El ministro de Economía, Sergio Massa, en su paquete de medidas que anunció incluyó una propuesta para los programas sociales. La misma consiste en que se transforme en trabajo registrado en empresas. “Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia, y el trabajo lo permanente”, remarcó. El año pasado había presentado un proyecto similar en el Congreso.
En este marco, detalló que "aquel que tiene un plan ingresa a una empresa y mantiene durante un año el plan como base" mientras que el empleador "paga la diferencia del salario de convenio más la ART y la obra social".
Asimismo, tras un año de trabajo registrado, el trabajador "opta por el trabajo o plan", entendiendo que el beneficio del empleo con derechos contiene obra social y jubilación, será "ese puente" para los que hoy están en un programa, "se sientan cobijados para mantener el trabajo", señaló.
Además, adelantó que "se encarará una política de reordenamiento de los planes sociales durante los próximos 12 meses, poniendo foco en tres ejes: la vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad".
Entonces, dijo que el 15 de agosto empieza una auditoría que realizarán las universidades y advirtió: "Quién no la cumpla, recibirá la suspensión del plan”. En paralelo, la liquidación se cruzará con las bases de datos de la Anses.
La medida es similar a un proyecto de ley que presentó el tigrense en 2021 y que denominó “un puente al empleo”. En ese momento, La Tecla realizó un informe sobre los alcances de la propuesta.
Entre los puntos salientes de la iniciativa de aquel entonces se encuentran: el trabajador podrá mantener el plan por doce meses como complemento del salario; acceso a obra social y ART; para las empresas, la reducción de hasta el ciento por ciento de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales; beneficio aplicado por 24 meses por cada empleado; tope máximo de una suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina de cinco a veinte.
En las últimas dos décadas se intentaron llevar adelante propuestas similares, y las mismas no resolvieron los problemas que se planteaban arreglar. Asimismo, en la actualidad, con un contexto de crisis rotunda, se abre la incógnita sobre si esta vez podrá funcionar.
Durante la presidencia de Duhalde, cuando el plan Jefes y Jefas de Hogar se implementaba, en uno de los artículos del decreto 565/2002 se impulsaba la creación de un registro de empleadores a través del Ministerio de Trabajo para “la inscripción de todas las empresas, instituciones públicas y privadas dispuestas a incorporar a los beneficiarios del programa para el desarrollo de actividades laborales, mediante la suscripción de los correspondientes convenios a nivel nacional, provincial o municipal”.
Además se establecía una duración máxima de seis meses y se contemplaba “el pago de un complemento del beneficio, a cargo del empleador, que, además, deberá abonar las contribuciones patronales, sobre ese monto”.
Luego, bajo el Gobierno de Néstor Kirchner, a través del decreto 1506/2004, se disponía que “los beneficiarios con posibilidades de empleo continuarán percibiendo sus beneficios en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que entenderá en todo lo atinente a la inserción y reinserción laboral de los destinatarios, a través de programas específicos y/ o acciones de empleo transitorio, formación profesional y promoción del empleo privado”.
Más tarde, ya con Macri en la Presidencia, el decreto 304/2017 maquillaba las medidas anteriores y continuaba casi en la misma sintonía: eximición de impuestos a empresarios que recibieran a personas con planes durante 24 meses. Este derrotero, relatado por movimientos sociales a La Tecla, anuncia en concreto que las experiencias similares que fueron impulsadas mostraron un claro fracaso.
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