El Gobierno bonaerense presentó el pasado 31 de octubre, los proyectos de Presupuesto y Ley Impositiva 2023 para la provincia de Buenos Aires, que fueron presentados por el ministro de Hacienda, Pablo López. Como informó La Tecla.info, la previsión de gastos asciende a 6,9 billones de pesos, con un déficit primario del 1,2% y un déficit financiero del 1,7 por ciento.

En cuanto a los gastos de capital serán del orden del 8%, casi el doble comparado con 2019, debido al incremento en la inversión en infraestructura. Dicho ítem será una de las claves, junto con Educación, Seguridad y obras sanitarias.

Endeudamiento

Además, la Provincia pedirá autorización para tomar deuda por unos 168.000 millones de pesos, poco menos del 3% del Presupuesto, ante organismos internacionales para destinarlos a obras.

Con los números sobre la mesa, legisladores e intendentes comenzaron a escudriñar en detalle cada uno de los ítems. Los reclamos y observaciones a las cuentas provinciales no tardaron en llegar. 

El Presupuesto incluye, en su artículo 32, una autorización para que el Ejecutivo pueda tomar deuda por 168.062 millones de pesos “ׅo su equivalente en otras monedas”. Para el ejercicio actual en endeudamiento estaba previsto por encima de los 94.670 millones, y en ambos casos, destacan en el Gobierno “se trata de un porcentaje muy reducido del total de gastos generales.

Por otra parte, se vuelve a pedir autorización (artículo 33) para que la Tesorería General de la Provincia pueda emitir Letras del Tesoro por 45.000 millones de pesos. Este es un instrumento que se viene aplicando hace ya varios años y que en el Ministerio de Hacienda consideran fundamental para sostener las cuentas con endeudamientos de corto plazo en moneda nacional; y en esta oportunidad tiene un salto cuantitativo muy importante. Para este año el pedido de endeudamientos en Letras fue de 15.000 millones; es decir que se triplicó para 2023.

Por otra parte, en el artículo 35 se pide autorización para contraer deuda con Organismos Multilaterales y/o Bilaterales de Crédito y/o con el Estado Nacional hasta 250 millones de dólares para financiar obra pública y programas sociales y productivos. 

En el artículo 37 se prorrogan los términos del artículo 36 de Presupuesto de este año (Ley 15.310), que establece un pedido de endeudamiento por 74.500.000 dólares para el financiamiento de obras de infraestructura vial. 

Por último, en el artículo 38, se pide autorización para endeudamiento para aportar al Fondo de Garantías Buenos Aires S.A (FOGABA) de hasta 3 mil millones de pesos, que podrán integrarse tanto en pesos como en títulos de la deuda pública nacional y/o provincial. 

La necesidad de financiamiento del próximo ejercicio está estimada en 249.100.413.000 pesos.

Tire y afloje

Con los números sobre la mesa, los legisladores de Juntos recibieron, los reclamos y pedidos de sus intendentes, de cara a la “rosca” que, como cada final de año, tiene lugar en la Provincia. Los alcaldes opositores ratificaron que buscarán un aumento significativo de los fondos coparticipables, que refleje el impacto de la inflación de este año. “No podemos hablar todavía de un monto concreto, pero si este año fue de 24.000 millones (17 mil correspondiente al Fondo de Infraestructura Municipal y otros siete mil por Fondo de Seguridad), con una inflación de 100% no es difícil saber por dónde irá la exigencia”.  

La cuenta es fácil: buscarán unos 50.000 millones de pesos, a lo que añadirán un pedido de compensación por lo que perdieron este año, tanto por la demora en el envío de los fondos comprometidos como por la suba de precios, que se comió los dineros acordados a finales de 2022. Y no es todo: exigirán una compensación por la pérdida de valor de los fondos a raíz de las demoras en los desembolsos, señalando que recién ahora se están realizando los desembolsos de los anticipos acordados a comienzos de año.

Desde hace tiempo, los intendentes de Juntos vienen analizando una propuesta que contemple, además, una solución a este reiterado reclamo de mayor fluidez en la transferencia de fondos.

La larga lista de requerimientos incluirá duplicar el Fondo de Infraestructura y el Fondo de Seguridad (se habla de una cifra cercana a los $50.000 millones para el año próximo); que los fondos sean girados por el Ejecutivo mensualmente; actualización por una fórmula similar a las UVI de vivienda y compensación por los dineros perdidos este año a causa de la inflación, que podrían ser unos 4 o 5 mil millones más.

También pretenden acelerar la cobertura de sillones vacantes, como el del Contador General de la Provincia, actualmente en manos de Carlos Baleztena (el gobernador Axel Kicillof su mandato por 60 días y no se votó su reemplazo en el Senado) y el correspondiente al Sub Defensor General de la provincia de Buenos Aires, que reclaman para sí.

En tanto, reservarían para el oficialismo los lugares sin cubrir de Sub Procurador General, tras la renuncia por jubilación de Juan Ángel de Oliveira. Lo mismo que la silla del Defensor General, sin cubrir por parte de la Cámara Alta.

Otro tanto ocurre con las bajas en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que funciona con cuatro de sus siete miembros: Hilda Kogan (presidenta), Sergio Torres, Daniel Soria y Luis Genoud.

Sin embargo, días atrás el Gobernador disparó sobre una idea central de la oposición, reiterando sus críticas y cuestionamientos: la Autonomía Municipal y sentenció: “No hay que dejarse llevar por falsas discusiones. Hemos escuchado que hay quienes encuentran a la provincia de Buenos Aires demasiado grande o diversa e intentan permanentemente decir que es una provincia inviable, mientras que en otro lugar dicen que hay que dividirla. Lo que muchas veces parece un tema de tamaño óptimo es pura y simplemente una cuestión de presupuestos”.

“Sin presupuesto y sin financiamiento las responsabilidades se vuelven abstractas”, lanzó, añadiendo que “la provincia de Buenos es la que menor presupuesto tiene por habitante, pero por lejos”.

Más allá de la agenda de exposiciones de los funcionarios provinciales en la Legislatura y las fuertes críticas, el jefe de gabinete, Martín Insaurralde, dio el puntapié al recibir a las autoridades de Diputados y Senadores y de los bloques del Frente de Todos y de Juntos, donde fondos, deudas y personal de planta, fueron los ejes del primer round por el Presupuesto 2023. La primera ronda está en marcha y las jugadas serán claves para definir como cerrarán los números definitivos.