La asistencia estatal vuelve a estar en el foco de la tormenta, por la necesidad de reactivar la economía, el poder que lograron los movimientos sociales y la puja de intereses en el interior de la gestión del Frente de Todos. El Gobierno de Alberto Fernández reparte millones de pesos, que en su mayoría se canalizan a través de las organizaciones, pero estas exigen más y sacan a relucir su poder de fuego en multitudinarias marchas.
Las organizaciones sociales contrarias al Gobierno vienen expresando su descontento desde hace tiempo, pero no son las mayoritarias. Ahora, las protestas empiezan a ebullir desde los sectores sociales afines. La marcha el día de San Cayetano encendió todas las alarmas: el poder de concentración piquetero supera al de cualquier espacio político, y están decididos a usarlo en la búsqueda de más recursos para repartir.
En el interior de La Cámpora, que disputa poder territorial con movimientos como el Evita, se escuchó una reflexión amarga: “Sostenemos con plata del Estado a estas organiaciones y ahora se están volviendo contra el propio Estado que las banca”. En el fondo, lo que hay es una puja por el manejo de la ayuda para los excluidos del sitema, y también, por el control político de la calle.
El Gobierno nacional tiene 85 programas sociales con diversos propósitos, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, según consigna la Guía de Planes Sociales del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO); mientras que en la provincia de Buenos Aires hay 22 programas dependientes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
Fuentes de la cartera de Desarrollo Social de la Nación explicaron a La Tecla que “el único plan social que existe” es el Potenciar Trabajo, que atiende a un millón de personas y unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario, mientras que los demás son “programas sociales abiertos en los que entra y sale gente”. Potenciar Trabajo es el plan que los movimientos sociales exigen cuando reclaman más recursos.
Por otra parte está la Tarjeta Alimentar, una iniciativa insignia del breve período prepandemia de la gestión Fernández, que abarca a 4 millones de personas. Si se le suma que el Estado atiende a 6 millones de habitantes que asisten a comedores sociales, da como resultado que el Gobierno nacional alimenta a 10 millones de personas, casi un cuarto de la población argentina.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) marcó que el índice de pobreza alcanzó al 42 por ciento de la población en el segundo semestre de 2020 y un 10,5 de las personas se encuentran debajo de la línea de indigencia. La ayuda es una obligación.
¿Quién es quién?
Desarrollo Social tiene un nuevo titular desde la semana pasada: Juan Zabaleta, uno de los alcaldes peronistas del Conurbano con mayor llegada a Fernández. La cartera también fue pretendida por La Cámpora. Las tensiones llegaron al punto de que en el cierre de listas, el por entonces intendente de Hurlingham amenazó con ser candidato testimonial a concejal, hasta que finalmente firmó la paz con la agrupación K. Daniel Arroyo, antecesor de Zabaleta, le solicitó al Presidente la salida elegante del ministerio y es candidato a diputado nacional. Las tensiones con los movimientos sociales lo habían desgastado.
La alineación de las organizaciones con el Gobierno es dispar. El Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie se encuentran entre las cercanas, al punto de tener presencia en el Ejecutivo nacional y en Diputados. En el medio está el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois. Si bien se había encuadrado con el Frente de Todos en las elecciones, el dirigente cercano al Papa Francisco suele tener fuertes cruces con el oficialismo. “La paz social está en peligro”, dijo.
Finalmente están los que no se alinean con la gestión del peronismo, como el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Herrera y la Agrupación Aníbal Verón, entre otros.
¿Qué hacer?
Sobrevuelan en los últimos meses en el ámbito político discursos e iniciativas sobre qué hacer con los programas sociales. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, pule un proyecto para beneficiar impositivamente a empresas que den trabajo registrado a beneficiarios de planes y que, además, tengan “fines educativos”, ya sea escolares o de oficios.
Otra propuesta vino del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, quien propuso un ingreso universal de base, similar a la Asignación Universal por Hijo, de ANSES, y unificar todos los planes y programas. La idea del dirigente de La Cámpora estaba avalada por Arroyo. Zabaleta buscaría avanzar en el mismo sentido. Los intendentes lo ven como una salida para recuperar cierto control sobre los programas sociales.
Incluso la propuesta tendría cierto aval de las organizaciones. El diputado Itaí Hagman, cercano a Grabois, trabaja en un proyecto de ley al respecto.
Sin embargo, el obstáculo es el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien no avalaría una mayor erogación por parte del Estado que genere un desequilibrio fiscal.
Desde el arco opositor, Emilio Monzó, precandidato a diputado nacional de Juntos, propuso que sean los intendentes los que manejen los programas sociales. En el peronismo todavía se preguntan cómo se llegó a este estado donde el control de los barrios populares excede a los alcaldes y las agrupaciones políticas.
La tradicional movilización por San Cayetano tuvo este año un condimento extra: las organizaciones sociales pusieron en marcha toda su maquinaria logística y nutrieron la convocatoria de la procesión. Todo esto, en vísperas de la llegada de Zabaleta al ministerio.
El “comité de bienvenida” al exintendente de Hurlingham también se extendió al día de su asunción, en el que el Polo Obrero acampó frente a Desarrollo Social.
Pese al despliegue, no tuvieron la virulencia del reclamo del Movimiento Teresa Herrera el 5 de agosto en la Municipalidad de Lomas de Zamora, cuando le reclamaron a Martín Insaurralde trabajo, obra pública en los barrios, mejoras en la salud pública y mayores recursos para los comedores y merenderos. En respaldo al alcalde lomense salieron varios de sus pares peronistas, además de su vecino del PRO, el lanusense Néstor Grindetti. También hubo repudio al reclamo por parte del Partido Justicialista de la Provincia.
Desde el entorno del renunciado Daniel Arroyo advierten que las organizaciones sociales van a presionar cada vez más a medida que se acerquen las elecciones para conseguir más poder, que va desde mayor cantidad de recursos hasta cargos. También quedaron heridas del cierre de listas. Daniel Menéndez (Barrios de Pie) apenas quedó en el puesto 16 de la boleta de diputados nacionales del FdT. No llegaron a tener el mismo peso que los intendentes o La Cámpora, rivales en la puja por el poder de convocatoria y el control de la calle.
Las organizaciones, que con el tiempo lograron concentrar cada vez más adeptos, porque quienes no reportan a alguna de ellas tienen más dificultades para conseguir ayuda, piden más planes Potenciar Trabajo (que tiene medio salario mínimo) y más alimentos.
La tensión entre movimientos sociales y los sectores que integran el Gobierno nacional promete más capítulos. Se verá si hay un recrudecimiento de los reclamos con el correr del año electoral, ya que, pese a todas las disputas por los fondos y el poder, la pandemia todavía no cesó.
Juan Carlos Alderete
“Esto es peor que en el año 2001”
-¿Qué análisis hace sobre la situación social y económica?
-Es sensible, hay dificultades. El problema social se ha agravado, la falta de trabajo, la pobreza. Eso, todo el mundo lo sabe. En este sentido le pedimos a nuestro Gobierno que ayude en lo económico. Sabemos que lo está haciendo, se han tomado una serie de medidas económicas para ayudar a los que están muy mal. Están jugando un rol tremendamente importante en la política y en medio de la pandemia las organizaciones sociales, ya sea la Iglesia Católica, la Evangelista, los clubes de barrio, sociedades de fomento, que es tratar de solucionar los problemas a los que más necesitan. Pero la frazada sigue siendo corta, no alcanza. El Estado tiene presencia donde no la tenía desde hace muchísimos años, pero las necesidades son cada vez mayores.
-Hay una intención de empezar a andar un camino de desarmar los planes.
-En eso somos contundentes. El año pasado presenté un proyecto de ley sobre Tierra, Techo y Trabajo, que está todavía cajoneado, con 38 firmas de diputados y diputadas nacionales, bloques distintos que lo han acompañado. Es un pequeño aporte a la solución, no solo habitacional sino también al trabajo, porque para los campesinos que producen alimento y no tienen tierra el arriendo es cada vez más alto. El Estado se tiene que apurar porque, realmente, las necesidades se agudizan cada vez más. Esto se ha hecho desde 2004 a 2015, donde la economía comenzó a levantar nuevamente, la industria, el comercio, las Pymes. Se necesita mano de obra calificada, hay que acompañar también a la economía informal. Muchos son muy jóvenes para jubilarse pero muy viejos para iniciarse. Con 40 años, ya los empiezan a desechar. Hay que tomar medidas económicas de forma urgente. Los alimentos aumentan todos los días. El Estado tiene las herramientas legales y debe aplicarlas.
-¿Cómo está la situación interna en el Frente de Todos?
-Hay cuestiones que crítico, pero mantenemos la unidad del Frente de Todos. Voy a militar las 24 horas para que vuelva a ganar en estas elecciones intermedias, y no quisiera que volviera el Gobierno de Macri, que tanto daño ha causado en nuestro pueblo.
-¿La paz social está en peligro?
-A cualquiera que convoca para un reclamo la gente lo sigue porque tiene necesidad. Algunos aventureros pueden hacer desmanes. Son cuestiones que estamos viendo y le pedimos al Gobierno que hay cuestiones que deben acelerarse y no quedarse solo en el anuncio, o en la pequeña obra pública. Lo hemos vivido en carne propia en 2001, y esto es peor que en el año 2001, porque entonces no había tanta falta de trabajo, de la changa. El salario de la economía formal se ha deteriorado de forma tal que ni siquiera pueden reformar la casa; entonces, las changas son cada vez menos. La desesperación de muchas familias ha aumentado.
Eduardo Belliboni
“Los planes son una desgracia que inventaron los gobiernos”
-¿Cómo ven desde el Polo Obrero el cambio de ministro de Desarrollo Social?
-El cambio de ministro es solo eso, pero no es inocuo e inocente. El que sale es alguien conocido por su capacidad técnica. Las primeras declaraciones de (Juan) Zabaleta no son muy agradables respecto a (Daniel) Arroyo, porque dice que será un ministerio de puertas abiertas y diálogo. El anterior también, el problema es que no había soluciones. Estamos hartos de escuchar a todos los ministros de Desarrollo decir que van a cambiar los planes sociales. Eso no lo tienen que hacer ellos, sino el Ministerio de Economía, que es el que resuelve las políticas económicas, que en este caso devienen en un ajuste, salarios a la baja y, por lo tanto, caída del consumo y cierre de empresas. Ese círculo vicioso termina repercutiendo en personas que no tienen trabajo. La crisis, la pandemia y la situación económica que es abordada por la estrategia del Gobierno nacional por un ajuste es lo que producen los desocupados. Por otra parte, los planes sociales son trabajo. Todos los programas son con contraprestaciones, realizan tareas en las plazas, en las rutas, en los comedores, reciclados u otro tipo de tareas. Entonces, cuando los ministros de Desarrollo Social dicen que van a transformarlos en trabajo... ¿va a abrir una fábrica el ministro? No conocemos en la historia que un ministro de Desarrollo Social se haya puesto a crear trabajo. Es simplemente un eslogan. Por otro lado, el cambio no es inocuo porque ponen un hombre de la política que es representante de los intendentes del Conurbano, que están pasando un momento crítico porque perdieron mucho poder en el territorio. Por lo tanto quieren recuperarlo a través de una caja enorme como la de Desarrollo Social, que ellos ven como es disputada por las organizaciones oficialistas, entre estas, los intendentes. Los intendentes perdieron el territorio por la política, por el ajuste. Porque la gente que votó a este Gobierno está desilusionada, y ese es el problema.
-¿Qué opinión tiene con respecto a las organizaciones sociales que están alineadas con el Gobierno nacional?
-Para nosotros es un error. Hay dirigentes de organizaciones sociales, algunos a los que respeto mucho, que se ponen del lado de un gobierno de ajuste, entonces dejan de representar los intereses de los compañeros. La gente que está en el movimiento de (Juan) Grabois, (Emilio) Pérsico o (Daniel) Menéndez siguen cobrando la miseria de 14.000 pesos que son los planes sociales. A la gente no lo representa alguien que deja de reclamar lo que debe y pasa a ser funcionario de un gobierno de ajuste. Si ven la marcha de San Cayetano, tiene elementos contradictorios: estaba encabezada por funcionarios, con gente que tiene una bronca bárbara con el Gobierno, pero no hablaron en contra de la gestión nacional.
-¿Hay también algo de puja política en el malestar de algunas organizaciones con el Gobierno, teniendo en cuenta el reciente cierre de listas?
-Es otro elemento en la interna del Gobierno, como también lo es la designación de Zabaleta. Arroyo era equidistante de todas esas tensiones, y ahora hay una persona definida claramente en una de las fracciones en pugna al interior del Gobierno.
-Se mencionan varias ideas sobre modificar los planes para que tengan salida laboral o se conviertan en trabajo. ¿Cómo les caen estas propuestas?
-Todos los gobiernos les cambiaron el nombre, pero son todas pavadas, porque el problema es la economía. Los planes sociales son una desgracia que inventaron los gobiernos, no algo que pidan los movimientos sociales. Lo que queremos es trabajo genuino. El régimen social en el que vivimos está todo mal, no está dirigido a la producción y el hombre. La variable de ajuste es el salario y las jubilaciones. En la medida que esto sea así, cae el poder de compra, también el consumo; por lo tanto se produce menos y aumenta la recesión que ya existe.
Daniel Menéndez
“Hay que escuchar y mejorar las condiciones de vida de la sociedad”
-¿Cómo ven desde los movimientos sociales el cambio de ministro de Desarrollo Social?
-Primero, tenemos una enorme valoración de la gestión de Arroyo, dejó la vara alta para llevar a adelante la política social en la Argentina. Hay un cambio de etapa con el proceso de vacunación, una vuelta de página de la pandemia, para pensar una política social que esté en el marco de la reconstrucción de la Argentina. En esta salida de la pandemia hay un desafío que tiene que ver con la transformación de la política social, un pasaje de una política asistencial masiva y de la red que se construyó para cubrir las necesidades y desafíos que significó la pandemia, para pasar a una salida desde la producción y el trabajo. En principio vemos en sintonía a Zabaleta en ese horizonte y creemos que hay un camino de mucha expectativa en poder avanzar en una transformación de las políticas sociales desde una lógica de trabajo.
-Se mencionan varias ideas desde el oficialismo y la oposición sobre modificar los planes para que tengan salida laboral o se conviertan en trabajo. ¿Cómo ven desde los movimientos sociales estas propuestas?
-Yo creo que hay una mirada más sencilla, que es más autocrítica de la clase política, y una concepción que se fue acuñando en este tiempo, vinculada con el plan social como una salida temporal a un subsidio para una parte de la sociedad que quedaba por fuera de un mercado de trabajo; y este, por más que haya habido períodos de auge y crecimiento, no generó la cantidad de empleo para incorporar a la gente que había expulsado. Lo que fue una respuesta temporal a mediados de los ‘90, que fueron los planes sociales, se confirmó como una respuesta crónica por parte de la clase política en su conjunto y fue una muestra de una pereza mental para pensar nuevos horizontes en términos de cambiar la política social. Creemos que hay que avanzar nítidamente en un cambio de paradigma y mirar a nuestra gente, que cuando se quedó sin trabajo desde mediados de los ‘90 y con las crisis recurrentes o dificultades para acceder al mercado formal de trabajo, lo que hizo fue trabajar (en el sistema informal). Lo que tiene que hacer la clase política es una autocrítica y no echarle la culpa a la gente, diciéndole que son vagos o no quieren laburar, ni a las organizaciones sociales, sacándose de encima la responsabilidad de haber construido un esquema de políticas sociales asentadas en los subsidios. Tiene que haber políticas de ingresos, tributarias, de comercialización y de fortalecimiento a la producción en máquinas, herramientas y condiciones de trabajo, que permitan mirar más lo que se produce y ahí construir un escenario de inclusión sobre la base del trabajo.
-Los movimientos sociales tuvieron una fuerte convocatoria en la celebración de San Cayetano. ¿Cree que hay recelos por ese poder de movilización y de llegada en el Gobierno en sectores del Frente de Todos, como los intendentes o La Cámpora?
-Yo creo que el Frente de Todos es uno de los puntos más altos del campo popular en la historia de nuestro país. Es un conglomerado de identidades y concepciones que tienen puntos en común. En lo que es nuestro espacio, es cierto que los movimientos sociales tenemos una idea y una lógica participación política que es diferente a otros espacios y que, por tanto, hay lógicas permanentes que tienen sus puntos que expresan diferencias, pero se convive en un conjunto más amplio de coincidencias que nos permiten avanzar.
-¿Qué le genera escuchar a Juan Grabois decir que “la paz social está en peligro”?
-A Juan, cuando habla hay que escucharlo. Es un compañero que tiene mucho para aportar, claridad en cómo ve la situación social y tiene un compromiso con el desarrollo de este proceso. No hay que enojarse, hay que tomar en cuenta su mirada.
Gildo Onorato
“La democracia tiene dificultades para ser estable con esta exclusión”
-¿Cómo ve al país?
-La situación social es bastante grave. Veníamos de cuatro años de una desarticulación importante del tejido social y productivo. Esta pandemia agarró a una economía muy frágil y la ha hecho sentir a esa fragilidad. Ha crecido la pobreza, ha crecido la indigencia. El Gobierno ha tenido políticas para intentar aminorar esos golpes, pero, evidentemente, es muy profundo lo que se está sufriendo. Sí vemos que pudimos evitar situaciones de desborde en el tejido social con la red comunitaria, junto con los movimientos populares, la Iglesia y los clubes, en articulación complementaria con la gestión pública. Aunque está claro que una democracia con 50 por ciento de pobreza, como vamos a tener a fin de año, tiene dificultades para ser estable y para que se pueda contener gran parte de las demandas sociales.
-¿Coincide con Grabois en que la paz social está en peligro?
-Evidentemente, la democracia tiene dificultades para ser estable con tantos niveles de exclusión. La agenda pública y las redes comunitarias estamos haciendo un gran esfuerzo, pero son décadas de atraso, décadas de exclusión, y nosotros advertimos que la situación es muy compleja. Esperamos que se puedan contener todas las dificultades. Entendemos que hay una gestión pública a nivel nacional y en las provincias que están trabajando para eso. Entendemos también que hay que frenar la política de transferencia de ingresos y destinar esa inversión en la generación o fortalecimiento de las experiencias de trabajo, sobre todo de la economía popular. Las políticas de transferencia hacia los sectores populares vía subsidios, vía planes no han sido efectivas para contener la indigencia, la pobreza y la desigualdad. El gran reactivador social es el trabajo.
-Desactivar los planes sociales para convertirlos en trabajo, ¿puede lograrse a corto plazo?
-La economía popular tiene registradas casi 3 millones de personas que trabajan. En un año se registraron 3 millones, al menos sabemos que esa población es de 6 millones, de los cuales sólo un millón cobra planes sociales. Hay que invertir productivamente, generar acceso al crédito no bancario, que es uno de los reclamos de la celebración de San Cayetano. Acceder al crédito, blanquear esa economía, darles incentivos y de, una u otra manera, que ese crecimiento implique fortalecimiento de las economías regionales, recuperar el arraigo de los pueblos, evitar el éxodo, la exclusión y generar trabajo.
-¿Cómo es la convivencia interna en el Frente de Todos, siendo que son críticos de la gestión?
-Para nosotros no es una contradicción, porque somos peronistas, y el peronismo se trata de empoderar y darles participación a aquellos que no han tenido poder. Hay que interpretar que la demanda social y la gestión pública son instrumentos complementarios en un Gobierno que tiene que convertirse en una herramienta de transformación de las injusticias que vivimos.
-¿El Gobierno perdió la calle?
-Durante la celebración de San Cayetano, la gran mayoría de los movimientos populares tenemos una mirada de acompañamiento al Gobierno.
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