El operativo de desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu llevado adelante por fuerzas federales con orden judicial desató fuertes controversias incluída la renuncia de la Ministra Gómez Alcorta y se prevé que no sea la única

Villa Mascardi: crónica de un conflicto que podría llevarse puesto a más de un funcionario nacional

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La localidad rionegrina de Villa Mascardi pasó a ser el foco del conflicto mapuche; escenario de violentos incidentes vinculados a la ocupación de tierras. Hasta hace 5 años la comuna era un rincón paradisiaco de la cordillera patagónica. Ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y a unos 35 kilómetros de Bariloche, esta pequeña localidad perdió desde hace tiempo su principal encanto: la tranquilidad.

El conflicto comenzó en 2017 cuando un grupo de personas tomó un predio conformado por dos lotes de Parques Nacionales. Se identificaron como miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu y se refirieron a una recuperación territorial.

Desde entonces la tensión en la pequeña villa no paró de crecer: cortes en la ruta 40, incendios y vandalizaciones. En 2018 usurparon “La Escondida”, propiedad de Juan Grehan y Magdalena Tournier. Luego tomaron, saquearon y desmantelaron el emblemático hotel de la localidad, propiedad de Parques Nacionales que se encontraba abandonado.

Más tarde, se sumó la usurpación del predio de Gas del Estado. En 2019 el robo de elementos en las cabañas Hueche Ruca del Obispado de San Isidro y luego despojaron al Obispado del predio. También se incendiaron tres cabañas Ruca Lauquen de la Asociación de Colegios San José.

A principios de agosto de este año incendiaron la cabaña Los Radales perteneciente a Luis Dates. Y el domingo 25 de septiembre atacaron e incendiaron una casilla de Gendarmería que se encontraba vigilando el predio, que más tarde fue tomado.

En respuesta a estas acciones, el Gobierno nacional envió refuerzo de seguridad a la zona que este martes 4 de octubre realizaron un operativo de desalojo en los lotes usurpados por integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu llevado adelante por agentes de distintas fuerzas federales por orden de la jueza Silvina Domínguez, junto a la fiscal Cándida Etchepare. Fue cortada la ruta 40 con dos retenes entre Bariloche y El Bolsón. Como resultado se llevaron detenidas a siete mujeres y cinco niños.

Según el Ministro de Seguridad de la Nación, Alberto Fernández: “Ingresó la Policía Federal Argentina sin armas letales”, y señaló que “no ha habido ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño”. Informó que hay siete mujeres detenidas que “se encuentran en perfecto estado de salud, en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluyendo a la señora que cursa un embarazo avanzado”, e indicó que los niños que acompañaban a las mujeres “se encuentran en la misma dependencia, interviniendo minoridad de la provincia de Río Negro, secretaría niñez adolescencia y familia SENAF”.

Sin embargo, la acción en Villa Mascardi todavía no ha concluido. Si bien el ministro de Seguridad había asegurado que la usurpación terminó luego de haber dado un parte positivo sobre los operativos de desalojo, el funcionario indicó que, por orden judicial, “hay mucho trabajo por hacer” en relación a que falta por detener a varias personas identificadas por el expediente judicial.

“Deduzco que tiene que haber habido otra gente, que es la que en el oficio se solicita la captura y que nosotros hubiéramos efectuado si hubieran estado”, deslizó el ministro que desconoció si los hombres huyeron hacia el interior de la montaña y valoró el trabajo policial, el jueza Domínguez y el de la fiscal Echepare como “de alto nivel profesional”. Mientras las fuerzas federales se quedan en la zona en búsqueda de más personas.

En cuanto a las detenciones, se trasladaron a cuatro mujeres mapuches al penal de mujeres de Ezeiza, de la provincia de Buenos Aires. Ellas son Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera mientras que otras dos, Betiana Ayelén Colhuan y María Celeste Ardaiz Guenumil, quedaron detenidas en dependencias que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tiene en el aeropuerto de Bariloche por tener hijos lactantes.

Al respecto, el líder del Parlamento Mapuche Tehuelche, Orlando Carriqueo, cuestionó a la jueza federal Silvina Domínguez que ordenó trasladarlas y le pidió reconsiderar la medida que, según señalan, responde a que en la provincia de Río Negro no hay penal federal de detención de mujeres.

Carriqueo cuestionó en redes sociales la resolución de la letrada: "Dra. Dominguez, quiero solicitarle en razón del amparo de los derechos culturales que nos asisten como pueblo y en el marco del convenio 169 y la declaración de los Derechos de los Pueblos Originarios de la ONU poder reconsiderar esta decisión que sería verdaderamente gravosa para nuestra gente en tanto 3 de ellas se encuentran en tratamiento médico con la Machi Betiana y una de ellas es madres de 2 menores de 9 y 11 años que quedarían separados por más 1200 km de distancia", tuiteó el referente mapuche.

Asimismo, el operativo llevado adelante bajo la orden del Ministerio de Seguridad de la Nación, desató fuertes controversias al interior de la coalición gobernante. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, advirtió que en el procedimiento hubo “graves” vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas, apuntando directamente a Aníbal Fernández, que afirmó que “no ha habido ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño”.

La funcionaria nacional expresó su preocupación a viva voz ante la prensa: “La situación es sumamente preocupante. Desde hace más de 48 horas detuvieron a siete mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad. De las siete mujeres, dos de ellas estaban con sus niños muy chiquitos, de 1 mes y de 4, otra de las mujeres está embarazada de 40 semanas y con algunos temas de presión alta”.

En este marco, tras ser atacada en las redes sociales por cientos de personas que reclamaban respuestas por parte de su cartera, la letrada no soportó la presión y decidió presentar la renuncia al cargo, que este viernes fuera aceptada por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Sin embargo no es la primera ni sería la única funcionaria que deja el cargo por el conflicto mapuche, en agosto de este año la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, renunció “por motivos de salud”, pero en realidad, fue a pedido del Presidente Fernández por haber tenido diferencias en su gestión con los gobiernos de Río Negro y Neuquén sobre el abordaje y tratamiento de las comunidades originarias. En particular, sobre una fallida declaración de “sitio sagrado mapuche” al Volcán Lanín que desató una polémica que también involucró al ministerio de ambiente.

Se intuye que pueda haber más cambios en el gabinete de Alberto Fernández.

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