En las últimas horas, el municipio de Pinamar sorprendió al anunciar oficialmente que se declaraba "incompetente" para seguir administrando el Servicio Alimentario Escolar (SAE), responsabilidad asumida en 2018 tras una prueba piloto que pasó a la comuna la administración del programa.
Sin embargo, y tras la experiencia para mejorar la calidad del servicio, el intendente Martín Yeza (PRO) decidió, a través de un decreto, renunciar al manejo del programa que lleva los alimentos a los colegios de la provincia de Buenos Aires.
“Resulta necesario no continuar con el convenio del SAE bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Pinamar, debido a que la misma se encuentra avocada a la emergencia social, por lo cual no cuenta con el recurso humano suficiente como para poder cumplir con los requerimientos de este programa”, sostiene el texto del decreto
comunal.
Desde la oposición dudan del argumento de la falta de personal para seguir haciéndose cargo del SAE, y señalaron que de los dos bolsones de comida que se entregaban a las familias durante la pandemia se pasó a uno solo, hasta que el municipio decidió declararse incompetente. Así, la distribución del SAE volverá a pasar a manos del Consejo Escolar.
En tal sentido, el concejal del Frente de Todos, Gregorio Estanga, dijo a Data Clave que "hay muchas irregularidades en las entregas de los bolsones. Hay 4108 módulos que deberían haber sido entregados en enero y que no se hizo”.
La cosa quedó allí, y funcionarios del área de Seguridad y Soberanía Alimentaria bonaerense solicitaron informes, incluso vía carta documento, que no fueron respondidos por el distrito que comanda el alcalde de Juntos.
Por estas horas, desde el ministerio de Desarrollo Social provincial analizan la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Gobierno para que investiga estas presuntas irregularidades. "Por ahora estamos investigando", aseguraron a La Tecla.info desde la cartera que conduce el "Cuervo" Andrés Larroque.
Yeza está siendo investigado por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, en la causa que investiga supuestas irregularidades en el uso de tarjetas Alimentar, tras una denuncia por supuestos gastos hechos por parte de terceras personas y no por los titulares a cuyo favor estaban emitidas.
Las tarjetas eran entregadas a cada municipio que debía custodiarlas y repartirlas a los beneficiarios. Según la investigación, el uso indebido habría ocurrido con unas 55 tarjetas por un monto cercano a los dos millones de pesos.
En la causa ya están procesados dos exfuncionarios de la Municipalidad de Pinamar, Nora Ponce y Javier Tumas, por presunta omisión de control y otras 4 personas acusadas de haber sido quienes usaron las tarjetas.
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