De manera provisoria y a través de la Resolución 16/2021 emitida por el Ministerio de Ambiente, el Gobierno Nacional suspendió la evaluación del impacto ambiental para avanzar en la búsqueda de petróleo en el bloque CAN 100, perteneciente a la Cuenca Argentina Norte y con un área de 15.000 km2, el cual se ubica en una zona cercana a Mar del Plata.
De acuerdo a la documentación oficial, se establece la suspensión del “curso de los plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Proyecto denominado ‘Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 Y CAN 114), hasta tanto se reciba respuesta de todos los órganos que deban ser consultados conforme su competencia en la materia”. Las tareas de exploración petrolera estaban a cargo de la firma Equinor.
Previo a esta decisión, tanto organizaciones ecologistas como representantes de la industria pesquera local se opusieron a la posibilidad de que haya explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a la ciudad ante el impacto ambiental que puede ocasionar a partir del derrame de petróleo y el eventual daño a todo el ecosistema marino.
Entre los considerandos del acto administrativo, firmado por Rodrigo Rodríguez Tornquist, secretario de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, se hace mención a la audiencia pública que se celebró en julio. En la misma participaron miembros de la sociedad civil, representantes de organizaciones sociales y ambientalistas y representantes del sector petrolero. Aproximadamente, 350 personas expusieron durante el plenario, de las cuales 333 se opusieron al avance de la industria petrolera en el Mar Argentino. Sólo 12 expusieron a favor.
Asimismo, la Resolución plantea que el 31 de agosto se recibió una presentación por parte de las cámaras empresarias de la industria pesquera en la que se emitió “opinión acerca de cuestiones técnicas, jurídicas e institucionales relativas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Proyecto y alegaron presuntos vicios o defectos de tramitación en la evaluación y en el procedimiento de participación ciudadana realizado en dicho contexto”.
Y que “el estudio de las exposiciones presentadas por las Cámaras requerirá la intervención de distintas áreas del organismo y la realización de informes por parte de otras carteras de gobierno, resulta necesario contar un plazo más extenso y razonable para recabar la debida información”. Asimismo, se advierte que “la extensión y complejidad de las cuestiones técnicas involucradas y la relevancia de los recursos naturales relacionados, requiere un análisis pormenorizado de los planteos por parte de todas las áreas con competencia en la materia”.
Con estos antecedentes, se concluye que, "con el fin de resguardar el interés público comprometido, deviene necesario suspender los plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental en curso”. |
