La negociación entre el oficialismo y la oposición por el Presupuesto 2023 está en marcha, y desde ambos sectores esperan que lo empantanada que está la resolución de la Ley de Jubilaciones del Banco Provincia no interfiera en el tratamiento de la Ley de Leyes, que incluso desde Juntos califican como prolija, con un buen articulado y con pocas cuestiones a revisar; aunque las hay.

Más allá de que toda la discusión parece focalizada en el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que no está en el articulado pero terminará por incluirse, hay otros puntos que desde la oposición quieren modificar respecto al proyecto enviado por el Ejecutivo. 

Como se sabe, los intendentes de Juntos acercaron al Gobierno una propuesta para que el FIM (incluyendo el Fondo de Seguridad) sea de 82 mil millones de pesos, una cifra que el Ejecutivo considera lejana y estaría dispuesto a destinar a ese rubro entre 50 y 60 mil millones. Pero no es lo único que se discute en torno a recursos. En Juntos pusieron la lupa sobre el artículo 40, que se refiere al Fondo Educativo.

Uno de los pedidos de la oposición concierne al coeficiente por el cual se reparte el dinero. El Fondo Educativo reparte a los municipios el 16,14% de los recursos de afectación directa que perciba la Provincia por la Ley Nacional 26.075 para cubrir gastos ligados a la educación. El resultante de ese 16,14% se reparte entre los municipios de acuerdo a un coeficiente elaborado por la Dirección General de Cultura y Educación. Y allí es donde fijó la mirada Juntos. 

Es que, de acuerdo al artículo 40 del proyecto de Presupuesto, ese índice se conforma “por población en edad escolar y variables educativas relacionadas con matrículas, establecimientos, predios, vulnerabilidad y trayectorias educativas de los establecimientos de gestión pública provincial y municipal”. El cambio sustancial respecto al Presupuesto en vigencia y a los anteriores es que se saca el componente “extensión territorial” como uno de los ítems a tener en cuenta para elaborar el índice, por lo que se supone que los distritos del interior perderán coeficiente, y con ello recibirán un menor porcentual de dinero.

Hay otra cuestión en el mismo artículo que la oposición pide cambiar uy es el tope de aumento que pude tener ese fondo. Se fija para 2023 que las transferencias a los municipios “no podrán  ser inferiores al cien por ciento ni superiores al ciento setenta y cinco por ciento de los recursos transferidos a cada municipio durante el ejercicio 2022”.

Esto supone que el máximo de aumento que puede tener el Fondo educativo es del 75% respecto a este año, cuando se estima que el interanual de ingresos, por efecto de la inflación va a superar holgadamente esa cifra. El pedido es que el tope sea igual al de este año, del 230% respecto al ejercicio anterior, es decir que el aumento real del reparto no quede en el 75 como máximo, sino que se extienda al 130%. 

De acuerdo a un cálculo realizado por un legislador opositor ante La Tecla, con el tope del 75% los 135 municipios podrían repartirse hasta 61.000 millones el año que viene por el Fondo Educativo, pero si el tope es de 130% el monto se elevaría a los 79.000 millones, y se estima que el 16.14% de lo que venga desde Nación para ese destino específico rondaría los 85.000 millones. Es decir que la Provincia se quedaría con  un excedente de entre 6.000 millones aun cuando se cambiara la redacción y se estableciera el mismo tope que este año.



Otro de los puntos que solicita revisar la oposición es el artículo 36 del proyecto que autoriza “al Poder Ejecutivo a reasignar los saldos remanentes” de autorizaciones de endeudamientos de Presupuestos anteriores. El Ejecutivo pide permiso para usar remanentes de 2012, 2013, 2016, 2017 y 2018, y desde la otra vereda chicanean conque “Kicillof quiere usar parte de la deuda que pidió (María Eugenia) Vidal y que tanto critica”.

No obstante, la objeción no pasa por esa chicana política sino porque desde Juntos piden que se especifiquen los montos de cada uno de esos remanentes. “Está claro, entonces, que el endeudamiento no es de 168.000 millones como dice el artículo 32, sino que es más”, advirtió uno de los legisladores que estudia con minuciosidad la ley.

Estos temas son los que se discuten en la rosca política y técnica para acordar la votación de la Ley de Leyes, en los cuales se buscará avanzar en los próximos días para tratar de apurar el tratamiento en los recintos de Diputados primero y el Senado después.