Así lo solicitó esta tarde la fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015. La pena también contempla inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Luciani pidió 12 años de prisión para Cristina y expresó:

El fiscal federal Diego Luciani pidió hoy que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al finalizar sus alegatos en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”, señaló. Y añadió: “nuestro único objetivo fue buscar la verdad. Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.

El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina Kirchner: la magnitud de los delitos cometidos, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños, la calidad de los motivos de la maniobra y el “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.

Luciani también ponderó “el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en particular que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo”.

“No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, concluyó el fiscal. “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”, sostuvo.

También pidió el decomiso sobre los bienes de las empresas de Lázaro Báez, otro de los imputados, y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos. “Deviene de suma importante que de dictarse el decomiso de los bienes el destino sea instituciones de bien público para equilibrar el perjuicio de los graves delitos”, planteó Luciani.

Luego de la descripción de los hechos, pidió investigar a las empresas que se presentaban para licitar por entender que habrían sido espurias para simular la existencia de competencia con las firmas de Lázaro Báez. También solicitó extraer testimonios para investigar “la posibilidad de ilicitudes con el proceso licitatorio al hospital materno infantil de Río Gallegos” y “de todos los posibles ilícitos que surgen del teléfono de José López”.

En el último tramo de los alegatos, la fiscalía apuntó al presidente Alberto Fernández y habló de la “injerencia indebida” en el curso del juicio. Fue cuando recordó que sus palabras en torno a que “la cartelización de la obra pública es un problema histórico de la Argentina. El Estado es víctima de estos delitos, pero no hay que confundir el estado con las personas que ocasionalmente conducen o administran”.

En este marco, Luciano se refirió a las palabras de Alberto Fernández cuando habían detenido al a José López en 2016. “Le quisiera recordar que dijo públicamente que renunció como jefe de Gabinete por la corrupción en la obra pública”, señaló.

Las penas

A la hora de pedir las penas, Luciani acusó a Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, a Lázaro Báez y al ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti como organizadores de la asociación ilícita y autores de fraude a la administración pública y solicitó para ellos una pena con distintos años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“El orden público ha sido trastocado por una asociación ilícita dirigida por la presidenta de la nación como jefa y por sus principales ministros como organizadores”, dijo Luciani sobre la asociación ilícita.

Al resto de los imputados los acusó del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Son Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

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