Cuando todo parecía indicar que la negociación por el Presupuesto 2023 sería el único foco de atención legislativa en la provincia de Buenos Aires, la reforma del sistema de jubilaciones para el personal del Banco Provincia se roba hoy los reflectores.

Tajante, y luego de dos audiencias a las que convocó a Ejecutivo, gremio, oficialismo y oposición, la Suprema Corte bonaerense fijó su postura de manera contundente: “Si no cambian la ley antes del 14 de diciembre, se declara su inconstitucionalidad”.

En conferencia de prensa, el propio Gobernador estimó en unos 400.000 millones de pesos el perjuicio financiero para la Provincia, a futuro, si prosperan los más de cinco mil recursos judiciales presentados por quienes se sintieron vulnerados en sus derechos tras la sanción de la ley de Cambiemos.

Además, el próximo mes de febrero perdería estado parlamentario el proyecto enviado por el gobernador Axel Kicillof para devolver derechos a los trabajadores del Bapro, una promesa que había realizado en campaña al titular del sindicato, Sergio Palazzo.



Sin embargo, antes de que ayer se vuelvan a reunir con las autoridades del máximo órgano de justicia provincial, el PRO salió con los tapones de punta y rechazó cualquier tipo de normativa que vaya en contra de lo votado durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

“Rechazamos cualquier modificación política y oportunista que ponga en riesgo la sustentabilidad del régimen previsional del Banco Provincia”, lanzaron a través de un comunicado.

A la negativa cerrada de los “amarillos” se sumó uno de los socios de la alianza opositora. También a través de una nota pública, los “lilitos” sostuvieron que “la Coalición Cívica respeta el proceso convocado por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires para la reforma del Bapro, pero no acompaña propuestas de Axel Kicilof.

Al respecto, aseguran que las reformas del Ejecutivo “avanzan sobre aspectos que hoy no son motivo de controversia jurídica y que, en definitiva, terminan cayendo sobre las espaldas de todos los bonaerenses, vía aportes presupuestarios o aportes adicionales que debe hacer el Banco de la Provincia”.

Este miércoles, la Cámara de Diputados volverá a sesionar, con la promesa del oficialismo de insistir, una vez más, con el proyecto. Claro, en medio de una catarata de reclamos y epítetos lanzados ayer por el mandatario provincial, reclamando manos levantadas de la oposición.

Así, la llave para abrir la caja de pandora es, sin dudas, el radicalismo, que no se ha expresado públicamente hasta hoy, a 24 horas del encuentro legislativo.

A lo largo de este tiempo, entre la presentación del proyecto y la actualidad, los legisladores de la UCR se mostraron más proclives a buscar una solución negociada, que contemple los derechos de las partes: trabajadores, jubilados y contribuyentes.

De hecho, Palazzo recordó ayer que los dirigentes de las seccionales de La Bancaria en el interior provincial recorrieron los despachos para explicar la nueva norma a los intendentes boina blanca, además de sugerirles hablar con sus legisladores seccionales para que adopten una actitud menos beligerante que sus pares del PRO.



A horas de un debate que promete ser caliente, algunos diputados del radicalismo aseguraron a La Tecla.info que no hay una decisión tomada respecto de la presunta votación de mañana.

"Hubo una convocatoria hace tiempo, pero al final la reunión se suspendió. Hasta ahora (esta mañana) no tenemos una postura definida ni hemos sido convocados a una reunión para que los radicales sentemos posición”, aseguró un legislador del radicalismo del interior.

En tal sentido, comentó que “cuando se sancionó la ley en tiempos de Vidal, todos sabían que la cuestión de la movilidad iba a ser declarada inconstitucional. Y ahora los radicales estamos en una situación incómoda. Además de que si la Corte declara la ley inconstitucional, sería un desastre financiero para las arcas de la Provincia”.
 

Ratificamos nuestra postura de ser responsables y justos con los bonaerenses apoyando la Ley 15008 que da sustentabilidad al sistema previsional. Una provincia que tiene un 45% de pobreza no puede seguir aumentando su déficit para sostener los privilegios de unos pocos. pic.twitter.com/pQENY1R031

— Alex Campbell (@AlexCampbellOK) November 9, 2022

Sin confirmación, los diputados radicales esperan una convocatoria para esta tarde, con la expectativa de que se defina el sentido de su voto en la sesión de mañana, si es que el oficialismo consigue el quorum necesario.

Se presume que Fabio Britos, diputado del bloque 17 de Noviembre, dará quorum, lo mismo que el FIT, que tiene su propio proyecto. Aunque admitieron en las últimas horas que podrían darle el visto bueno si repone el 82% a los jubilados, una de las cartas fuertes del proyecto.

Diferente es la postura de los liberales: dos de ellos, Guillermo Castello y Nahuel Sotelo (el primero referenciado en José Luis Espert, el otro en Javier Milei) aseguraron que no darán quorum, quedando por revelar la postura de Constanza Moragues, escindida del bloque, y el unibloque de la peronista Débora Indarte.

Así las cosas, la clave está en Moragues para llegar a los 47 requeridos. ¿Por qué? Con 42 manos a favor del oficialismo, más Britos e Indarte y, posiblemente, los dos de la izquierda, llegarían a 46 legisladores. Necesitan uno más para llegar al quorum, por lo que la carta decisiva la tiene la libertaria.

Los 41 diputados de Juntos sumarían a los dos de Espacio Abierto Juntos, referenciados en el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

"Está todo muy complicado. Tenemos 46 votos y no hay de donde más rascar. Hasta ahora veo difícil que se trate, porque no llegamos con el quorum", aseguró a regañadientes un hombre fuerte del oficialismo en la Cámara Baja.

Como informó este medio, la iniciativa ya pasó por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Previsión, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, donde sufrió varias modificaciones, algunas atendiendo a los pedidos de la oposición.

De todas maneras, y aún suponiendo que la ley pase el filtro con media sanción de Diputados, el escenario en el Senado es más complejo. Allí las matemáticas marcan una paridad absoluta, por lo que resquebrajar la unidad opositora y contar con algún apoyo radical sería la única solución.