El titular del Juzgado Federal N°1, Alejo Ramos Padilla emitió una “resolución aclaratoria”, tras el fallo por la toma de tierras en Los Hornos, en el partido de La Plata, en el que decidió archivar la causa al considerar que no se incurrió en delito penal y que despertó un sin fin de críticas y cuestionamientos de parte de la oposición
En este sentido, el magistrado expuso que “la información que se ha brindado del contenido del fallo es maliciosa e irresponsable. La idea que se difundió en torno a que la ocupación del predio de Los Hornos sería legal porque se hizo ‘durante el día’ es falsa y no responde a lo sostenido en el fallo. Los ciudadanos que leen un fallo judicial representan un porcentaje ínfimo de la población. El resto toma conocimiento a través de los medios de prensa. De allí que me encuentro en la obligación de realizar estas aclaraciones en lenguaje claro, ya que la información que se ha brindado del contenido del fallo es maliciosa e irresponsable”.
“Decir que el fallo otorga una ‘carta blanca’ para la toma de tierras o que las tomas hechas durante el día no son delito es un acto de irresponsabilidad que debe ser aclarado, porque se basa en premisas falsas y constituyen silogismos reduccionistas”, aclaró el magistrado y expresó: “Este Juez comparte en un todo la necesidad de una solución pacífica a este delicado conflicto social, como así también las recomendaciones y observaciones de los organismos internacionales –en especial, las del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que han sido citadas expresamente en la resolución”.
Respecto de las críticas recibidas por parte de dirigentes Juntos por el Cambio recordó que “se reprodujeron opiniones de funcionarios, representantes y personalidades que, a partir de la misma premisa falsa, entre otras cosas, dijeron: ‘Una toma de tierras es ilegal por donde se la mire. Pero si es de día, para el juez Ramos Padilla no es delito’ o ‘¿Qué sigue después? ¿Homicidios permitidos entre las 10 y 18 horas? ¿Y si probamos con cumplir la ley?’, ‘Una nueva muestra de la incoherencia de la Justicia. Parece mentira, pero es una realidad. Según el fallo de este juez, una toma, si se realiza durante el día no es ilegal. Acaso, ¿la Ley sólo debe aplicarse de noche? En el país del revés, ya no sorprenden estos disparates’, ‘una ocurrente y efectiva forma de incentivar las tomas de tierras. ¿De qué sirve desalojar una toma si la Justicia resuelve que no hay delito porque ´fue de día´?...’”.
En ese sentido aclaró que “la ley vigente únicamente penaliza a quien, para lograr del despojo del inmueble –y no para mantener la posesión–, utiliza ‘violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad’, elementos que no se verificaron en la causa”.
“Resulta un absurdo comparar un conflicto por posesión de tierras cuando la titularidad pertenece al Estado –más cuando éste ha cedido el predio para atender la crisis habitacional y afirma que el inmueble no tenía un destino útil, ni una afectación específica– que cuando pertenece a un privado, pues los Estados atienden también otras problemáticas –que, entre otras cuestiones, incluyen la resolución de conflictos habitacionales y la obligación de garantizar el derecho a la Vivienda”, añadió.
De esta manera Ramos Padilla aclaró que “el propio Estado verificó la situación habitacional y de vulnerabilidad de las familias ocupantes y los tres estamentos de gobierno –municipal, provincial y nacional, que son los responsables de llevar adelante las acciones tendientes a la resolución del conflicto–, en diferente medida llevaron adelante acciones para el tratamiento de tan delicada cuestión social. Sobre ello se fue dando cuenta de forma periódica a este tribunal”.
Sobre lo trabajado en los últimos dos años, desde el 16 de febrero de 2020 en que comienza el hecho a la fecha, el titular del Juzgado Federal N°1 ratificó que “el Estado Nacional admitió que el inmueble ocupado no tenía un destino útil, ni una afectación específica”, por lo que “concedió el permiso de uso precario y gratuito de un sector del inmueble de su propiedad a la Subsecretaría de Hábitat de la provincia de Buenos Aires para el desarrollo de un plan habitacional”.
Además, aclaró que “en ningún momento y a más de dos años de trámite de la causa, ningún representante del Ministerio Público Fiscal, único órgano constitucionalmente habilitado para acusar de la comisión de un delito, formuló imputación alguna ni señaló si los hechos investigados constituían delito”. “No se verificó ningún elemento de prueba que permita inferir que los ocupantes se valieron de violencia, amenazas, ardid o mentira –engaño–, abuso de confianza o clandestinidad que fuera la causa directa del ingreso y ocupación del predio”, apuntó.
Por otra parte, indicó que la Subsecretaría de Hábitat provincial, que ejerce los derechos sobre el inmueble –por la cesión otorgada– “concluyó que las familias que tomaron el predio proceden –en su mayoría– de los barrios aledaños, donde viven en condiciones de hacinamiento como consecuencia de su crecimiento intrafamiliar y que dicho cuadro de situación ‘los lleva a tomar la decisión de apropiarse de un lugar para vivir y desarrollar su vida cotidiana, considerando además las restricciones estructurales en el acceso a la vivienda, agravado por la crisis económica Social’”.
“En la toma del Parque Indoamericano la intervención de la justicia penal arrojó como resultado trágico 3 víctimas fatales y graves heridos, a partir de lo cual se decidió la formación de una mesa de diálogo –la que en el presente caso ya se encuentra funcionando”, recordó y añadió que “luego de la trágica experiencia del Indoamericano, la jueza a cargo señaló que la solución de un conflicto de esta índole ‘debe ser política dada su naturaleza específica, corresponde que sea resuelta por un organismo con facultades para dar respuesta a una problemática como la que se suscita, que escapa al ámbito penal, dado que de otra forma se judicializaría un conflicto social, en el cual dicha injerencia agravaría los ya de por sí violentos hechos ocurridos… debiendo buscarse una alternativa que permita la solución pacífica del conflicto”.
Qué dijeron desde el oficialismo
Desde el Frente de Todos, el concejal platense Luis Arias, ex juez Contencioso Administrativo aclaró que "la toma seguramente es ilegal, pero eso no quiere decir que sea delito, son dos cuestiones diferentes. Uno puede tener una deuda y no pagarla, y eso constituye una ilegalidad, pero no significa que deba ir preso".
"Aquí lo que hay que hacer es ir al Fuero Civil, al Fuero en lo Contencioso Administrativo y pedir un desalojo, no ir al Fuero Penal a que se condene con penas de prisión a personas que ocupan la tierra; eso es criminalizar una cuestión que además tiene un trasfondo social muy profundo fundado en el déficit habitacional que tiene la provincia. El derecho a la vivienda es una condición necesaria para el ser humano en la vida en sociedad y en eso nosotros tenemos una desventaja con los animales: el hornero elige el lugar que quiere y se hace el nido, y no comete ninguna ilegalidad. El ser humano no puede hacer eso, necesita alquilar o comprar una tierra; pero cuando no hay dinero para satisfacer este derecho fundamental suceden estas cosas que son contraproducentes respecto a la planificación urbana. Pero de ahí a que sean delito es una cuestión diferente", añadió.
En esta línea, Arias sostuvo que lo que Ramos Padilla determinó es que por no cumplirse los recaudos del Código 181 del Código Penal ordenó el archivo de la causa. "¿Por qué? Porque el 181 requiere que haya despojo, violencia, clandestinidad, abusos de confianza, alguna de estas formas para que el delito exista y en la toma no existió nada de esto. La toma fue pacífica, pública, no hubo oposición de nadie. En consecuencia, es una ocupación. Tenemos que tener cuidado con las palabras. Por otra parte la ocupación ha sido una modalidad extendida de apropiación de la tierra a partir de la cual se han constituido los grandes latifundios en la Argentina, a través de ocupaciones de tierra que luego mediante posesiones veinteañales adquirieron la titularidad de dominio, incluso desplazando a los pueblos originarios".
"Lo que molesta no es la ocupación, es la pobreza. Garro puso a disposición de los emprendedores inmobiliarios y los desarrollos urbanos que son los que causan la verdadera depredación territorial. Garro defiende intereses privados inexplicablemente. Es como si tuvieras un problema con un trabajador de la construcción que te hizo mal una pared, ¿qué tiene que ver eso con el municipio? Nada. Es una cuestión privada entre vos y el empleado. Acá es lo mismo. Garro estaba ahí para defender a los empresarios que estaban sentados en esa mesa. No estaba pidiéndoles ayuda o inversión para desarrollar la infraestructura en el barrio o para solucionar el tema de los 186 asentamientos. Garro utiliza al Estado para financiar intereses privados, esto es gravísimo, es un delito. La apelación es una cortina de humo, es inadmisible, porque el propietario de esas tierras es el Estado Nacional, y el Estado quiere urbanizar", apuntó el edil contra el intendente.
Asimismo, Arias destacó que la Ley de Acceso al Hábitat de la Provincia prevé la Mesa de Gestión Territorial donde está el municipio, la Provincia y otros actores para abordar la problemática del barrio y tratar de llevar a cabo la urbanización. "El intendente participó, incluso la declaró de interés municipal a través de un decreto y luego pegó el portazo y empezó a agitar las banderas de la usurpación y la inundación, que son temas sensibles para la población platense con la finalidad de distraer la tensión sobre la Mesa Judicial, una causa que lo compromete. Garro debería facilitar que ese proyecto de urbanización que está frenado por el municipio pueda hacerse. La gente que vive ahí está sin agua, tienen que hacer varias cuadras para poder cargar baldes. Esta situación se da porque no complementa el trazado de las calles para que la empresa ABSA pueda llegar con el agua a estos sectores".
"La contracara de esta situación son los negocios inmobiliarios que se ven reflejados en la mesa judicial pero que tienen su contracara en la gestión del territorio, en las políticas que Garro ha desarrollado, donde se ha privilegiado a estos sectores con la zonificación y con el cambio de indicadores urbanísticos; que son una fuente de negocios con la que se ha financiado históricamente la política", añadió.
En este contexto, ejemplificó: "Una hectárea rural vale entre 60 y 100 mil dólares. Si vos esa hectárea la usas solo para plantar tomates, pasas por el Concejo Deliberante y logras cambiarle el uso y dividirlo en 40 lotes lo vendes a 60 mil dólares cada uno, lo mismo que pagaste una hectárea. Es un negocio impresionante. Y lógicamente nadie permite hacer un negocio de estas características sin participar de él. Esto es lo que hace el Estado cada fin de año: entre gallos y medianoche, entre Navidad y Año Nuevo hace una sesión especial y se aprueban rezonificaciones y demás; para que la gente no se entera y puedan favorecer a sus amigos".
"En el año 2018 se aprobaron 35 proyectos de esta manera, de los cuales se comprobó luego (por un informe de la UNLP) que la mayoría estaban en zonas inundables. La depredación urbana, los problemas de inundación van de la mano con un desarrollo inmobiliario desmesurado que solo tiene en cuenta los negocios y no la situación hidráulica de vulnerabilidad que vivimos todos los platenses. Lo de Garro en definitiva es un manotazo de ahogado para salir de esta situación comprometida que tiene con la mesa judicial", finalizó Arias.
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