Este jueves por la tarde, el Frente de Todos presentó un proyecto de Ley de Alquileres en busca acercar una solución al problema habitacional en la Provincia, regulando las condiciones para que las y los inquilinos, tanto de propiedades urbanas como rurales, tengan la protección del Estado a la hora del ingreso a una vivienda.
La iniciativa, a cargo del senador Francisco ‘Paco’ Durañona, contó con el respaldo del presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, la Unión de Consumidores Argentina, la Defensoría del Pueblo y Asociaciones de Inquilinos y Consumidores bonaerenses.
La imisma establece la obligatoriedad de la publicación de los honorarios y alicoutas en los locales y páginas webs de las inmobiliarias y martilleros públicos; como así también que la solicitud de informe de dominio en el Registro de la Propiedad, las certificaciones de firmas, la averiguación de informes de garantía, honorarios y cualquier otro gasto relativo a los trámites por locaciones de inmuebles urbanos o rurales será costeado por el propietario/a.
En este sentido, Durañona sostuvo que “hay que quitarle presión a los inquilinos de gastos que no corresponde que hagan ellos. La importancia de generar y garantizar las condiciones necesarias para quienes viven en distintos territorios, sea en grandes ciudades o pequeñas localidades, tengan acceso a los mismos derechos por igual”.
El proyecto presentado esta tarde, se encuentra vigente en La Pampa, Ciudad de Buenos Aires y Río Negro y fue trabajado en conjunto con la Federación de Inquilinos Nacional. Gervasio Muñoz, su titular, expresó en la presentación que “hay que entender que somos cada vez más inquilinos y se concentran las viviendas en pocas manos. El acceso a la vivienda tiene que ser política de Estado. Si el Estado participa se puede vivir dignamente”.
La iniciativa establece que, para el caso de locaciones con destino a vivienda única, de ocupación permanente, la solicitud de informe de dominio en el Registro de la Propiedad, será sin costo para los/as locatarios en los futuros contratos de locación en el que se los soliciten, estando a cargo con la Ley, de las/os locadores.
Por su parte, Adriana Malek, de la Unión de Consumidores de Argentina expresó que “dado el contexto de la pandemia el año pasado el tema de alquileres fue un tema de preocupación para familias o personas que debían renovar o conseguir una nueva vivienda. Estas familias enfrentaron endeudamiento, por eso nos parece fundamental este proyecto”.
En este sentido, Jeronimo Guerrero Iraola, del área de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que “han habido situaciones muy diversas que vimos el año pasado en materia de reclamo de inquilinos, tuvimos un aumento del 500 por ciento de reclamos. Lo que hay que entender es que ésta es una situación sociológica, las normas inciden sobre conflictos sociales puntuales. Hay una necesidad de ir dotando de institucionalidad para poder estar ahí en los lugares y situaciones conflictivas”.
El proyecto, además, establece que el 4% de honorarios para el arrendamiento de casas urbanas y rurales, carga que actualmente se divide entre los locatarios y locadores, será exclusiva de los propietarios.
“No es que las inmobiliarias pierden ese dinero, sino que quien deberá pagar el trabajo de la inmobiliaria, es aquella que tiene viviendas en alquiler. La implicancia se fundamenta en los inquilinos ya que “para un alquiler de 30 mil pesos en la Provincia, necesitas 130 mil y con este proyecto bajaría muchísimo este obstáculo para los inquilinos”, explicó Muñoz al tiempo que el Senador afirmó que “el objetivo del proyecto es acercar una solución al problema habitacional en la Provincia de Buenos Aires con una lógica de arraigo, generando un alivio económico al sector de inquilinos, que son quienes enfrentan la mayores cargas”.
De la presentación también participaron: el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyente (ACUCC), Acción del Consumidor (ADELO), Asociación Civil Cruzada Cívica para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Coordinación de alquileres de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CIAP), Ni Una Menos, la Municipalidad de Morón, Inquilinos Agrupados, Inquilinos Agrupados Bahía Blanca, Inquilinos Tandil, la Asociación Platense de Inquilines, Inquilinos Lomas, Inquilines Mar del Plata, Inquilinxs Tres de Febrero, Inquilinos Unidos Vicente López, Inquilinos de Quilmes. |
