El PRO retomó la bandera de la iniciativa en varios distritos de la Provincia. La doble instancia como un requisito indispensable. Incomodidad del Frente de Todos, que ve segundas intenciones

Una de las mayores deudas de la democracia moderna es la de mejorar los sistema de representación; más aún en países como Argentina, donde el fantasma de la corrupción cabalga a lo largo y ancho del territorio.

Con el espejo de Brasil como modelo, desde Juntos por el Cambio avanzaron con una batería de proyectos que buscan limitar el acceso de candidatos o servidores públicos con “muertos en el placard”. Entre las iniciativas, una que generó batallas dialécticas no exentas de polémica: la de Ficha Limpia.

A caballo de las resonantes causas de corrupción que rozan la imagen de varias de las principales espadas del kirchnerismo, con la vicepresidenta, Cristina Fernández, a la cabeza de los señalamientos, la oposición hizo bandera de la honestidad republicana.

Con una renovada ofensiva, que incluye retomar el objetivo de modificar el sistema electoral a través de la Boleta Única, que lleva adelante la alianza opositora en el Congreso, el espacio en la Provincia pergeñó un plan para forzar a los legisladores provinciales a poner sus barbas en remojo.

Con el diputado nacional Cristian Ritondo a la cabeza, sectores del PRO volvieron a tomar la bandera de la transparencia y presentaron proyectos en varios de los concejos deliberantes bonaerenses, instando a los legisladores provinciales a que traten y aprueben esta iniciativa. La primera parada fue Ensenada, territorio del ultrakirchnerista Mario Secco, que significó el inicio de una estrategia tendiente a ejercer presión sobre los diputados y senadores reacios a acompañarlo. Tras hacer la presentación en el Congreso, el exministro de Seguridad de María Eugenia Vidal alentó a los suyos a luchar “en la Legislatura bonaerense y en cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires para que sean ordenanza y las listas de candidatos en ningún distrito sean una bolsa de delincuencia”. Agregó, en lo que muchos entendieron como un dardo hacia el kirchnerismo, que “no es un proyecto contra nadie. Por eso es ilógico que haya quienes estén en contra de la Ficha Limpia”. La ofensiva la encabeza el propio Ritondo, con el senador bonaerense Walter Lanaro y el vicepresidente del bloque de Diputados de Juntos, Alex Campbell, entre otros.

En territorio bonaerense, el massista Ricardo Lissalde fue autor de uno de los primeros proyectos, seguido por otras iniciativas, como la que impulsó el exdiputado Fernando Pérez, del ya desaparecido bloque de Cambio Federal. También fue presentado otro, ya sin estado parlamentario como los anteriores, con la firma del exsenador de Juntos por el Cambio Leandro Blanco. Todos ellos plantearon la doble instancia como requisito de inhabilitación, un tema que genera controversia respecto de la cuestión de los derechos humanos y políticos: algunos creen que no hay garantías sin un fallo condenatorio firme, es decir, por parte de la Corte. El tema incomoda al Frente de Todos, que ve intenciones aviesas. Tiempo atrás, la diputada Susana González había planteado a este medio su discrepancia. “La Constitución habla de sentencia firme, y eso se logra cuando uno alcanza el máximo tribunal”, aseguró, mientras acusaba a la oposición de hablar de moral “con la bragueta abierta”.

WALTER LANARO (PRO)
“Oponerse a esto es oponerse a la transparencia de la política”

El senador provincial Walter Lanaro, autor de un proyecto de Ficha Limpia en la Legislatura, aseguró a La Tecla que la idea de la iniciativa es “tratar de que las listas no sean un aguantadero, de tratar de ser más transparentes a la hora de mostrarnos ante la gente. Que el ciudadano confíe en que cuando está metiendo una boleta en la urna no está votando a ningún delincuente”.

El legislador del PRO añadió que “esto es básico y no debería tener ideología política, porque parte del sentido común. Si hay voluntad política, este proyecto sale. Nos sentamos con la oposición, entendimos los reparos a que salga con la primera instancia porque quedaba al arbitrio de un juez, y me parece que es momento de tomar este tipo de medidas para que la gente confíe un poco más en la política”.

En referencia a los cuestionamientos por la doble instancia y no la sentencia firme, el referente vinculado a Cristian Ritondo evaluó que ”medidas como estas son preventivas, modificando la Ley Electoral, y tratan de evitar un mal mayor, que un delincuente ocupe un lugar en el Estado, alejarlo del erario público. Si después la Corte, que sería la última instancia, revoca la sentencia y esa condena, la persona podrá volver a integrar las listas”. Por otra parte, Lanaro, representante de la Tercera sección electoral, evaluó que “en los últimos años se percibe un quiebre muy grande entre la gente y nosotros, los dirigentes políticos, y esto sería un mensaje de que se puede hacer política de manera transparente”.

En referencia al acompañamiento que tendría la iniciativa por parte de radicales y otros socios de la alianza opositora, Lanaro expresó que “el proyecto es de todo el espacio de Juntos por el Cambio, y los compañeros del radicalismo y otros socios nos van a acompañar; esto no puede tener ideología. Oponerse a esto es oponerse a la transparencia de la política, y no me deja otra alternativa que pensar mal”.

GASTON MARRA (PLATAFORMA FICHA LIMPIA)
“Ficha Limpia incomoda porque va contra el delito de corrupción”

Desde la sociedad civil, el profesor universitario e impulsor de la iniciativa Gastón Marra recordó que Ficha Limpia “surge en 2018, impulsando reformas a los principios de idoneidad en la administración pública. No son del sistema penal sino del relacionado con lo electoral, enfocadas en inhabilitaciones temporales”. En ese sentido sostuvo que “en 2009, la actual vicepresidenta incluyó el auto de procesamiento para limitar el acceso a personas que cometieron delitos vinculados a derechos humanos, de lesa humanidad. Ni siquiera la doble condena, donde el acusado puede ejercer su defensa y están aseguradas todas las garantías judiciales”.

Marra mencionó que la propuesta incluye delitos que están en el artículo 36 de la Constitución, a partir de una condena en primera o segunda instancia, es decir, confirmada por un tribunal superior. En cuanto a los cuestionamientos por no contar con sentencia firme aseveró que “la iniciativa apunta a establecer el requisito dentro del Código Electoral y la Ley Orgánica de partidos políticos”, y evaluó que “Ficha Limpia incomoda porque va contra el delito de corrupción; no incomodan los delitos contra la integridad sexual, contra las personas, contra el orden económico y financiero o contra la propiedad”. Finalmente consideró: “Si a un bombero pueden impedirle ingresar a un cuerpo, ¿por qué a un político no se le prohíbe integrar una lista? Hay un criterio que aplica para la sociedad en general que no lo es para los políticos”.

FABIO QUETGLAS (UCR)
“Se enmarca en una demanda de tipo genérico desde la sociedad”

El diputado nacional Fabio Quetglas es uno de los impulsores de la ficha limpia por parte del radicalismo. El legislador por la Provincia aseguró que la iniciativa “se enmarca en una demanda de tipo genérico de parte de la sociedad, que pide reclutar mejor para el sistema político. Es una iniciativa que comparto, pero no tengo una expectativa milagrosa respecto de que vaya a cambiar el funcionamiento del sistema político”.

El diputado boina blanca añadió que “cada tanto hay oleadas de denuncias, con una Justicia que dilata, que tiene procesos muy largos, mientras la sociedad tiene un hastío histórico, porque los temas fundamentales no se resuelven y la calidad de la política se deteriora”. Además sostuvo que “establecer algún tipo de limitación respecto de las personas que fueron sancionadas por delitos contra la administración pública sería un principio básico”.

Quetglas explicó que la Ficha Limpia “se puso en discusión sobre personas que tenían una sentencia firme y apelaban ante la Corte, que no tiene plazos definidos. Si creemos que la segunda instancia no es suficiente hay que fijarle plazos a la Corte sancionando un nuevo Código de Procedimientos con tiempos razonables. Si no regulamos eso de la Corte tiene que valer la segunda instancia”. Acerca de la posibilidad de presentarse tras cumplir la condena dijo que “una buena ley tiene que determinar el tema de los pazos de inhabilitacion. Yo no creo en la muerte civil. Los que cumplen su condena son ciudadanos de pleno derecho”.

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