LA TECLA PATAGONIA
19/08
Emergencia ígnea Lago Puelo: ¿Dónde está la plata?
Una denuncia presentada por la oposición abrió muchos interrogantes sobre el destino de los fondos nacionales que debían llegar a las familias afectadas por los incendios. En la mira de la Justicia quedaron el intendente Augusto Sánchez y parte de su Gabinete


La bella y tranquila localidad de Lago Puelo vive momentos de mucha tensión desde hace algunas semanas. El detonante fue una denuncia presentada por la oposición donde se acusa a la administración de Augusto Sánchez por presuntas irregularidades en el reparto de la ayuda económica que envió el Gobierno nacional luego de los incendios en marzo pasado. 

El fuego arrasó entonces con más de 14 mil hectáreas y afectó a diversos pobladores de la Comarda Andina. El Hoyo, Lago Puelo, Las Golondrinas, fueron las más perjudicadas quedando en muchos casos sin viviendas ni servicios. 

Desde entonces, el Gobierno nacional está enviando ayuda económica para reconstruir las viviendas y destinar a los pobladores afectados por los incendios. La oposición denunció que existieron supuestas irregularidades en el proceso de compras y además cuestiona la demora en la reconstrucción. Los vecinos afectados también se subieron a ese reclamo. La crisis se volvió política. El intendente Augusto Sánchez, pidió la renuncia a todo su Gabinete, algunos quedaron afuera y se filtraron audios polémicos de funcionarios. 

"Acá estamos re complicados, hoy el Intendente le ha pedido la renuncia a todos los funcionarios. No sé en qué va a terminar esto, la situación está harto compleja por el tema de las denuncias que, eso ya sabes que paralizó gran parte del trabajo porque no tenemos los elementos con que controlar los trabajos que hace la gente, los contratistas, las cooperativas. No tenemos forma de poder ver qué tenemos que pagarle a cada uno. Se sumó a eso el pedido de renuncia a todos los funcionarios. No sé qué va a hacer, de dónde va a sacar la gente para gobernar y seguir administrando la crisis, no lo sé. Puede ser que hayamos tenido equivocaciones y a veces las cosas no salen como realmente queríamos, pero no es por mala voluntad. No sé si podemos hacer algo a partir del lunes porque el fin de semana se evaluarían las renuncias (…) Esto genera un desconcierto tremendo en la gente, la verdad no sé en qué va a terminar esto. Lamento que las consecuencias de nuestra inoperancia repercute en la gente que es la que sufre. No estamos de acuerdo con esto, que sea así y se trate de esta manera esta situación. Algunos nos tendremos que ir a casa, pero a que hemos puesto el mayor esfuerzo (…) No sé qué pasa por la cabeza del Intendente, lo que está claro que la verdad es que habría que meterle 300 personas dentro del Municipio y prendérselo fuego, eso sería la realidad porque no está dando respuesta y el tema es de conducción, no de los funcionarios. Los funcionarios hacen lo que pueden con lo que él consigue”, sostuvo el ex secretario de Planificación Estratégica, Daniel Barigozzi. 

Declaración de emergencia 

La emergencia ígnea se declaró en varios municipios de la Comarca Andina en febrero pasado como consecuencia de varios focos de incendios que causaron daños irreparables. Específicamente en la localidad de Lago Puelo, la resolución fue firmada por el intendente del Frente de Todos, Augusto Sánchez el 5 de febrero.

 En marzo, llegó la declaración del Gobierno provincial donde se consideró “zona de desastre ígneo”. En ese sentido desde Provincia se prometió un desembolso de 10 millones de pesos para la emergencia ígnea que azota las zonas de El Maitén, Las Golondrinas, El Hoyo, Cholila y Cerro Radal.

Unos días después se aprobó un proyecto de ley en el Congreso nacional que declaró zona de desastre y de emergencia económica, social y productiva por 180 días a los departamentos de Cushamen y de Bariloche, en las provincias de Chubut y Río Negro, respectivamente, y a las adyacencias de la localidad de El Bolsón. 



La iniciativa establecía que el Poder Ejecutivo Nacional destinara para esa zona afectada por incendios forestales una partida especial para la asistencia de las personas y la reconstrucción de las economías afectadas.

Además, el gobierno debió ampliar los fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período de la declaración de emergencia en su ámbito geográfico, así como la adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las condiciones de vida de sus habitantes. 

La declaración de emergencia habilitaba, con carácter de urgencia, la asignación de partidas para la reparación y/o construcción de viviendas e instalaciones en las zonas rurales y urbanas afectadas o que resulten necesarias.

El desastre generado fue tal que el propio presidente, Alberto Fernández, estuvo en la Comarca Andina recorriendo la zona afectada. El comando de operaciones se montó en la localidad de Lago Puelo, allí llegaron varios ministros y funcionarios nacionales durante ese tiempo para acompañar a los intendentes. También legisladores nacionales y otros dirigentes provinciales. 

"Con toda decisión enfrentamos los incendios que asolaron a la Comarca Andina de Chubut. Por ese motivo nuestro ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandie, se instaló allí a comienzos de la semana coordinando las tareas de las brigadas que combatieron el fuego", señalaba el presidente en un hilo de mensajes publicados en su cuenta de Twitter.

“Me hice presente en Lago Puelo para poder conocer en detalle el alcance de tan terrible siniestro. Pude oír las demandas de los intendentes de la región y transmitirles el aporte del Estado Nacional para paliar los efectos de tanta desgracia. Mi eterna gratitud a todos y todas por tan enorme gesto de entrega y solidaridad", destacó Fernández.

A través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, el Ejecutivo nacional firmó un convenio con Lago Puelo, por el que le desembolsó $274 millones, de cuyo total $237 millones debían ser destinados a la construcción de 250 viviendas de emergencia (módulos)  y los restantes $36 millones para la adquisición de materiales con el objetivo de mejorar 91 unidades afectadas.  Este dinero fue girado directamente al Municipio que conduce Augusto Sánchez. 

Al mismo tiempo la cartera de Obras Públicas destinó $170 millones para el desarrollo de obras de infraestructura y para la provisión de agua y energía. El Ejecutivo también otorgó $200 millones en Aportes del Tesoro Nacional. Este dinero fue girado Provincia que tuvo la responsabilidad del reparto. 



La cartera de Desarrollo Social envió asistencia directa además a los damnificados de Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, Epuyén y Cholila, en Chubut; y el Bolsón, en Río Negro. Recibieron 5.000 kilos de alimentos, 10.000 kilos de cacao, 200 sábanas de una plaza, 100 mudas de ropa en talles variados, 250 paquetes de bolsas de consorcio, 2.000 pañales, 50 rollos de membrana, 50 rollos de nylon, 100 chapas, 150 colchones de una plaza y 200 frazadas, entre otros elementos de primera necesidad.

Denuncia por presuntas compras irregulares 

El concejal del partido vecinalista Crecer, Ramiro Ibarra, realizó a fines de julio pasado una presentación ante el Fiscal, Carlos Díaz Mayer, pidiendo la investigación de presuntos hechos irregulares en las compras realizadas durante la emergencia ígnea. La denuncia apunta directamente al Intendente, Augusto Sánchez, su vice Andrés Márques, secretarios y demás funcionarios municipales.
 

(Así son los  módulos habitacionales de emergencia )

En el texto se detalla que la denuncia se realiza por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, en procedimientos aplicados para compras en el marco del siniestro ígneo”. Según la exposición, Augusto Sánchez, el viceintendente Alejandro Márques, y otros funcionarios del Gabinete, “incurrieron en el gasto de una suma millonaria sin la debida autorización del Concejo Deliberante, y sin proceder a una licitación pública”.

Asimismo, según la denuncia las autoridades "omitieron procedimientos y modalidades establecidas para llevar acabo contrataciones por parte del Estado municipal, que debe hacerlo a través de licitación pública”.

En diálogo con La Tecla Patagonia, Ibarra expresó: “Desde el día uno del incendio estamos juntos a mis compañeros del bloque Crecer siguiendo este tema. Los convenios de ayuda nacional fueron rápidamente aprobados por el Concejo Deliberante. Después creamos un organismo de control para esos fondos, mediante una ordenanza para poder llevar un minucioso control de los fondos y que lleguen realmente a los damnificados. El Tribunal de Control de Fondos no se puso en vigencia. El Ejecutivo no lo quiso. Hicimos pedidos de informes que no se contestaron, entonces ahí comenzaron nuestras sospechas. Además vimos en el territorio que los módulos no están construidos y nos llegaban comentarios de proveedores que nos decían que ya habían cobrado”, sostuvo Ibarra. 




“La denuncia que presenté es por cuatro compras directas consecutivas a un mismo proveedor de la localidad de El Bolsón muy nuevo. Se trata de un ferretería pequeña de barrio, que abrió hace muy poco sus puertas. Se trata de compras importantes como 105 termotanques, 105 cocinas a gas. Compras muy importantes para una ferretería de barrio donde uno va a comprar tornillos. Hicimos algunos seguimientos y el proveedor tendría vínculos con altos funcionarios de la Municipalidad. Además, arranco a averiguar los precios. Y me encuentro con que había presupuestos menores. La denuncia se redacta como incumplimiento de los deberes de funcionario público teniendo en cuenta que se esquivó la Carta Orgánica que dice que para compra de bienes de forma directa se puede hacer hasta el monto de un sueldo del Intendente”, agregó el edil. 

El monto pagado por los bienes a esta ferretería es de más de 13 millones de pesos, según consta en la denuncia presentada. Además se investiga el presunto pago de sobreprecios en las compras realizadas. 


(Inodoros y termotanques comprados en la mira)

“Los fondos nacionales para los módulos de emergencia llegaron directamente al Municipio. Estamos hablando del dinero para 250 módulos, del cual llegó el 50%, es decir que deberíamos tener 125 módulos construidos a razón de unos 150 millones aproximadamente. Pasaron seis meses y todavía no hay ninguna familia viviendo en esos módulos”, explicó. 

Los módulos son una especie de container construido de manera muy básica para alojar de manera momentánea a familias cuyas viviendas fueron afectadas por el fuego. Son construcciones precarias de 3 x 8 cuyo presupuesto fue pautado en aproximadamente un millón de pesos por unidad  (ver foto). 

Hace pocos días, se presentó una segunda denuncia contra el Intendente. Lo hicieron otros tres ediles de la oposición. Se trata de Luciano Salvador Gambino, Andrea Elizabeth Lozada, Cristina Jara, y Rocío Lilén Zucarelli. 

Es por el incumplimiento de la ordenanza que contempla la puesta en funcionamiento de un tribunal de control de fondos nacionales y provinciales, recibidos por el Ejecutivo Municipal en el marco de la catástrofe ígnea. En el mismo  se habían designado a tres profesionales (dos contadores y un abogado), y dejaba abierta la posibilidad de incorporar un profesional del rubro de la construcción.

“No nos queda otra opción que recurrir a la justicia, porque todos los trámites administrativos los agotamos, y realmente es una cuestión de responsabilidad que tenemos con la gente que representamos”, sostuvo Zucarelli. 

Por su parte la radical Cristina Jara, indicó que tras agotar todas las vías de comunicación con el Ejecutivo, decidieron dicha presentación judicial “para tratar de establecer una vía más de comunicación”, al tiempo que insistió que al día de hoy no han tenido acceso a la lista completa de damnificados por el incendio. 

La palabra oficial 

La Tecla Patagonia intentó hablar con el intendente, Augusto Sánchez para conocer su posición respecto a las dos denuncias recibidas por parte de los ediles de la oposición. El mandamás no contestó los requerimientos de este medio. Las únicas declaraciones que hizo sobre el tema fueron en el marco de una conferencia de prensa brindada pocas horas después de conocida la primera denuncia. 

“La municipalidad de Lago Puelo está a disposición de la Justicia, pero queremos aclarar que los procesos que se llevaron adelante fueron en el marco de la legislación vigente y que todos los mecanismos de compra se encuentran en el boletín oficial”, explicó el Intendente en su momento. 

Dijo que a raíz de la denuncia se provocó la interrupción de los acompañamientos a los vecinos damnificados por la emergencia ígnea ya que se llevaron en allanamientos las computadoras con la documentación digital como también los archivos impresos.

Se está esperando que la Justicia para que nos facilite los procesos documentados en las computadoras que tienen que ver con las compras, con la asignación de los trabajos a las cooperativas, el acompañamiento a productores y principalmente para poder continuar con la construcción de los módulos. 

La investigación de la Justicia 

La Tecla Patagonia dialogó con el fiscal Carlos Mayer, a cargo de la investigación sobre la denuncia realizada por presuntas compras irregulares en el marco de la emergencia ígnea. 

“La denuncia tiene sustento jurídico y de hechos como para empezar a investigar. La pedí al Juez los allanamientos y estuvo de acuerdo a partir de los fundamentos que presentó la denuncia. Parece una denuncia sólida ahora habrá que ver si se puede determinar hechos que tengan relevancia penal. Una vez que tenga esa determinación recién ahí comenzaré a buscar a los responsables si es que los hay”, sostuvo el funcionario del Ministerio Público. 

“La denuncia hace hincapié en cuatro compras puntuales de materiales de electricidad, inodoros, cocinas y termotanques. Las cuatro facturas ascienden a la suma de más de 13 millones de pesos. A partir de eso, pudo pedirle al Juez órdenes de allanamiento y además fui yo con órdenes de presentación para poder retirar los expedientes relacionados con estas compras,  tanto en el Concejo Deliberante como en el Municipio. Se allanaron dos oficinas municipales y una ferretería en El Bolsón”, explicó Mayer. 

Respecto a la presunción de otras ofertas sobre el material requerido por el Municipio por montos menores, como denuncia la oposición, Mayer sostuvo: “Es todo parte de la investigación. Lo primero que tenemos que determinar es si hay una falla o un mal método en la compra. Debemos determinar si por la emergencia puede saltar el Intendente todos los órganos de contralor. Debemos pensar en la urgencia para determinar”, explicó. 

“Todo es materia de investigación. Secuestramos seis computadoras de las cuales mandé a hacer una copia forense de la información. Todavía no me las devolvieron. Desde Lago Puelo las mandé a Rawson, donde está el equipo y para hacer la pericia se pide un turno que por lo que me adelantaron podría haber recién para diciembre. En la Cordillera no tenemos recursos para hacer una pericia de ese tenor. Esto es un problema objetivo y real que me retrasa la investigación. De la computadoras podría salir mucha información pero hasta no tener ese material estamos limitados”, culminó.