La puja por la administración de los programas sociales está otra vez en el centro de la escena. En tiempos de crisis, el Gobierno mira con la lupa a las organizaciones y prepara un plan que abre otra batalla

En la semana en que se cumplieron 20 años de la Masacre de Avellaneda, con los asesinatos de Darío Kosteki y Maximiliano Santillán en el marco de una protesta encabezada por piqueteros, el establishment puso en agenda el cuestionamiento al rol de los movimientos sociales. Dos décadas después, los diferentes gobiernos continúan sin resolver problemas básicos, la crisis se profundiza y comienza el operativo contención. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lanzó la bomba, resquebrajó más al oficialismo, alineó a la oposición y acorraló a las organizaciones.

La discusión por la administración de los planes no es nada nuevo. Tampoco lo es el pedido de los gobernadores e intendentes para tener mayor injerencia. Del mismo modo, los piqueteros insisten en su reclamo por trabajo y se oponen a lidiar con los caciques provinciales y locales. Esta disputa impacta de lleno en territorio bonaerense, sobre todo en el Conurbano, lugar en el que azotan la pobreza y la desocupación.

Allí es donde pone el ojo el Gobierno, principalmente el kirchnerismo, ya que se encuentra su máximo caudal de votos. La situación les preocupa en demasía y algunas voces K prenden las alarmas porque caracterizan tiempos más duros. A su vez posan las miradas sobre el poder de fuego de los movimientos sociales y ven con disgusto el crecimiento exponencial que tuvieron. Desconfían del Movimiento Evita, su enemigo íntimo y alineado al Presidente, Alberto Fernández. Pero también ponen sobre la mesa el dolor de cabeza que generan otros, los combativos de izquierda.

Según La Tecla pudo saber, trabajan en un proyecto de ley para que se instituya una renta básica general que incluya a 6.000.000 de personas que están en la economía informal. Una propuesta similar a la impulsada por el líder del MTE, Juan Grabois. De hecho, días antes de las palabras de Cristina Fernández, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, compartió una charla sobre el tema en la Legislatura provincial.

Mientras tanto, hasta implementar la iniciativa, se prevé un período de transición en el que gobernadores e intendentes hagan “un manejo desde la política sin tercerizar” cientos de miles de planes.

“Cristina dijo que se fue del Gobierno con 6,5% de desocupados y tenía 250.000 planes. Ahora tenemos un 7% y hay 1.300.000. Algo no cierra, más de 350.000 no podés tener. Y esos 350.000 planes los manejarán los intendentes o los gobernadores”, explicaron fuentes consultadas.

Del total de los programas sociales que se estiman que hay en todo el país, al menos 500.000 están bajo la órbita de las organizaciones sociales. Asimismo, unos 310.000 se especula que forman parte de los oficialistas (Movimiento Evita, BdP Somos, CCC y MTE). El resto, encolumnados en la izquierda (Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha, BdP/Libres del Sur, MST y Teresa Vive, entre otros). No obstante, al margen de la polémica por los aportes voluntarios, cada persona que accede tiene una tarjeta de débito personal y, además, puede decidir en qué unidad de gestión trabajar.

“La idea es reducir el número de planes y que quienes dejan de percibirlos cobren una renta básica, a cambio de una contraprestación”, reafirmaron desde el oficialismo a este medio. De esta manera se configura un escenario en el cual la iniciativa del kirchnerismo, en medio de la crisis y su disputa con el albertismo, apunta a brindarles más poder a gobernadores e intendentes y mermar la capacidad de las organizaciones piqueteras. El tiempo dirá cómo se desenvolverá esta disputa.

GUERRA SIN CUARTEL
Otra discusión que asoma en el FdT: qué es la economía popular

Mientras se discute sobre los programas sociales, otro debate de fondo en el Frente de Todos es sobre qué se entiende por “economía popular”. Se trata de una una polémica en torno a un aspecto sobre los alcances y limitaciones del capitalismo. “Para el kirchnerismo, la economía popular no existe, hay una sola economía, que es la que conocemos todos”, señaló a este medio una voz oficialista. Así se abrió la puerta para otro chispazo más.

Es que tanto el Movimiento Evita como el MTE, por citar dos ejemplos, defienden esta concepción. De hecho, Juan Grabois y Emilio Pérsico la definen como “los procesos económicos inmersos en la cultura popular, basados en medios de trabajo accesibles y el trabajo desprotegido”. En concreto, una de las características de esta definición es que se trata de personas que no acceden a trabajos formales y buscan distintas opciones para la subsistencia, como, entre otras, vendedores ambulantes que desarrollan su actividad en la vía pública de los barrios. Otra diferencia más surge en el marco de una discusión nodal por estos momentos acerca de qué hacer con los programas sociales.

EN LA PROVINCIA
Números que desnudan el problema estructural del acceso al trabajo

El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) relevó datos que grafican cómo se compone el escenario laboral en todo el país. Se trata de un sondeo en el que se refleja cuál es la situación de los trabajadores informales y precarizados que no poseen todos los derechos o lo que algunos denominan “economía popular”. El mismo es elaborado por la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que está liderada por Emilio Pérsico, uno de los popes del Movimiento Evita.

En este marco se dio a conocer que desde julio 2020 al 12 de febrero 2022 las personas inscriptas el ReNaTEP ascienden a 3.225.268 en todo el territorio nacional. Del total, la provincia de Buenos Aires lidera el ranking de trabajadores precarizados, con 1.091.493 (35,9%). Le siguen Tucumán (6,2%), Salta (5,9%), Chaco (5,8%) y Santiago del Estero (5,7%).

Si se compara con los asalariados formales que figuran en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hay 1.894.200 en tierras bonaerense. Es decir, según los números publicados por la Secretaría de Economía Social, el 36,5% del total de personas sondeadas tiene un trabajo precarizado. Además se debe tener en cuenta que una porción de quienes trabajan y no tienen plenos derechos accede al programa Potenciar Trabajo. Es decir que a la falta de empleo, otro problema que se agrega es la mala calidad del mismo y con ingresos que no superan la canasta básica.

DEBATE
El Conurbano bonaerense y el rol clave de los intendentes

El debate por la administración de los programas sociales encuentra a los jefes comunales del Frente de Todos (FdT) y de Juntos en la misma vereda, más allá de los matices que puedan expresar a la hora de hilar fino. Si bien siempre existieron conversaciones al respecto sobre cómo abordar la situación, en la última semana los teléfonos estuvieron al rojo vivo.

Desde la oposición, los alcades consultados por La Tecla manifestaron que “la discusión se debe a la interna del Gobierno”, pero señalaron que con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, “venimos charlando en este sentido y confiamos en que se pueda avanzar para que no haya intermediarios”. Desde el oficialismo hubo un fuerte respaldo a las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner y también apuestan, al igual que los gobernadores, a tener injerencia sobre los planes.

No obstante, del otro lado de la vereda se encuentran la mayoría de las organizaciones sociales que tienen una mirada crítica. “Dándoles la administración de los programas a los intendentes se pretende obligar a un montón de personas a que se desorganicen y cumplan órdenes estrictamente partidarias del gobierno municipal de turno”, señalaron a este medio desde el Frente de Organizaciones en Lucha. Asimismo manifestaron que “es una avanzada para engordar el poder territorial de los intendentes y debilitar al sector más dinámico de la clase obrera, que somos los y las trabajadoras desocupadas, precarizadas”.

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