La reglamentación de la ley que prohíbe las reelecciones cuando se transiten los dos períodos consecutivos deja una puerta abierta para que algunos puedan aventurar un tercer mandato en 2023. Los casos legislativos que ponen a prueba la estrategia este año.

Un decreto permite la gambeta de intendentes y legisladores para buscar la re-re-re

Rosío Antinori asumió como diputada provincial el 10 de diciembre de 2015, en reemplazo del electo intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay. En 2017 fue en la boleta de Cambiemos e ingresó nuevamente a la Cámara baja. Ahora aparece cuarta en la lista interna patrocinada por el Pro en la alianza Juntos, con aspiraciones a un nuevo mandato.

Mariano Cascallares fue electo intendente de Almirante Brown por el Frente para la Victoria en 2015 y reelecto en 2019 por el Frente de Todos. Este año encabeza la lista de la Tercera sección electoral y el 10 de diciembre asumirá como diputado provincial.

¿Qué tienen en común una legisladora de la Sexta sección enrolada en la oposición con un intendente peronista del populoso Conurbano? Ambos exploran, de distinto modo pero con el mismo objetivo, una estrategia para hacerle una gambeta a la Ley 14.836, que prohíbe las reelecciones por más dos períodos consecutivos. Un artículo en el decreto reglamentario de esa norma es el que habilita la maniobra.

Queriendo o no, con la candidatura de la legisladora tresarroyense, Juntos hace punta en un tema que preocupa desde hace mucho a la mayoría de los intendentes que transitan su segundo período o más al frente de una comuna, sobre todo a los alcaldes peronistas de la Primera y Tercera sección. La mayoría quiere tener la chance de poder renovar en 2023, por un lado porque no hay salida hacia arriba (cargos legislativos o ejecutivos) para todos y por el otro porque los caciques con final anunciado comienzan a tener pronto problemas internos por la sucesión.

Más allá de la curiosidad de que Antinori es parte del bloque que votó la ley acompañando al massismo (el único bloque que se opuso fue el del FpV) y que hoy busca hacerle una finta a la norma, su postulación es la prueba de fuego para la interpretación de la regla y sus alcances. Si no aparecen impugnaciones y la Justicia permite que continúe como candidata, quedará el camino libre para que otros legisladores o jefes comunales hagan valer el mismo concepto por el cual la legisladora de Juntos por el Cambio se presenta ahora.

Ese argumento es sencillo y encuentra el fundamento en el artículo 1 del decreto reglamentario, que firmaron la exgobernadora María Eugenia Vidal, el por entonces Jefe de Gabinete, Federico Salvai, y el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre. El texto dice, casi sin dejar lugar a dudas que “la prohibición de reelección para un tercer mandato consecutivo establecida abarca a quienes habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo mandato consecutivo, hayan asumido sus funciones y ejercido por más de dos (2) años, continuos o alternados”.

En una palabra de tres letras está toda la clave. “MAS” de dos años continuos o alternados dice el decreto que reglamentó la ley celebrada hace cinco años por la política, que juega de puritana pour la gallery pero vitupera en privado las consecuencias que “lo políticamente correcto” le significa a lo “políticamente práctico”.

La interpretación llana del artículo establece que a Antinori, por caso, no deberían computársele como mandato los dos años que ejerció como legisladora en reemplazo de Gay. Cascallares, en tanto interrumpirá su mandato al frente de la populosa comuna de Almirante Brown con una licencia antes del 10 de diciembre de este año, y de esa manera su mandato quedará trunco antes de cumplirse los dos años de gestión. Incluso, algunos hilan mucho más fino y agregan para los días de descuento las jornadas de licencia por vacaciones u otras cuestiones que los jefes comunales sacan cada año.

En la misma posición que el intendente de Almirante Brown están los jefes comunales con licencia de General San Martín, Gabriel Katopodis, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Ambos son ministros en el Gabinete Nacional. En el caso de Katopodis, apenas asumió pidió la licencia para pasar a conducir al ministerio de Obras Públicas. Ferraresi, en tanto, llegó a la cartera de Hábitar después de estar a cargo de la intendencia durante un año. Ahora se sumaría Juan Zabaleta. El alcalde de Hurlingham asumiría al frente de Desarrollo Social en breve.

Los cuatro quedarían habilitados para ir en busca de otro mandato al frente de sus respectivos distritos en 2023, si es que el deseo de los jefes comunales de revisar la ley 14.836 no termina por concretarse. Más allá de las promesas existentes por parte de Alberto Fernández y Máximo Kicrhner de que se buscará la vuelta para darles una chance más, que el tema no se haya resuelto este año genera desconfianza entre los popes peronistas del Conurbano. Por eso algunos se anticipan y comienza a buscarle la vuelta motu proprio.

Una consecuencia de esta maniobra es que muchos alcaldes podrían presionar para buscar salidas en los Ejecutivos nacional y provincial que les permita alejarse un poco de sus distritos durante los próximos dos años para después buscar la re-re, que además tiene otro beneficio: como el actual no sería considerado un período completo, la elección de 2023 podría ser considerada como la primera y eso habilitaría a otro mandato en 2027. Lo que se dice una gambeta triunfal a una ley que los condiciona pero les dejó en su reglamentación una evidente vía de escape.

Lo mismo podría pasar con los legisladores, y con los concejales que piden licencia en los deliberativos para acompañar a los intendentes en cargos del Ejecutivo local. De hecho, como lo hace Antinori en una de las listas de diputados de Juntos por la Sexta sección, en la papeleta de concejales del Frente de Todos de Ituzaingó aparece Pablo Piana, actual presidente del Concejo, quien fue elegido por primera vez en 2013 y reelecto en 2017. ¿Por qué se presenta si fue electo dos veces consecutivas? Porque no asumió como concejal debido a que pasí a ocupar un cargo en el gobierno de Alberto Descalzo.

Un caso testigo en la Leguislatura podría ser, a futuro el de Teresa García, actual ministra de Gobierno de la Provincia, candidata en segundo término en la boleta del Frente de Todos de la Primera sección. García fue electa senadora en 2017 y en diciembre de 2019 asumió en el gabinete de Axel Kicillof. Por lo tanto, la elección de este año contaría como la primera para ella, que no debería tener inconvenientes para volver a presentarse en 2025.

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