El crecimiento de la pobreza y la masificación de programas asistenciales marcan el derrotero de los distintos gobiernos. Ahora el oficialismo quiere salir del paso con una receta que no funcionó.
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Los indicadores económicos del país son lapidarios y en el Conurbano bonaerense las cifras expresan la incapacidad del Estado para garantizar el acceso a los derechos más básicos a grandes porciones de la población. La proliferación de los planes sociales a modo de contención de un estallido social ya muestra su límite, y el Gobierno impulsa una iniciativa para transformarlos.
No obstante se trata de una fórmula que fracasó durante la administración nacional de Eduardo Duhalde, los doce años del kirchnerismo y la etapa del macrismo. En este marco, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, presentó con bombos y platillos un proyecto de ley denominado “un puente al empleo”; una propuesta que busca que quienes acceden a programas de trabajo nacionales pasen a desempeñarse en el sector privado. Por supuesto, contiene algunos beneficios impositivos para los empresarios.
Entre los puntos salientes de la iniciativa del tigrense se encuentran: el trabajador podrá mantener el plan por doce meses como complemento del salario; acceso a obra social y ART; para las empresas, la reducción de hasta el ciento por ciento de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales; beneficio aplicado por 24 meses por cada empleado; tope máximo de una suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina de cinco a veinte.
En las últimas dos décadas se intentaron llevar adelante propuestas similares, y las mismas no resolvieron los problemas que se planteaban arreglar. Asimismo, en la actualidad, con un contexto de crisis rotunda, se abre la incógnita sobre si esta vez podrá funcionar. En un breve repaso de la historia reciente, la respuesta parece indicar que la idea de Massa caerá en saco roto y quedará como una de las tantas promesas de campaña del peronismo.
Durante la presidencia de Duhalde, cuando el plan Jefes y Jefas de Hogar se implementaba, en uno de los artículos del decreto 565/2002 se impulsaba la creación de un registro de empleadores a través del Ministerio de Trabajo para “la inscripción de todas las empresas, instituciones públicas y privadas dispuestas a incorporar a los beneficiarios del programa para el desarrollo de actividades laborales, mediante la suscripción de los correspondientes convenios a nivel nacional, provincial o municipal”.
Además se establecía una duración máxima de seis meses y se contemplaba “el pago de un complemento del beneficio, a cargo del empleador, que, además, deberá abonar las contribuciones patronales, sobre ese monto”.
Luego, bajo el Gobierno de Néstor Kirchner, a través del decreto 1506/2004, se disponía que “los beneficiarios con posibilidades de empleo continuarán percibiendo sus beneficios en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que entenderá en todo lo atinente a la inserción y reinserción laboral de los destinatarios, a través de programas específicos y/ o acciones de empleo transitorio, formación profesional y promoción del empleo privado”.
Más tarde, ya con Macri en la Presidencia, el decreto 304/2017 maquillaba las medidas anteriores y continuaba casi en la misma sintonía: eximición de impuestos a empresarios que recibieran a personas con planes durante 24 meses. Este derrotero, relatado por movimientos sociales a La Tecla, anuncia en concreto que las experiencias similares que fueron impulsadas mostraron un claro fracaso.
Por el contrario, tanto la pobreza como la desocupación continuaron en franco crecimiento. Ahora, una vez más, tampoco se observa un camino que presagie una solución real a un problema estructural en todo el territorio argentino.
Cifras lapidarias: Masificación de los programas y aumento de la pobreza
El programa social estrella es el Potenciar Trabajo, y hay más de un millón de personas en el país que lo perciben. En la provincia de Buenos Aires se concentra poco más del 50 por ciento del total.
El haber mensual en octubre fue de 15.552 pesos, la mitad de lo que se fijó el salario mínimo, vital y móvil. En agosto, según el Indec, la Canasta Básica Total (CBT) llegó a 68.359,02 pesos (lo que se necesita para no ser pobre). El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue de 29.213,26 pesos (para no estar por debajo de la indigencia).
En el primer semestre del año, en GBA la pobreza llegó al 45,3% y la indigencia al 13,8%. En Bahía Blanca - Cerri, fue de 31,7% y 7,7%, respectivamente. En Gran La Plata fue de 41,5% y 13,5%. En Mar del Plata alcanzó 35% y 13,2%. En San Nicolás - Villa Constitución (SF) trepó al 47,1% y 11,2%. En Viedma (RN) - Carmen de Patagones llegó a 34,8% y 4,8%.
Críticas al proyecto: “Vienen a reflotar una vieja idea que no funcionó una y otra vez”
En diálogo con La Tecla, Damaris Rolón, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), habló sobre las principales demandas y aseguró que “nuestro movimiento social, como tantos otros, lucha por trabajo genuino desde mediados de los años 90. Los gobiernos de distinto color político prometen generar empleo pero, por el contrario, cada año la pobreza y la indigencia aumentan más, hasta el punto de que la mitad de la población, más aún les niñes y jóvenes, no llegan a cubrir sus necesidades básicas”. En cuanto a la propuesta del Gobierno nacional indicó que “vienen a reflotar una vieja idea que ya fracasó una y otra vez: el plan empalme. Por un lado desconocen que nosotres ya trabajamos; de manera precaria y sin reconocimiento, pero realizamos tareas fundamentales para miles de personas en los barrios populares”. Agregó que “el plan empalme creemos que es una medida electoralista, que no genera trabajo genuino a largo plazo y que termina siendo un subsidio para los grandes empresarios”. Rolón dijo además que “si no se afectan las ganancias de los sectores más ricos del país y no se le pone un freno al pago de la deuda ilegítima con el FMI, no hay forma de salir de la crisis ni generar trabajo genuino”. Por último afirmó: “Hay que empezar por la redistribución de la riqueza; reparto de las horas de trabajo; plan de obras públicas profundo y a largo plazo, en todo el país, que dé trabajo a la gente, que construya viviendas para solucionar el problema habitacional que afecta a 4 millones de personas”.
Un plan integral: La contrapropuesta: obra pública para los barrios y trabajo genuino
Al proyecto que propone una vieja receta que ya mostró sus límites, un conjunto de organizaciones sociales enmarcadas en la izquierda (Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha, FPDS-CP, FAR y COPA en Marabunta, entre otras) presentaron al Ministerio de Desarrollo Social un “plan integral” que apunta a generar empleo a través de inversión en infraestructura en los sectores más postergados.
La iniciativa propone “reemplazar la política de planes sociales y asistencialismo creada por los gobiernos de los últimos 20 años, sin conseguir modificar la situación de pobreza, desocupación e indigencia en la que millones de familias se encuentran; y la generación y estímulo de ‘Trabajo Genuino’ bajo convenio, y con todos los derechos conquistados por las y los trabajadores”.
“Estamos convencidos de que la conversión de planes sociales en trabajo no se va a resolver con programas como el ‘empalme o ‘enganche’, que no dieron ningún resultado concreto y que constituían un subsidio encubierto a las patronales y un ataque a los convenios colectivos de trabajo; esa reconversión es solo posible con trabajo genuino, bajo convenio y sin eliminar derechos conquistados”, aseguraron.
Asimismo, los movimientos sociales impulsan que el Estado desarrolle un “gran plan de obra pública y vivienda” para generar “un millón de puestos de trabajo”, la creación de una “mesa interministerial” y que se financie “con recursos provenientes del superávit fiscal y los recursos que actualmente el Estado destina al pago de la deuda”.
Situación alarmante: Teléfono para Kicillof: un millón de trabajadores precarios
En la provincia de Buenos Aires, la desocupación, la pobreza, la indigencia y el trabajo precario impactan de lleno en la población y atentan contra la calidad de vida. Se trata de un gran dolor de cabeza para el gobernador Axel Kicillof, que hasta el momento no ha dado respuestas concretas.
Los datos surgidos del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) marcaron que existen 952.389 personas en todo el territorio bonaerense que desarrollan su actividad bajo condiciones de precarización laboral. Un sector forma parte de organizaciones sociales y otros realizan su labor por cuenta propia.
En tanto, el Indec indicó que en el segundo trimestre del año, la tasa de desocupación en los partidos del GBA fue del 10,5%; Bahía Blanca - Cerri, 8,8%; Gran La Plata 7,9%; Mar del Plata, 11,6%; San Nicolás - Villa Constitución, 8,1%; y Viedma - Carmen de Patagones, 4%.
De esta manera existe una gran porción de bonaerenses que requieren de una agresiva política de Estado que impulse la generación de empleo genuino, que sea capaz de resolver la demanda de trabajo y que esté encuadrada bajo los convenios colectivos de trabajo respectivos.
