La justicia de San Nicolás dictó en las últimas la prisión preventiva para dos dirigentes de Camioneros acusados de varios hechos de presunta extorsión a distribuidoras del municipio de San Pedro. La resolución llegó días después de que la jueza de la causa, María Eugenia Maiztegui, pidiera licencia por estrés en medio de denuncias por supuestas presiones ejercidas desde la política.
Maximiliano Cavaleiro y Fernando José Espíndola, dirigentes de la seccional San Nicolás del gremio de Camioneros, están acusados de bloquear con sus vehículos el acceso a una planta distribuidora de San Pedro durante enero y febrero de 2021 en el marco de una protesta por derechos laborales.
Entre esas demandas figuraban necesidades de infraestructura y seguridad de los trabajadores, levantamientos de sanciones a delegados de la empresa, además de presuntamente extorsionar a la firma con la exigencia de sumas de dinero.
El juez de Garantías de San Nicolás, Román Parodi, que reemplaza a la magistrada María Eugenia Maiztegui, dictó la prisión preventiva para ambos por los delitos de coacción en grado de tentativa-dos hechos; extorsión,-dos hechos y extorsión en grado de tentativa en concurso real.
Sin embargo, se dispuso una medida de atenuación al disponer la prisión domiciliaria bajo la modalidad de pulsera electrónica para ambos dirigentes, que deberán cumplirla en sus respectivos domicilios.
Los hechos que se les imputan comenzaron en enero de 2021, cuando ambos dirigentes, junto a otras personas, bloquearon el acceso a la Distribuidora Rey, ubicada en la calle Bonorino 175 de San Pedro. Esta modalidad se repitió en febrero, y finalmente en abril de ese año se habría suscripto un convenio de pago entre los camioneros y la firma por una supuesta deuda de diferencia salarial de aportes y obra social.
En el expediente constan además grabaciones donde los camioneros pedirían dinero a Rey para cesar los piquetes en la planta y testimonios de algunos empleados de la distribuidora.
Paralelamente, el juez Roman Parodi ordenó se investigue la existencia de un legajo reservado en el que aparecieron grabaciones de diálogos entre uno de los imputados y su abogado.
La semana pasada, la jueza de Garantías de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui, a cargo de la causa, pidió licencia médica por estrés y estalló la polémica. El jueves 12 de mayo la magistrada tuvo que dejar la investigación el mismo día en el que debía resolver si dictaba prisión preventiva a los gremialistas que responden a Hugo Moyano.
La magistrada sufrió un pico de estrés por el que tuvo que ser atendida en un centro médico y eventualmente la obligó a pedir licencia médica. Según trascendió, entre las presiones que se denunciaron, se destaca el pedido del diputado nacional Leopoldo Moreau, quien solicitó acceso al expediente judicial de carácter reservado para corroborar si hubo violación a la Ley de Inteligencia como denunció el sindicato el lunes pasado.
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