de esos números que se mecionan. En ningún caso llegó a una cifra de más de 100.000 pesos”. El alcalde radical añadió: “Nosotros firmamos en su momento la adhesión, para poder cobrarlas nosotros, y hemos tenido dos acontecimientos de no gran magnitud. Yo entiendo que no es una mala medida, nos ayuda a que podamos comentarle a la gente lo que sucede y la contravención se convierte ya en un asunto provincial. Incluso poder tomar otro tipo de medidas y sanciones en base a ese artículo 205”. Tras recordar que ya multaron a suipachenses por diversos motivos, el mandatario explicó: “Acá es la Guardia Urbana la que está en la calle, que es la que hace los procedimientos y la que está multando. Después sanciona el Juzgado de Faltas municipal; aplicamos lo que está dentro de nuestras atribuciones poder aplicar, lo que depende de las ordenanzas nuestras”. Acerca de los riesgos de que la iniciativa se transforme en una herramienta puramente recaudatoria, Federico opinó: “El intendente de una ciudad grande, que puede poner muchas multas por montos interesantísimos, probablemente lo vea de una manera diferente a la que puedo ver yo, que no veo un tema recaudatorio en esto”.

Ezequiel Galli, JxC
“Los municipios tenemos que adherir, estamos viendo la forma”

El intendente de Olavarría, el macrista Ezequiel Galli, aseguró a La Tecla: “Nosotros hace 20 días aprobamos por unanimidad una ordenanza para poder establecer multas, particularmente en el caso de las fiestas clandestinas y reuniones sociales de mucha gente, que son el gran foco de contagio”. El jefe comunal de Juntos por el Cambo explicó: “La idea de la reforma fue hacer más simple el trámite administrativo en relación con el Juzgado de Faltas, que al menos podamos generar la deuda y después ver la forma en que el vecino, cuando tenga que hacer un trámite administrativo, no tenga forma de avanzar hasta que no cancele la deuda”. Acerca de la utilidad de las multas indicó: “La única forma de cortar el contagio es estableciendo multas fuertes, que impacten, y poder desactivar las fiestas, que generalmente se hacen en casaquintas o establecimientos rurales, donde hay riesgos de todo tipo”. El alcalde olavarriense añadió: “Nosotros hemos aplicado varias multas, incluso varias con la nueva ordenanza, pero nos cuesta mucho encontrar un mecanismo para desalentar las fiestas clandestinas”. En cuanto a la adhesión al mecanismo propuesto por la Provincia, Galli señaló: “Los municipios tenemos que adherir, según dijo el Gobernador, así que estamos viendo la manera de sumarnos. Soy partidario de adherir, porque el principal problema que hemos tenido en esta segunda ola son las reuniones sociales y las fiestas no autorizadas”.

Gustavo Cocconi, FdT
“Todavía no las hemos aplicado, pero me parece bien la propuesta”

El intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi (Frente de Todos), consideró: “En general hubo buen comportamiento de la población en nuestro distrito, la policía solo tuvo que intervenir en algunos casos. Si se los puede detectar se les puede aplicar la multa, pero hay conciencia, la comunidad ha acompañado”. El mandamás peronista recordó: “Acá falleció nuestra secretaria de Salud, que era una médica terapista de Azul, que contrajo coronavirus, y también se contagiaron casi todos los médicos de guardia”. En cuanto a la aplicación de multas a quienes violen las normas de cuidado sanitario, Cocconi indicó: “Todavía no aplicamos multas, pero me parece muy bien la propuesta del Gobierno provincial. Es el virus el que provoca el daño social, porque es el que trae los problemas para la actividad económica, y esas conductas tienen que ser multadas. Lo que pasa es que, muchas veces, la aplicación práctica se hace difícil”. El jefe comunal peronista criticó a la oposición: “Uno cree que las políticas públicas deben ser acompañadas sin especulación, por eso considero a la aplicación o no de multas como un tema más de instrumentación práctica. Y deberíamos analizar también que el plan de vacunación y las cosas que hacen a la calidad de vida y al cuidado de las personas no estén puestos a merced de la especulación”, , señaló, en referencia al posicionamiento de dirigentes como Elisa Carrió o Patricia Bullrich.

Daniel Cappelletti, JxC
“Pensar en poner más multas sería como echar nafta al fuego”

“No hemos multado a nadie. Estoy a favor del distanciamiento y no del aislamiento, y creo que en una situación socioeconómica como la que vivimos, pensar en poner más multas sería como echar nafta al fuego. En términos ideológicos, no comparto”, dijo el intendente radical de Brandsen, Daniel Cappelletti, sobre la propuesta de crear un Fondo Covid con las multas a quienes violen las normas de cuidado sanitario. El jefe comunal dijo que, en cambio, “tenemos que empoderar mucho más al vecino, buscando la responsabilidad ciudadana, más que a seguir poniéndole preocupación a la gente”. Cappelletti sostuvo, además: “Me gustó cómo manejó el Gobernador esta última parte, creo que estuvo a la altura de las circunstancias: consultó a todos los intendentes, buscó consenso; pero soy de los que creen que el camino no es con autoritarismo ni con más multas”. A la vez evaluó: “Me parece que el anuncio (la creación del Fondo) es más para generar miedo que otra cosa, y yo no estoy en esa línea. La mía es una posición absolutamente personal y no arrastro ni represento a nadie más”, en referencia al resto de alcaldes de la UCR. “Del mismo modo que digo que creo en la presencialidad en las escuelas, que creo en el esparcimiento para las personas mayores, estoy totalmente lejos de cerrar. Pero son decisiones que toma el Presidente, y también el Gobernador, en el marco de una situación de urgencia”, dijo. Añadió: “No se puede gobernar un año y medio con decretos de necesidad y urgencia”.

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