El Gobierno provincial puso primera para saldar una deuda histórica en tierras bonaerenses. A qué apunta la nueva norma, acuerdos y miradas de una esperada ley.

Con un tema sensible bajo la mirada de la opinión pública, el Gobierno provincial apretó el acelerador para darle forma y tener lista la ley de Etica Pública y Transparencia que buscará saldar una asignatura pendiente desde la última reforma de la Constitución nacional y, también, la bonaerense. Cuáles son los puntos claves que establece el texto de la iniciativa y cuál fue la respuesta de la política. Desde la sanción de la última Carta Magna quedó en suspenso el tratamiento de una norma de Etica Pública y Transparencia. Frente a este escenario, y para la elaboración del texto, el Gobierno buscó el consenso de representantes de universidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, organismos de la Constitución y funcionarios nacionales, provinciales y municipales, haciendo principal hincapié en el respaldo de alcaldes opositores.

Con bombos y platillos fue el propio Gobernador, Axel Kicillof, junto al ministro de Justicia, Julio Alak, y la subsecretaria de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos, quien anticipó el envío del proyecto a la Legislatura. Sobre este punto el mandatario bonaerense señaló que no debe ser una iniciativa limitada al Ejecutivo, sino que tiene que ser el resultado de un proceso participativo y democrático. No obstante, con el texto listo y tras un intenso debate que comenzó en 2020 empezaron a aparecer voces discordantes, como las opiniones vertidas por legisladores de la oposición, tal el caso del diputado libertario Nahuel Sotelo (ver cuadro).

Entre las particularidades del proyecto que será de carácter preventivo y no punitivo se buscarán establecer los mecanismos institucionales para el abordaje de situaciones de conflicto de intereses, el resguardo del patrimonio sobre las cuestiones particulares que incluye la utilización de información reservada, de los bienes, la presentación de declaraciones juradas, como así también la regulación de obsequios a quienes se desempeñan en la función pública. La medida, que genera expectativas, ya está lista para su tratamiento legislativo.

Ana Laura Ramos - subsecretaria de Transparencia
“Este proyecto de ley no es igual a ninguno de los ya sancionados”

En diálogo con La Tecla, la subsecretaria de Transparencia del Gobierno provincial, Ana Laura Ramos, detalló los puntos del texto del proyecto y explicó: "Nosotros ni bien asumimos la gestión vimos que había un vacío normativo, porque en 1999 se sancionó la ley de ética pública, después lo hicieron once provincias, incluida la ciudad de Buenos Aires, pero la provincial nunca sancionó la suya. En ese contexto conformamos una mesa de trabajo en octubre de 2020, donde lo que hicimos fue invitar a participar mediante una plataforma virtual y luego en forma presencial a distintos técnicos, donde redactamos los 37 artículos más los fundamentos en conjunto con dos universidades públicas nacionales, siete organizaciones de la sociedad civil que tuvieron una participación muy importante".

En esta misma línea sostuvo que "una de las características definitivas que tiene la ley fue incorporados por el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática y estuvieron en la redacción, después trabajamos con el gobierno provincial, con los organismos de la Constitución, con el Poder Ejecutivo nacional, diez colegios profesionales y asociaciones de magistrados.

Agregó que “este proyecto de ley no es igual a ninguno de los proyectos de ética pública que se sancionaron en el país; tiene características distintivas, y la primera es que salimos del paradigma punitivista para trabajar sobre los mecanismos preventivos, se habla de un sistema de integridad, el Estado tiene que generar las herramientas necesarias para que quienes ejercen la función pública lo hagan de la mejor forma posible”. En esta línea explicitó que “la ley, además de tener los principios, deberes y prohibiciones respecto a las políticas públicas de transparencia, marca un contrato de mecanismos preventivos; por ejemplo, el régimen de obsequios, donde se establece que no se pueden recibir y, como excepción, cuáles sí, que tienen que ver con los de cortesía o diplomacia, que se tendrán que registrar y decir de dónde se recibieron”.

También expresó que “hay otra parte de conflicto de intereses e incompatibilidades, que se genera un espacio dentro de la administración pública que, donde se generen dudas, se pueda requerir un dictamen. Luego hay una capacitación a toda la administración pública que incluye las declaraciones patrimoniales, que están reguladas por la Ley 15.000, que no se va a modificar porque la venimos aplicando, pero sí trabajamos sobre un nuevo sistema de presentaciones a través de la AFIP. También prevé su inclusión en las currículas de todos los niveles educativos, para que se empiece trabajar y a educar desde el jardín de infantes sobre ética pública, integridad y transparencia. Además de conocer, como sociedad, cuales son sus derechos”.

Entre otras de las características distintivas, Ramos agregó que "se crea el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, que va a poder asesorar, informar y también construir las políticas públicas de transparencia e integridad para que se terminen aplicando a nivel provincial que van a estar compuestos por organizaciones de la sociedad civil, universidades y colegios profesionales, como de magistrados. A su vez van a ser parte, de otra figura que se crea que es la Comisión Provincial de Ética Pública y transparencia, que van a trabajar ad honórem y van a estar allí las autoridades de aplicación. En principio, el proyecto de ley, como se envía desde el Ejecutivo, los únicos obligados son ellos y si el resto quiere pueden adherirse, como por ejemplo los organismos de la Constitución. Si bien los municipios no están obligados, si pueden adherirse voluntariamente y nos pareció interesante e importante incorporarlos".

Sobre este punto resaltó: "36 municipios trabajaron sobre la redacción del proyecto de ley y a principios del 2021 fue crear un programa desde la Subsecretaría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se llama Red de Oficinas de Transparencia PBA que es un programa, donde nosotros nos capacitamos y ayudamos para que implementen diferentes herramientas, que son cinco, y una de ellas es el código de ética para los municipios que debe dictarse en cada uno porque las realidades de los municipios son diversas, entonces no se podría aplicar los mismo a todas las localidades. Entonces, hay 42 municipios que ya están trabajando en su propio Código de Ética y como es una articulación, la idea es que ellos se apropien y es muy importante el trabajo que vienen haciendo y tuvimos una buena predisposición de todos para trabajar la temática, no sólo de ética sino también de declaraciones juradas patrimoniales, que cuando creamos el nuevo sistema PBA AFIP, se incluyó en el desarrollo para que los 135 municipios lo puedan utilizar, entonces se firma un convenio con la provincia y sus funcionarios pueden presentar sus declaraciones".

Nahuel Sotelo - Diputado Provincial
“En transparencia ya está todo inventado, para eso está la Justicia”

Más allá de los acuerdos y consensos alcanzados en la elaboración del proyecto, la iniciativa comienza a recoger algunos cuestionamientos de referentes opositores. Entre ellos se expresó Nahuel Sotelo. El legislador de Avanza Libertad, en diálogo con La Tecla manifestó: “Por regla, siempre vamos a estar en contra de lo que cree más puestos de trabajo.

Ya vimos casi 8.500 nombramientos del plan ATR que duró seis meses, se lo dio de baja y, sin embargo, los cargos siguieron, que son la militancia en el territorio. Gente en el Estado sobra, y se debería comenzar a gestionar mejor, antes que crear más cargos para controlar la transparencia”.

En esta línea, Sotelo agregó: “Hoy en día no hay ética, ni transparencia, porque han duplicado las subsecretarías, han hecho una Jefatura de Gabinete espejo; entonces, mientras haya un gasto ineficiente no puede haber transparencia. La política tiene muy buenas herramientas, que a veces se usan para ir en contra de la sociedad; y en transparencia ya está todo inventado, para eso está la Justicia”.

SENADO BONAERENSE

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