La Nación y la Ciudad de Buenos Aires cerraron sin éxito la negociación por la Coparticipación, antes de que se venza la prórroga de 15 días que les otorgó la Corte Suprema de Justicia para seguir negociando.
Ambas partes discrepan en cuanto a los fondos destinados al traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño, en una discusión que se inició cuando el Gobierno de Alberto Fernández le quitó a la Ciudad un porcentaje de su coparticipación en septiembre de 2020.
En el ministerio del Interior se encontraron hoy el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, y los equipos técnicos de la cartera que conduce Eduardo “Wado” de Pedro, encabezados por la Secretaria de Provincias, Silvina Batakis.
En sus redes sociales, De Pedro aseguró que “a pesar del esfuerzo manifestado desde el Gobierno nacional para alcanzar un acuerdo, y en el marco de la ley, por el monto del traspaso de la policía a la Ciudad de Buenos Aires, hoy cerramos la etapa de negociaciones solicitada por la CSJN sin arribar a una solución conjunta”.
El funcionario explicó que “durante los 7 encuentros mantenidos desde marzo mostramos predisposición y propuestas superadoras para alcanzar un acuerdo justo en el reparto de los recursos con el resto de las provincias y cumpliendo con el artículo 2 de la Ley 27.606. La Ciudad rechazó esas propuestas”, y recordó que “el 5/5 la CFI dictaminó en un informe técnico que el monto de transferencia al año 2021 debía ser $43 mil millones. Contó con la votación favorable de 21 provincias. Por eso el Gobierno nacional tomó en cuenta este dictamen para su última propuesta, que hoy también fue rechazada”.
“Lamentamos que las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios. Respetamos la ley y un minucioso informe técnico. No hacerlo sería convalidar una ilegalidad del gobierno anterior y una arbitrariedad para con todas las provincias”, añadió.
Finalmente, consideró: “No podíamos mantener una decisión del gobierno de Macri que atentaba contra el federalismo y lastimaba los intereses de todas las provincias además del empleo en todo el país, mientras vemos cómo se sigue concentrando la riqueza argentina alrededor del puerto de Buenos Aires”.
A su turno, Felipe Miguel sostuvo que “desde el lado de la Ciudad se hicieron esfuerzos que permitieron arribar a un acuerdo en dos aspectos. El mecanismo para hacer las liquidaciones y el traspaso, por un lado, y también la actualización de los montos”, y mencionó que “no vamos a renunciar a los recursos destinados a garantizar la seguridad de la gente”.
Carta de los gobernadores
Al respecto, en las últimas horas se conoció una solicitada de 17 gobernadores peronistas en el que apuntaron contra la Corte Suprema de la Nación.
Luego de una reunión en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), los mandatarios provinciales, entre los que encuentra Axel Kicillof, solicitaron al máximo tribunal ser aceptados como "amicus curiae". A su vez, trascendió, que el presidente Alberto Fernández participó del encuentro desde Europa.
De este manera, quienes firmaron la nota son: Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires; Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Jorge Capitanich, gobernador de Chaco; Mariano Arcioni, gobernador de Chubut; Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos; Gildo Insfrán, gobernador de Formosa; Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa; Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja; Oscar Herrera Ahuad, gobernador de Misiones; Gustavo Sáenz, gobernador de Salta; Sergio Uñac, gobernador de San Juan; Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis; Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz; Omar Perotti, gobernador de Santa Fe; Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero; Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego; Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.
En el documento, señalaron que "manifestamos nuestra profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la intervención respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden".
Luego, sostuvieron que "las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes".
"No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios", añadieron.
Además, resaltaron que "la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia" y que "las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes".
Más adelante, recordaron que "después de la reforma constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4 % del monto total recaudado en el artículo 2° de la ley 23548 y modificatorias que fue modificado de una manera injusta e injustificada por el decreto 194/2016 elevando el coeficiente al 3,75%.".
"Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 M de pesos y padecemos la concentración del 28 % del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA", sentenciaron.
También sostuvieron que "las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan".
"Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone", sentenciaron.
El documento se publicó antes de la última reunión formal que se realizará en tribunales para buscar una salida entre Nación y CABA. Si no hay acuerdo, el máximo tribunal quedará en condiciones de emitir una sentencia.
La disputa viene desde el 2020 cuando Alberto Fernández resolvió trasladar coparticipación de la Ciudad que había cedido Mauricio Macri hacia la provincia de Buenos Aires. La decisión ocurrió en medio de un conflicto álgido a raíz de una fuerte protesta de la policía bonaerense. Tras la aprobación de una ley en el Congreso para ratificar la quita de recursos a CABA, el gobierno porteño presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema.
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