NOTA DE GRAFICA
18/10
La Corte pide mediar en la política salarial
El máximo tribunal de la Provincia solicitó a los poderes Ejecutivo y Legislativo tener mayor injerencia a la hora de disponer los salarios de magistrados, funcionarios y agentes judiciales
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la provincia de Buenos Aires presentó el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio 2022. Sin embargo, más allá de los números
millonarios previstos, la propuesta incluye un pedido que pone en debate nuevamente la autarquía del máximo tribunal en torno al manejo de los recursos.

Tras varios intentos fallidos en la búsqueda de la autonomía, la SCJ vuelve a la carga con la
iniciativa con un claro pedido hacia los poderes Ejecutivo y Legislativo. El objetivo es poder
contar con la posibilidad de dis poner de mayores libertades al momento de fijar la pauta salarial para jueces, magistrados, funcionarios y trabajadores del sector.

El planteo surgió con motivo de la presentación del Presupuesto para el año próximo. El mismo asciende a 72.871.782.252 pesos para la administración del Poder Judicial y un monto de 40.514.954.843 pesos para el Ministerio Público. No obstante se aclaró que no contiene fondos para los sueldos. Entre otros gastos posee partidas destinadas para el personal ya nombrado, obras edilicias, adecuación de oficinas en contexto de pandemia y puestas en funcionamiento de órganos jurisdiccionales.

“Se solicita a los Poderes Ejecutivo y Legislativo que en la Ley de Presupuesto para la administración General de la Provincia correspondiente al Ejercicio 2022 se incorpore un
precepto o párrafo adicional en la norma respectiva, según el cual, en el caso de las remuneraciones de magistrados, funcionarios y agentes judiciales, las atribuciones del Poder
Ejecutivo, en orden a la adecuación del presupuesto, sean ejercidas de acuerdo con la iniciativa o propuesta que formulare la Suprema Corte de Justicia, sobre la base de los objetivos institucionales de la política salarial para Poder Judicial”, expresaron en uno de los anexos que acompaña el proyecto.

De esta manera lanzaron la pelota al resto de los poderes del Estado bonaerense y se reanuda un periplo en el que tanto el oficialismo como la oposición tendrán que tomar partido al respecto. Al mismo tiempo, la situación también es seguida muy de cerca por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), el gremio que nuclea a los trabajadores del mismo ámbito y que, en principio, no ve con buenos ojos las consecuencias de tal propuesta.

“Eso es derivado del pedido de incorporación de un régimen de autarquía y autonomía presupuestaria que, como su nombre indica, le permita disponer de presupuesto propio al Poder Judicial provincial”, explicaron fuentes oficiales ante la consulta de La Tecla, y añadieron que esto “ocurre con el Poder Judicial Nacional y de otras provincias”.

Una vez más, la Corte retoma el tema en su agenda -con el consenso absoluto de todos sus miembros- y va en busca de respuestas favorables; algo que ya intentó en la gestión del gobernador Axel Kicillof y no obtuvo avance alguno.

De hecho, ante la negativa, a fines de 2020 lanzó una resolución en ese aspecto con la idea de entablar tareas para la búsqueda de con sensos con la intención de avanzar en una ley que regule la autonomía presupuestaria y la autarquía económica-financiera.

El ministro de la Corte, Daniel Soria, es quien impulsa la iniciativa. Se trata de un planteo que, mientras tanto, busca caminos alternativos para tener una incidencia mayor en las decisiones de recursos económicos y, por supuesto, en el aspecto salarial.

Una de las claves sobre la discusión, además de la repercusión en el ámbito legislativo y ejecutivo, es lo que sucederá en cuanto a los sueldos. Un tema que no solo preocupa a los trabajadores. Es que si prospera la propuesta, además de poder mediar mano a mano con el gremio, podrán decidir sin mayores inconvenientes acerca de los haberes de los jueces.

Hasta el momento, salvo excepciones, la pauta salarial para los mismos se traslada casi automáticamente luego de que se cierran las paritarias encabezadas por la Asociación Judicial Bonaerense con el Gobierno. Por ese motivo, el pedido de mayor injerencia de la Corte en este tipo de decisiones incluye una serie de actores que complejizan el escenario.

Además, otro ingrediente que se suma es la coyuntura electoral actual. Por último, tampoco se puede pasar por alto que, por el momento, el máximo tribunal de justicia posee cuatro
integrantes de los siete y que se debe encarar un proceso de reemplazos. Elementos de peso que se suman a un historial de negativa a la autonomía de la Corte.





La voz de la oposición en la Legislatura bonaerense

El legislador provincial y vicepresidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Daniel Lipovetzky, manifestó que “está bien que reclamen mayor injerencia,
decidiremos qué posición tenemos”. Entonces recordó que “ellos ya lo habían planteado, pero después no lo terminaron de concretar en una discusión profunda”.

Sin embargo adelantó que, como bloque de Juntos por el Cambio, todavía no lo abordaron, pero que será un debate importante.

Por otro lado salió con cuestionamientos hacia el Frente de Todos y acusó al oficialismo por no brindar espacios adecuados para debatir a fondo el Presupuesto 2022. De manera tal que ya adelantó cuáles serán los pedidos que le realizarán a la gestión del gobernador Axel Kicillof.


“Esto puede generar un retroceso en la negociación salarial”

Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), habló con La Tecla sobre el pedido de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Al respecto dijo: “Va en línea de una estrategia de la Corte para tener una injerencia mayor en el manejo de algunos resortes que tienen que ver con el financiamiento y recursos del Presupuesto”.

Asimismo explicó que “la autarquía significa que tengan un rol protagónico a la hora de determinar cuáles son los recursos y de poder administrarlos de manera autónoma. Eso, en principio, no colisiona con la idea de negociación colectiva”. Añadió Abramovich: “Podemos tener recursos administrados por el Poder Judicial y que se discutan con los trabajadores, pero en los hechos vemos poca voluntad de la Corte para materializar en la
realidad la negociación colectiva”.

También afirmó que “este nuevo esquema que se propone puede generar un nuevo retroceso en materia de negociación salarial”. Sostuvo además que “lo que nosotros veninos planteando es que tenemos un problema de raíz, hasta de concepción. Reclamamos que se cumpla con la normativa nacional e internacional del derecho para que los trabajadores
puedan determinar condiciones de trabajo en diálogo con sus empleadores”.

En este aspecto, el secretario general de la AJB manifestó: “Con la Corte venimos teniendo serias dificultades para que reconozcan este derecho. Esto no contempla que se garantice la negociación colectiva”, cerró.





Daniel Soria: “La independencia y la eficacia del Poder Judicial no giran en el vacío”

En el III Congreso Provincial de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Buenos Aires, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Daniel Soria, habló sobre la autarquía y autonomía del Poder Judicial . En la oportunidad encabezó un panel que dio lugar a la disertación acerca de “La autonomía de los Poderes Judiciales en los Sistemas Republicanos”.

En ese aspecto manifestó que “la independencia y la eficacia del Poder Judicial no giran en el vacío”. A la vez consideró que “en este contexto se inscribe la necesidad de tratamiento y aprobación del proyecto de autarquía del Poder Judicial y su economía financiera, dado que
constituyen un soporte fundamental de la Justicia”.

Las palabras del juez de la Corte fueron en el evento organizado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, en el que
se reunieron más de 550 participantes presenciales y virtuales.

Entre los presentes estuvieron Luis Genoud, presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense; Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos; Leonardo Boto, intendente de Luján; Julio Conte-Grand, Procurador General; Pablo Noel, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires; y Norberto Gioia, presidente de la Comisión de Funcionarios del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. 


Autarquía y negociación colectiva: ¿Complementarias o enfrentadas?

El planteo de mayor injerencia de la Corte sobre los recursos comienza a colisionar con el
anteproyecto presentado por la AJB para establecer las negociaciones colectivas salariales.
Con el apoyo de gremios y centrales sindicales, los judiciales insisten en su reclamo para que den lugar a la posibilidad de entablar el diálogo directamente con representantes del Poder Judicial.

En ese aspecto, el borrador señala que “la representación del Estado empleador será ejercida por representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Las y los representantes del Ministerio Público y del Consejo de la Magistratura podrán solicitar su participación”.

Además detalla que “de parte del Poder Judicial la representación corresponderá al Presidente y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y/o a los funcionarios a quienes ésta encomiende”.

Luego propone que el “Ejecutivo deberá contemplar los acuerdos alcanzados en materia salarial a los efectos del respectivo cálculo presupuestario”. Entonces impulsan que “las partes acordarán la constitución de una Comisión Paritaria permanente, integrada por un
número igual de representantes de cada una de ellas”.

La iniciativa contó con el apoyo de dirigentes sindicales, la Federación Judicial Argentina y CLATE. Se trata de “un reclamo histórico ante los tres poderes del Estado provincial, para que se debata y sancione de forma urgente”.