La Cámara Federal de Casación confirmó el procesamiento de cuatro exintendentes, tres de la Provincia, en una causa por presunto fraude contra la administración pública, al rechazar los planteos de las defensas y considerarlos partícipes necesarios de los hechos.

Se trata de los exjefes comunales Francisco “Barba” Gutiérrez (Quilmes); Francisco “Paco” Durañona (San Antonio de Areco) y Carlos Racciatti, de Lezama, además del exalcalde del municipio tucumano de Faimallá, Juan Orellana.

Como informó La Tecla.info, la causa investiga un presunto desvío de más de $600 millones repartidos por el ministerio de Medio Ambiente para el programa GIRSU (Gestión de Residuos Sólidos Urbanos) entre 2013 y 2015.

El procesamiento de los exalcaldes había sido dictado por el fallecido juez Claudio Bonadío, a partir de una investigación realizada por la Fiscalía a cargo de Carlos Rívolo.

En julio de 2019, la Cámara Federal porteña había confirmado el procesamiento de 47 intendentes y exintendentes, entre ellos 10 de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la megacausa que investiga el uso de fondos públicos para obras medioambientales.
En esa instancia, el tribunal de apelación sobreseyó a uno de los jefes comunales y dictó la falta de mérito a otros 15.

Este jueves, en un fallo dividido, el máximo tribunal penal descartó habilitar una nueva etapa de revisión de los procesamientos, al considerar que no está habilitada a intervenir porque no se trata de fallos definitivos o resoluciones que pongan fin a la investigación.

 Según consta en la causa, los fondos habrían sido distribuidos “sin control”, de “manera arbitraria” y con “desigualdad en la distribución”. Según el expediente, más del 75% de los proyectos no fueron realizados o completados, a pesar de que recibieron los fondos del Ejecutivo. 

Además, busca probar la manifesta “arbitrariedad” en la distribución de los fondos, ya que el 80% de las partidas habrían sido enviadas a municipios de Buenos Aires, Chaco, La Rioja y Santa Cruz, principalmente.

En la causa están acusados, además otros 40 exintendentes y tres ex jefes de Gabinete: Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, todos a punto de enfrentar un juicio oral y público.

Conocido el fallo, el actual senador provincial y exjefe comunal de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, aseguró que “eran apelaciones a Casación pendientes hace dos años. Los procesamientos ya estaban confirmados, no es nada nuevo: se rechazaron los recursos de Casación”. 

Por otra parte, consideró: “Sigo sin entender cómo es posible que la Justicia federal de la Capital Federal pueda llevar al banquillo a 50 intendentes de todo el país, más dos Jefes de Gabinete, a explicar cómo se invirtieron subsidios para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Urbanos, con territorios y características absolutamente diferentes, siendo, en el peor de los casos, situaciones vinculadas con las rendiciones ante el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Es decir, cuestiones propias de la Administración Pública muy lejanas a cuestiones penales”. 

“Son causas armadas por Bonadío para condicionar y perseguir opositores, impulsadas por Macri y por Vidal, para cooptar voluntades, acallar dirigentes y amedrentar. Ahora hay que ver cómo hace la justicia para desarmar este enchastre delirante”, señaló el legislador del Frente de Todos.