BAJA LA ESPUMA
La Tecla
Redacción
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Puertos: ¿Una revolución que naufraga?
Las promesas de terminar con los consorcios de gestión y sancionar una nueva Ley de Puertos, esgrimidas por el oficialismo al inicio de su gestión, quedó en amagues. Pese a colocar a algunos alfiles en la conducción de las terminales, poco ha cambiado en los puertos bonaerenses.
El ya lejano octubre de 2019, cuando Alberto y Cristina Fernández, junto al Frente de Todos en pleno, celebraban el triunfo electoral sobre el macrismo, un aire fresco recorrió el ambiente.
Al menos así lo creyeron quienes, desde diversos ámbitos, apoyaron y contribuyeron a devolver el gobierno nacional al peronismo.
Las expectativas renovadas también se evidenciaron en la provincia de Buenos Aires, donde el exministro de Economía de la gestión cristinista, Axel Kicillof, prometía cambios profundos.
La actividad portuaria no quedó exenta de esta sensación, y los sindicatos apuraban el paso para ser parte de la revolución que se venía. "Creímos en el discurso de que se volvería atrás con muchos temas sobre los que la gestión de (María Eugenia) Vidal había avanzado, pero ahora nos damos cuenta de que estamos igual. Y en algunos casos peor", se lamentaron desde uno de los poderosos sindicatos.
Juan Cruz Lucero (derecha) junto al ministro de Producciòn, Augusto Costa.
Luego de la designación de Juan Cruz Lucero, surgido del Centro de Economía Política (CEPA) y cercano al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, como nuevo subsecretario de Actividades Portuarias, las promesas apuntaron a revertir varias decisiones de la gestión cambiemita.
Los consorcios
Una de ellas, expresadas desde el flamante oficialismo, fue la de revertir, paulatinamente, el proceso de transformación de las administraciones portuarias en consorcios de gestión, una política considerada como "privatización encubierta" por quienes se opusieron a tal modificación.
La realidad marca lo contrario: los consorcios de gestión de los puertos bonaerenses siguen incólumes, y no se observa siquiera un atisbo de revertir su funcionamiento. Además, los gremios del sector sostienen que han quedado segundas y terceras líneas de funcionarios de la gestión Vidal”, a pesar del cambio de color político en la Provincia.
“Hasta el momento, el compromiso que asumió el subsecretario cuando asumió, de trabajar con el personal de planta, hasta el momento no se cumplió. No hemos podido articular trabajos, se hacen algunos pero muy pocos, sin organización y sin metas técnicas. Tampoco han dado respuesta a varias inquietudes que presentamos respecto de la actividad laboral de los trabajadores, como tampoco se avanzó en formar mesas técnicas, como se convino en la última reunión de la que participó el ministro”, aseguró Facundo Monticelli, secretario Adjunto del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP).
Integrados por representantes de las empresas, los sindicatos y los municipios, y presididos por un elegido del Gobierno provincial, siguen ofreciendo una imagen poco transparente para los sectores sindicales. “Los consorcios no rinden cuentas, son cajas oscuras porque nadie las controla”, aseguran, explicando que los presidentes poco y nada pueden decidir, al estar en minoría cuando se vota en los directorios. Y lanzan: “El poder lo tienen las grandes empresas, sobre todo las cerealeras y las petroleras, que manejan los consorcios”.
En el caso de Bahía Blanca o San Nicolás, donde el Gobierno designó a los peronistas Federico Susbielles y Cecilia Comerio, respectivamente, los nuevos titulares de la presidencia se ven en problemas para imponer criterios, ante una mayoría que conforman empresas y funcionarios sobrevivientes de la gestión Cambiemos.
En varios de ellos se registraron denuncias, que hicieron poner la mira en los números de los consorcios a las autoridades, cuando recién llegaban a sus despachos. Algunas de ellas fueron desde un sospechoso dragado en San Nicolás, sin intervención de la Autoridad Portuaria en los controles barimétricos (medición de las profundidades marinas para determinar la topografía del fondo del mar), hasta señalamientos sobre el ente marplatense, a raíz de la situación en los muelles, las denuncias por contaminación o la falta de control sobre la contaminación respecto de barcos hundidos muchos años atrás.
La estela de sospechas llega hasta el Puerto La Plata, donde el saliente Presidente del Consorcio, Pedro Wasiejko (ahora a cargo del Astillero Río Santiago) dejó en la terminal capitalina algún que otro escándalo por resolver.
El dirigente gremial, cercano al intendente de Ensenada, Mario Secco, y excandidato a senador en las elecciones del 2019 por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, se puso en la mira de los trabajadores por otorgar un negocio de más de 2 millones de pesos para formación a Eduardo Mejanovsky, titular del Centro de Estudios de Formación Sindical (CEFS), un hombre de su confianza y su socio en la CTA.
Los sindicatos portuarios también lo acusaron de haber quitado un premio por productividad a los trabajadores, además de nombrar a varios colaboradores con contratos de asesoría por montos que superaban los 100.000 pesos. Uno de estos contratos, señalaron desde la representación gremial, fue otorgado a Patricia Isasa Indiana, esposa de Ariel Basteiro, extitular del astillero bonaerense.
Pedro Wasiejko
Historial de denuncias
Sin olvidar, claro está, otros escándalos de la gestión Vidal (Rodrigo Silvosa era el subsecretario, por entonces) como la denuncia sobre el canje de parte de la deuda de la multinacional Shell por trabajos que debiera realizar la Provincia, y que hacen las propias empresas sin control ni certificación alguna por parte de los expertos del área.
Además, el sector gremial cuestiona designaciones como las de Juan Leonardi, gerente de Asuntos Legales del consorcio del puerto de Dock Sud, a cargo de Carla Monrabal. El funcionario, sostienen, fue uno de los responsables de los despidos masivos ocurridos en el Hospital Posadas, donde actuaba como gerente de Recursos Humanos. “¿Es un premio por su accionar en el hospital?”, se preguntan entre sorprendidos e indignados.
Monticelli, aseguró que “No se entiende, o sí, por qué se pormite un monopolio en el Puerto Dock Sud. Con mirar las empresas que ganan las concesiones se puede ver quién es el dueño del puerto”. En este sentido, explicó que “las empresas, que forman parte del consorcio, tienen una o dos concesiones cada una, a lo sumo tres. Pero en Dock Sud, las grandes como Exolgan o Loginter tienen más del 60% de todas las concesiones entre las dos”.
Aquí radica otra de las cuestiones que aún no se han revertido: las obras que se realizan sin intervención de los técnicos de la repartición, con sede en Ensenada, entre ellas las de dragado. Además de observar que “desde que asumieron, ni Lucero ni los demás directores que nombró aparecieron nunca por el edificio de la subsecretaría”, desde el SUTAP aseguraron a La Tecla que “todo sigue igual o peor, no hay participación del personal especializado en tareas de control”.
¿Resultados? En cuanto a investigaciones, ninguno, a pesar de que el propio ministro de Producción, Augusto Costa, señalara: “Estamos investigando situaciones irregulares”, a poco de asumir su cartera.
A estas alturas no pareciera haber disposición para meter mano en la caja de los consorcios, que no rinden cuentas al Estado y, según los gremios, no aportan al Fondo Provincial de Puertos.
En tal sentido, recuerdan que cuando fueron creados, en tiempos de María Eugenia Vidal, los últimos tres consorcios (San Nicolás, Dock Sud y Coronel Rosales), se hizo por decreto, comprometiéndose a pagar con fondos del Estado algunas obras que se terminaron luego de creados los nuevos esquemas. La Autoridad Portuaria debe mantener, casi sin ingresos, a un centenar de empleados, y hacerse cargo de sostener el funcionamiento de un edificio con sus respectivos servicios.
Intervención, sin novedad
El arribo del nuevo Gobierno a la calle 6 de La Plata, sede del Ejecutivo, significó, además, una esperanza para quienes criticaron la “privatización encubierta” que significó la creación de los consorcios. Se oyó, incluso, el término “intervención” para retrotraer la situación, aunque todo requiere de una minuciosa ingeniería.
Es que los que se encuentran enclavados en Bahía Blanca y Quequén, por caso, fueron creados por ley, lo que obligaría a sancionar una nueva norma en la Legislatura para modificar su status legal.
En el caso del resto, incluidos los ya mencionados de San Nicolás, Dock Sud y Coronel Rosales, vieron la luz a través de un decreto, con lo cual sería suficiente otro, que derogue los anteriores.
Ley de puertos: ni mu
Enero de 2020. Pocos días después de proceder a la jura de sus cargos, los funcionarios de Kicillof lanzaron un desafío referido a los puertos provinciales.
“La provincia de Buenos Aires es el frente marítimo más grande de todo el país y como frente marítimo tiene los puertos más importantes. Por distintas leyes y resoluciones a lo largo de los años, los puertos están en manos de consorcios, semi administrados, por los municipios y los consorcios. Los consorcios son prácticamente consorcios privados y lo poco que tributan forma parte de la propia dinámica del consorcio, digamos la provincia prácticamente no percibe ningún ingreso por la actividad portuaria”, aseguró por entonces la ministra de Gobierno, María Teresa García.
La funcionaria hizo referencia al perjuicio económico que significó el cambio de figura jurídica, evaluando que “la recaudación estimada con grabar la actividad de los puertos era aproximadamente de 4 millones de pesos, muy necesarios para la provincia, no solamente para el tema de escuelas o de salud, sino para la propia dinámica del traslado de la producción, mejora de caminos rurales, infraestructura cercana a la actividad portuaria”.
El tratamiento del Presupuesto 2020 encontró al oficialismo intentando gravar la actividad portuaria, chocando con la cerrada negativa del entonces espacio de Cambiemos. El gravamen fue eliminado.
“En el Presupuesto del año pasado se incluyó un impuesto extraordinario de Ingresos Brutos para las actividades portuarias, que era por única vez. Sin embargo, lo repitieron en 2021. Igual, es la mitad de lo que querían imponer como gravamen permanente, con una tasa fija”, aseguró a La Tecla el diputado Santiago Passaglia, de Juntos por el Cambio, uno de los que se opuso con firmeza al intento oficialista de facturar a los puertos.
El Gobierno no solo amagó con retrotraer la situación legal de las terminales, dando por tierra con los consorcios, sino también con enviar a la Legislatura una nueva Ley de Puertos. El objetivo, ratificado por el mismísimo ministro Costa, era incluirlos dentro de los planes productivos bonaerenses, ya que no aportan a las arcas del Estado desde que se transformaron en consorcios.
“Al igual que lo que sucede con muchas temas, en esto de la Ley también amenazaron pero no concretaron”, aseguró el legislador de San Nicolás, sin tener noticias de ningún proyecto presentado. En el Senado, la misma situación: nada de nada.
Durante el transcurso del debate, la oposición señaló que el intento de imponer una tasa fija a los puertos atentaba contra la estabilidad de las terminales, y de las fuentes de trabajo, argumentando que, en caso de aprobarse, muchas empresas dejarían de operar con los de la Provincia y pasarían a hacerlo desde y hacia los enclavados en otras provincias, como Santa Fe.
Las terminales
La provincia de Buenos Aires cuenta con más de 200 puertos, en su mayoría privados y recreativos, pero también los hay comerciales e industriales.
En total son nueve los puertos que se explotan y administran a través de
Consorcios de Gestión, entes públicos no estatales. De ellos, ocho poseen fines comerciales e industriales y solo uno tiene fines recreativos: el puerto de Olivos.
Las terminales comerciales bonaerenses, con sus presidentes, son:
San Nicolás: Cecilia Comerio
San Pedro: Sr. Marcos Eliseo Almada
Dock Sud: Carla Monrabal
La Plata: José María Lojo
Mar del Plata: Gabriel Felizia
Quequén: Jorge Álvaro
Coronel Rosales: Rodrigo Aristimuño
Bahía Blanca: Federico Susbielles