“Los 82.00 millones para Seguridad e Infraestructura no solo son para los intendentes de Juntos, sino para los 135 municipios de la Provincia”, repitió hasta el hartazgo el alcalde de La Plata, Julio Garro.

El jefe comunal del PRO fue uno de los asistentes a la segunda reunión que mantuvieron legisladores de intendentes de la oposición con el jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde, y varios funcionarios del Gobierno.

Como novedad y en un gesto que fue bien recibido por los representantes de Juntos, estuvo el ministro de Hacienda, Pablo López, a quien reiteraron los reclamos y pedidos de Juntos en el marco de la negociación por el Presupuesto.

El menú de condiciones para avanzar en la negociación de la “ley de leyes” lo repiten casi de memoria: además de lo mencionado para obras y seguridad, cambios en la liquidación (un desembolso del 50% y 3 o 4 cuotas); compensación para comunas de la UCR y el PRO perjudicadas por la inflación; cobro de las deudas que la Provincia mantiene por IOMA, IPS y nueva prórroga de los créditos otorgados durante la pandemia (Fondo Covid).

Y sumaron un nuevo ingrediente: establecer topes en la Ley Fiscal Impositiva con respecto al Inmobiliario Rural y Automotores de entre el 70 y el 75 por ciento.

El rosario de reclamos y condiciones es ensayado por los opositores retumba en sede del gobierno de Axel Kicillof, tanto como en la Legislatura bonaerense y en cada municipio de la geografía provincial.

Sin embargo, aquella frase reiterada por el intendente platense es la exteriorización de un estado generalizado de expectativa respecto del monto que la Provincia destinará a los distritos para 2023. 

Lejos en las cifras (el oficialismo habla de unos 50 o 55 mil millones de pesos), los referentes de Juntos encarnan no solo el sentir de sus legisladores e intendentes, sino también un deseo, por ahora silencioso, de sus pares del Frente de Todos.

“Ellos (los intendentes peronistas) van y reclaman fondos a Alberto, pero acá en la Provincia dicen que comparten nuestros reclamos, pero no pueden hacerlo en voz alta”, confió horas atrás un hombre fuerte del radicalismo provincial.

La mención de Garro cobra, así, otra dimensión, si se enmarca en este estado de reclamos dichos y no dichos. Unos, en voz alta; los otros, a través del grito de sus rivales políticos.

Especialmente de los del interior, teniendo en cuenta que el peso de la coparticipación es más denso en ellos que en los del Conurbano, cuyos ingresos principales se centran en las tasas locales.

En off, varios intendentes oficialistas, tanto del Conurbano como del interior, aseguran que comparten que debe haber un FIM y un Fondo de Seguridad (en el proyecto ingresado en la Legislatura no figura, como el año anterior, pero será un elemento de negociación). 

No solo eso, sino también que debe haber un mecanismo de actualización por inflación (la oposición cree que debe ser similar a los UVI, utilizados para la vivienda y la construcción) y que deben girarse los fondos sin tanta burocracia como la que hoy ralentiza la ejecución de las obras.

"Los problemas que generó la inflación los sufrimos todos, más allá del color político. Esperemos que la macroeconomía mejore el año que viene, porque así es imposible planificar obras, por ejemplo. Algún mecanismo tenemos que encontrar para que se puedan llevar a cabo y que los fondos lleguen a tiempo", señaló un jefe comunal peronista desde el interior.

Por el momento no hay buenas sensaciones por parte de los referentes de Juntos tras el encuentro de ayer. “El resultado es un poco pobre porque no hubo muchos avances”, confesó el alcalde capitalino a La Tecla.info.

La próxima semana se espera que haya un tercer y definitivo cónclave, que pueda acercar la oferta de uno y la demanda de los otros. Será antes de la batalla legislativa final, la última del año, con la ley más importante para todos: la del Presupuesto 2023.