Argentina
Domingo, 4 diciembre 2022
EN LA MIRA
28 de agosto de 2022

Intendentes acorralados por la Justicia

No sólo el Poder Judicial está detrás de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Varios jefes comunales, de distintos colores políticos, tienen causas abiertas. 

En los últimos días, la vicepresidenta Cristina Kirchner quedó en el centro de la escena política. El fiscal Diego Luciani, a cargo de la investigación de la Causa Vialidad, pidió que se la condene a 12 años de prisión e inhibición a ejercer cargos públicos de por vida al encontrarla culpable de liderar una asociación ilícita en perjuicio del Estado.

El pedido de sentencia encendió todas las alarmas y desde el Frente de Todos se encolumnaron detrás de la presidenta del Senado. “Persecución judicial y mediática” y “lawfare” fueron las palabras más pronunciadas de ese lado de la grieta. Del otro lado, el de la oposición, se escuchó “justicia”. 

Pero lo cierto es que la ex jefa de Estado no es la única dirigente política que está acorralada por la Justicia. En la Provincia, por caso, son varios los jefes comunales, de distintos colores políticos, que tienen causas abiertas. Incluso, algunos están procesados o imputados. 

Peronistas, radicales y macristas. Hay de todo. 


Pablo Zurro (Pehuajó - FdT)

El intendente ultra K fue procesado por la Justicia Federal de Junín por delitos de acción pública a raíz de la demolición de un galpón ferroviario, propiedad de un concesionario privado.  

La decisión del tribunal, que también alcanza al secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Fanti, es por presunto “daño” y “robo” de materiales. La denuncia fue radicada por la transportadora de granos FerroExpreso Pampeano (del Grupo Techint) y que se encuentra en negociaciones con el gobierno nacional por el vencimiento de la concesión del servicio.

El edificio en cuestión, propiedad del  Estado Nacional había sido cedido para su uso durante la vigencia del contrato y debía ser devuelto una vez finalizada la concesión. 

Aunque en el momento del derrumbe no había materiales de acopio, desde Ferro Expreso advirtieron que la estructura poseía “materiales de alto valor económico por las toneladas de metal, madera y chapas”. Además, señalaron que frecuentemente era “arrendado para acopio de cereales embolsados”.

En su descargo, Zurro aseguró que intentó comunicarse con la empresa en reiteradas oportunidades y que el galpón en cuestión estaba “destruido” 

Ricardo Casi (Colón - FdT), Héctor Olivera (Tordillo - FdT) y Gustavo Walker (Pila - FdT) 

Los jefes comunales peronistas están imputados en la llamada causa GIRSU, que inició el fallecido juez Claudio Bonadío e involucra también a varios ex intendentes como Francisco Durañona (San Antonio de Areco), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Diana Argüello (Lobería) Jorge Eijo (General Belgrano), Francisco Iribarren (Florentino Ameghino) Marta Susana Medici (Alberti) Ricardo Curetti (Patagones) Carlos Racciatti (Lezama), y Francisco Gutiérrez (Quilmes).

Según pudo saber La Tecla, la investigación fue elevada a juicio oral hace tres años, pero todavía no hay novedades al respecto. Ni siquiera se ha establecido una fecha certera. 

La causa -que ahora quedó en manos del Tribunal Oral Federal N°7- investigó un presunto desvío de más de $600 millones repartidos por el ministerio de Medio Ambiente para el programa GIRSU (Gestión de Residuos Sólidos Urbanos) entre 2013 y 2015.

"Las maniobras ilícitas perpetradas por los funcionarios que gestionaron los fondos asignados a aquel proyecto (un total aproximado de $590.136.927), han incidido directamente en que, habiendo transcurrido más de una década desde la implementación del Programa, el país se encuentre sumamente atrasado en materia de tratamiento de los residuos que generan sus habitantes y que, a grandes rasgos, no se hayan cumplido los principales objetivos fijados en el Proyecto (reducción y valorización de RSU, implementación de la GIRSU, clausura de basurales a cielo abierto, recopilación, procesamiento y difusión de información y comunicación y participación); privando a la ciudadanía de gozar de una mejor calidad de vida en materia ambiental", enfatizó en su escrito el fiscal a cargo de la investigación, Carlos Rívolo. 


Javier Iguacel (Capitán Sarmiento - JxC)

Uno de los promotores de la Causa Vialidad, en la que se acusó a Cristina Kirchner de encabezar una asociación ilícita para defraudar las cuentas del Estado Nacional, está también acorralado por la Justicia.

En efecto, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 procesó al ex administrador general de Vialidad Nacional y actual intendente de Capitán Sarmiento, por la supuesta ampliación ilegal e irregular de los plazos de los contratos de concesión de siete corredores viales que pasan por un total de once provincias.

La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por la secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, Ana María Graciela Aleña, en agosto de 2019, bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Para la denunciante, esta maniobra no sólo benefició a las respectivas empresas concesionarias, sino que también perjudicó a la Administración Pública Nacional al privarle la posibilidad de obtener, con una nueva licitación, mejores condiciones de contratación.

Los hechos versan sobre las irregularidades vinculadas a la prórroga contractual dictada en el año 2016 mediante la que se adjudicó el corredor vial 7 al corredor vial 3; las relacionadas con las prórrogas extraordinarias dictadas desde el año 2017 en adelante en los corredores viales 1 al 6 y 8; y aquellas concernientes a la licitación bajo modalidad de participación público-privada (PPP), llevada a cabo desde el año 2018 en adelante.


Manuel Passaglia (San Nicolás - JxC)

En septiembre de 2020, el Ministerio Público Fiscal dispuso el embargo preventivo de bienes y el congelamiento de productos bancarios del intendente Manuel Passaglia, su hermano Santiago y su padre (ex intendente del distrito) Ismael Passaglia en el marco de una causa que investiga la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. 

La causa fue iniciada a raíz de una denuncia efectuada por una persona -bajo identidad reservada-, según la cual Passaglia padre y su círculo familiar “podrían haber realizado diferentes hechos calificables dentro de las previsiones establecidas por el artículo 268 (2) párrafos 1 y 2 [enriquecimiento ilícito] y artículo 303 [lavado de activos], todos del Código Penal”.

El Ministerio Público Fiscal requirió la instrucción del sumario y colectó elementos probatorios tendientes a corroborar los episodios denunciados. “Del análisis de las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP por los investigados pueden advertirse notorias inconsistencias en la justificación del origen de los bienes”, advirtió el fiscal Matías Di Lello en el dictamen presentado a fines de 2019. 

En ese sentido, agregó que “el Sr. Passaglia durante el período en que se desempeñó como funcionario público dispuso de fondos cuyo origen no pueden justificarse con sus ingresos declarados. Posteriormente, pretendió disimular la calidad ilícita de los fondos así generados, dándoles ingreso a su patrimonio y el de sus allegados con apariencia de licitud, mediante la adquisición de bienes registrables y la participación en inversiones, incompatibles con sus ingresos declarados”.


Matías Rappallini (Maipú - JxC)

El intendente radical fue recientemente procesado por el titular del Juzgado Federal de La Plata con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, junto a otras siete personas por fraude en las últimas elecciones legislativas. 

Ramos Padilla suscribió que la acusación fue por realizar “diversas acciones coordinadas junto con otras personas que incluyeron el ejercicio de violencia, intimidación, amenazas, coacciones, engaños y/u ofrecimientos ilegítimos de dinero, bienes y/o acceso a programas de asistencia o beneficios estatales, dirigidas a obtener los documentos de identidad de numerosas personas con el fin de retenerlos, y así impedirles ejercer su derecho al sufragio y/o compelerlas a votar a determinados candidatos, en las elecciones generales que se celebraron el 27 de octubre de 2019 en el distrito electoral de Maipú, Provincia de Buenos Aires”.

Como informó La Tecla, entre los procesados se encuentra Carlos Enrique Villalba, actual Secretario de Obras y Servicios Públicos del distrito de la Quinta Sección, imputado de haber amenazado a trabajadores y trabajadoras de la cooperativa municipal. Según testimonios, les habría manifestado que, si no entregaban sus documentos de identidad, perderían su empleo.

Ramos Padilla también procesó a María Alejandra Fernández, Raúl Esteban Ibarra, Diego Leonardo Miluzzi, Franco Eduardo Miluzzi, César Javier Nievas y Miguel Ángel Silva.

En mayo de este año el juez Ramos Padilla comenzó a tomar declaración indagatoria a varios empleados del municipio, tras la denuncia realizada por el Frente de Todos acerca de la retención ilegal de documentos a más de 150 personas.

Tras la elección, que el actual alcalde le ganó a Facundo Coudannes (Frente de Todos) por 49 votos, la oposición denunció públicamente el hecho, radicando la denuncia federal con al menos 30 demandas.

Según el escrutinio definitivo, en la localidad de Maipú el intendente oficialista obtuvo su reelección con el 50,38% (4.076 de los votos) frente al 49,61% (4.014 de los votos) que obtuvo Coudannes.


Mario Secco (Ensenada - FdT)

El intendente ultra K debe enfrentar un juicio oral acusado de "coacción agravada, resistencia a la autoridad y perturbación al ejercicio de funciones públicas" por haber ingresado al recinto de la Cámara de Diputados bonaerense durante el cuarto intermedio de una sesión que se realizó el 14 de diciembre de 2017, mientras se discutía la reforma jubilatoria de los trabajadores del Banco Provincia.

Ese día, en las inmediaciones de la Legislatura bonaerense, empleados de la entidad financiera marcharon en rechazo a la sanción de la norma que había impulsado la gestión de María Eugenia Vidal y que hoy busca modificar el gobernador Axel Kicillof.

El intendente irrumpió en el recinto para intentar frenar la votación. A raíz de ello, se hizo presente el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta quien actuó de oficio e inició una investigación. 

El mismo funcionario judicial está a cargo de otra investigación contra el intendente de Ensenada y varios trabajadores del Astillero Río Santiago por “resistencia a la autoridad” durante una manifestación frente a la Legislatura Provincial, durante el gobierno de María Eugenia Vidal. 

Por ello, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y las legisladoras bonaerenses Susana González y Teresa García, presentaron al Jurado de un Enjuiciamiento de Jueces y Magistrados de la provincia de Buenos Aires el pedido de juicio político contra el fiscal.

El pedido de jury se solicita por mal desempeño de sus funciones, negligencia e incompetencia y entre las irregularidades de su accionar se incluye la decisión de no investigar a funcionarios del gobierno anterior por una supuesta malversación de fondos millonaria contra ese organismo, precisó un comunicado de la CPM.


Julio Garro (La Plata - JxC)

A fines de abril de este año, el juez federal Ernesto Kreplak procesó sin prisión preventiva al intendente de La Plata, Julio Garro, a exfuncionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y a exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa en la que se investiga la “mesa judicial bonaerense”, también conocida como "Gestapo antisindical" que habría coordinado acciones ilegales para perseguir al sindicalista de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina.

El magistrado además ordenó el embargo por 10 millones de pesos sobre los bienes del jefe comunal del PRO.  

La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical. centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”.

La justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.


Mayra Mendoza (Quilmes - FdT)

La intendenta de La Cámpora fue imputada por la Justicia Federal de Quilmes en una causa que investiga posibles irregularidades en pagos a cooperativas y empresas vinculadas a funcionarios, ex funcionarios del Municipio y allegados por la suma de 671 millones de pesos. 

Además de la jefa comunal, quedaron en la mira de la Justicia el ex subsecretario de Hábitat de su gestión, Sebastián Raspa; el también ex funcionario del Municipio de Quilmes Martín Bordalejo; y el empresario local José Alejandro Scozzari. 

La carátula de la investigación lleva los posibles delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de dinero y administración fraudulenta.

Cabe destacar que las maniobras fueron dadas a conocer por una investigación periodística del medio El Disenso y fue la propia Mendoza quien se “autodenunció” en la Justicia para que investigue “la denuncia de un portal periodístico que pretende divulgar información falsa y maliciosa”.


Francisco Ratto (San Antonio de Areco - JxC)

El jefe comunal PRO está imputado en una causa a cargo de la jueza con competencia electoral María Servini de Cubría, en la que se investiga el pago de 130 mil bonos de 5 mil pesos a fiscales electorales de Juntos por el Cambio y que, en su lugar, debían beneficiar a desocupados. 

La investigación surgió a raíz de una publicación periodística de Ámbito Financiero, que luego recayó sobre la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que elevó el estudio a la fiscalía federal a cargo de Ramiro González.

La resolución 1177/2019 de la Secretaría de Empleo, entonces bajo la órbita de Dante Sica, a cargo del Ministerio de Producción y Trabajo y quien también está imputado, destinó a tal fin un total de 650 millones de pesos. No fue publicada en el Boletín Oficial y tampoco se abrió un registro para la inscripción de los posibles beneficiarios. 



 

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