Cuatro de los pliegos enviados por el Ejecutivo para cubrir cargos judiciales fueron rechazados. Denuncias contra políticos y cuestionamientos de un ministro de la Provincia, algunos de los motivos no explicitados por los legisladores.

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La Cámara Alta provincia se dispone a dar el visto bueno a una veintena de pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales, que fueron enviados por el Poder Ejecutivo para su aprobación.

Los mismos pertenecen al departamento judicial Avellaneda-Lanús que, como el resto del mapa bonaerense, tiene varios casilleros por cubrir.

Sin embargo, algunos nombres propuestos por el gobernador Axel Kicillof no pasaron, por diferentes motivos, el filtro de la Legislatura.

Uno de los casos más salientes es el de Gustavo Ogni, propuesto para el cargo de Defensor Oficial ante el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

A pesar de que no explicaron los motivos de su cancelación, muchos recuerdan que fue quien denunció en 2013 a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en una causa que fue desestimada.

Entonces, el abogado Ogni hizo una presentación judicial contra Carrió argumentando que la entonces diputada nacional no estaría en condiciones económicas, según su patrimonio, para adquirir la chacra que posee en Capilla del Señor, dando a entender un supuesto enriquecimiento ilícito. Finalmente, la causa fue desestimada.

En tal sentido, se añaden viejos posteos en redes sociales del mencionado abogado que demostrarían si vínculo o cercanía con la agrupación La Cámpora.

Otro de los nombres “bochados” es el de Pablo Bocaccia, propuesto para ocupar el cargo de Juez de cámara de apelación en lo civil y comercial de ese departamento judicial.

El desalojo en Wilde, ordenado por el juez Bocaccia.

En diciembre de 2021, Bocaccia, entonces juez en lo Civil y Comercial N°1, fue el responsable de ordenar el desalojo de los miembros de la cooperativa Nueva Generación en la localidad de Wilde.

La medida fue duramente criticada por el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, quien aseguró entonces que el magistrado había violado “un acuerdo que había entre el Estado provincial y los trabajadores".

En tal sentido, Larroque explicó que "se había acordado el traslado de la cooperativa a otro inmueble, pero para eso necesitábamos un tiempo”, añadiendo que “en ese proceso, el juez resolvió esto (el desalojo con violencia). Ahora se apaciguó un poco, pero esta es la justicia que tenemos".

En la misma situación quedaron Noemí Donato, propuesta como defensora oficial para actuar ante el fuero criminal y correccional y Rubén Olazar, quien había sido postulado como agente fiscal del departamento judicial Avellaneda – Lanús. De ellos se desconoce, hasta el momento, el motivo del pulgar hacia abajo.

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