Las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) ponen contra las cuerdas al Gobierno y obliga a implementar políticas de ajuste para achicar el déficit fiscal. En este marco, mientras el Poder Ejecutivo hace cuentas para reducir subsidios a la energía con el consecuente incremento de tarifas, también comienza a lidar con los programas sociales. Un dilema que lo lleva a enfrentarse con organizaciones piqueteras y toca una fibra sensible en los sectores más pobres.
Con la puesta en marcha de auditorías sobre el programa Potenciar Trabajo, que lo perciben más de 1.250.000 de personas, encaran un proceso en el que ponen la lupa en un punto neurálgico. De hecho, desde el Ministerio de Desarrollo Social convocaron a los intendentes de la Primera y Tercera sección electoral bonaerense para brindar detalles al respecto y, por supuesto, buscar acompañamiento. Por su parte, las organizaciones sociales ya pusieron el grito en el cielo y advierten con profundizar el conflicto ante la baja masiva de beneficiarios.
Al mismo tiempo, durante el fin de semana, comenzó a circular la versión de que el ministro de Economía, Sergio Massa, ultima detalles de la la redacción del decreto que buscará convertir unos 200.000 planes sociales en empleo formal en el sector privado.
Con el nombre de "Puente Empleo", el objetivo es que quienes perciben la asistencia sean contratados por un empleador y cumplan la capacitación y los cursos de formación que se establezcan, podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan esos programas por un año, y el empleador completará el resto para llegar al salario de convenio.
Al año, el trabajador deberá decidir si mantiene el plan u opta por el trabajo formal con obra social, ART y todos los beneficios de estar en el mercado laboral. Para el sector empresarial, el beneficio será contar con el subsidio durante un año.
En principio, la iniciativa llama la atención del sector empresarial mientras que los movimientos sociales dudan de la efectividad de la misma. Incluso, recuerdan que planteos similares ya fracasaron tanto en la administración de Mauricio Macri como durante el kirchnerismo.
En plena disputa política por el poder territorial entre el Gobierno y los piqueteros, en las últimas semanas un relevamiento realizado por Taquion dio a conocer que preguntaron a sus encuentados sobre en qué áreas harían un recorte y la respuesta fue que la mayoría achicaría por los planes sociales. En segundo lugar apuntaron al empleo público y más atrás quedaron subsidios a la energía y transporte.
Sin dudas, otro elemento que agrega más complejidad al dilema que enfrenta el Gobierno. Un problema político que puede decantar en masivas movilizaciones que unificarían a todo el arco piquetero (oficialistas y opositores). Por ahora, más allá de los chispazos hacia el interior del Frente de Todos, las organizaciones de izquierda permanecen movilizadas semanalmente y salen a las calles.
Al margen de las motivaciones económicas en pleno plan de ajuste de la coalición de Gobierno, también influye el factor del poder territorial que ostentan las organizaciones y que preocupan al oficialismo. Con un clima electoral adelantado y una economía que no sale a flote, cada engranaje es clave para evitar inconvenientes que lleven a una derrota en las urnas.
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