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Mar del Plata: las causas judiciales con impacto político que se reactivan tras la feria
Un repaso por los principales expedientes que volverán a moverse tras las vacaciones en el sistema judicial. El 2022 depararía importantes novedades.
Vía La Tecla Mar del Plata
| A paso lento en la justicia marplatense y la Suprema Corte se llevan adelante causas sensibles para la política marplatense. Y tras la feria judicial de enero, comienzan a reactivarse a la espera de resultas que tendrán impacto en el escenario político local. En el informe, un detalle de cada una.
Los concursos que generan ruido El actual jefe de Departamento de ReBA de la Municipalidad, Carlos Paiva, busca suspender el llamado a concurso en dicha área y lograr su nombramiento en planta, argumentando derechos laborales consagrados. Por el momento, el juez Isacch rechazó el pedido de una cautelar, por lo que la Comuna está en condiciones de concretar el concurso. El conflicto está atravesado por la política, dado que el secretario Bonifatti buscaría ubicar en dicho cargo a alguien de su confianza, en un área sensible en lo vinculado a Inspección General. Un conflicto similar afecta al Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social. Allí se efectuó un concurso donde fue designado Gerardo Micas, aunque un grupo de trabajadores se presentó a la Justicia para reclamar la falta de transparencia en el proceso, apuntando a la presunta parcialidad del jurado.
Las licencias impagas que reclama Arroyo A mediados de 2021, el exintendente Carlos Arroyo demandó a la Municipalidad tras que se le niegue administrativamente el pago de vacaciones adeudadas durante sus dos últimos años de mandato, en 2018 y 2019. La suma original supera el millón de pesos, aunque la actualización la elevaría aún más. A fines de diciembre, el juez en la Contencioso Administrativo N°2, Marcelo Fernández, admitió la demanda y ordenó a la Comuna la presentación de un informe. Una demanda similar impulsa en la Juzgado 1 de Simón Isacch el extitular del Emsur, Eduardo Leitao. Arroyo cuestiona en sede judicial el Decreto 246/21 con el cual Montenegro le denegó el beneficio reclamado, al considerar que el personal político no está sujeto a lo regido en la Ley 14.656 que establece el Estatuto de Empleo Público. Desde su visión, las licencias generadas deben ser gozadas por el personal político, sin posibilidad de pedir un resarcimiento económico si no las utiliza, como ocurre con un empleado en relación de dependencia. Otra mirada es la que tiene Arroyo, para quien la Ley 14.656 tiene plena vigencia para su caso, donde la Dirección de Personal constató que el exmandatario tenía e su favor 21 días de licencia en 2018 y 19 en 2019.
Bonificaciones docentes, con final encarrilado La restitución de las bonificaciones docentes en 2020, tras la asunción de Guillermo Montenegro, no terminó de resolver el frente judicial. Es que más de un centenar de docentes mantiene diversas demandas colectivas para el cobro de las diferencias salariales que no percibieron mientras estuvo vigente el recorte implementado por Arroyo, entre octubre de 2018 y diciembre de 2019. Muchos de ellos recibieron fallos favorables tanto de parte del juez Fernández como de Isacch, aunque hacia fines de 2021 el escenario comenzó a inclinarse en favor de lo planteado por el gobierno municipal, para quien no es legitimo el reclamo por las diferencias salariales. Ocurre que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo dictó dos fallos que revirtieron las decisiones de primera instancia en las causas “Vanesa Pérez y otros” y “Magrini”. Para la Cámara, la decisión del intendente Guillermo Montenegro de restituir en enero de 2020 el beneficio, mediante el Decreto 79/20, fue tomada por “razones de oportunidad, mérito o conveniencia” y no por la “existencia de defectos, vicios o irregularidades en el decreto 2272/18”, por lo que no tiene sustento el reclamo judicial para cobrar las sumas no percibidas mientras estuvo vigente el decreto de Arroyo, entre octubre de 2018 y diciembre de 2019. La decisión tuvo rápidos efectos: en otra demanda idéntica Isacch retomó los argumentos de la Cámara y falló en favor de la Municipalidad.
La Tolerancia Cero mantiene una página abierta Una causa que viene pasando desapercibida en la política local pero que podría tener fuertes efectos. En 2018 el abogado y militante kirchnerista José Luis Zerillo se presentó ante la Suprema Corte bonaerense para reclamar por la inconstitucionalidad del Decreto 1980/18 de Arroyo que implementó la Tolerancia Cero al volante. Con pocos avances, la causa sigue abierta y la última novedad data de julio de 2021, cuando reactivaron diversos oficios dirigidos a dependencia municipales. Según Zerillo, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó, con media sanción, un proyecto de ley que establece solamente la Tolerancia Cero para aquellos conductores principiantes y sólo por el plazo máximo de 2 años, como condición previa a adquirir plenamente las habilidades de manejo. Lo dispuesto por el exintendente Arroyo contradeciría, entonces, lo aprobado por los legisladores. Por otro lado, la única norma vigente a nivel nacional es la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, que especifica en su artículo 48 la prohibición de conducir con más de 500 miligramos de alcohol por litros en sangre, contrario al decreto municipal. “La Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto N° 6.769/58, en el artículo 26 en su última parte establece que el poder de policía es competencia del legislativo. Por lo que, la disposición firmada por el Intendente Arroyo se arroga una competencia que la ley no le otorga y que expresamente prohíbe”, planteó Zerillo. La Tolerancia Cero no solo sigue vigente en Mar del Plata, sino que es defendida por el actual gobierno, que asegura implementarla en los controles vehiculares.
El extitular de Hacienda enfrenta una demanda civil por daños y perjuicios por acusar al contador municipal Guillermo Costanzo de integrar una “mafia corporativa” y “desviar fondos para la política”. En diciembre fracasó una instancia de conciliación y la jueza Gabriela DI Sábato convocó a una nueva audiencia para mayo de 2022. Son muchos los que en la política municipal desean un “correctivo” para el exsecretario, muchas de cuyas decisiones aún siguen afectando a la ciudad.
El conflicto entre la Defensoría del Pueblo y el Concejo Deliberante En el marco de tensiones entre la Defensoría del Pueblo y la anterior composición del Concejo Deliberante, la abogada del organismo demandó a la Municipalidad por la reducción de su modulo horario. Por el momento, el juez Isacch rechazó una cautelar aunque suspendió la aplicación de descuentos retroactivos a enero de 2021 resueltos por el HCD. Todo se inició el 27 de julio cuando el presidente del HCD, Ariel Bordaisco, emitió el Decreto N°176/2021, a través del cual dispuso modificar retroactivamente al 1 de enero el módulo horario de 45 a 35 horas semanales correspondiente a la agente Sandra Cavalucci, en base a lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021, A los pocos días, más precisamente el 2 de agosto, los defensores Daniel Barragán, Fernando Rizzi y Luis Salomón le presentaron una nota interna a Bordaisco, donde le hicieron llegar “nuestro más profundo rechazo a la decisión de recortar el módulo horario de trabajo de la agente Cavalucci de 45 a 35 horas”. |