La Corte intervino en la disputa por los recursos y le dio lugar al pedido de la Ciudad. Qué implicancias tiene en las arcas del Estado la medida en tiempos de recorte del gasto.

Un fallo judicial que atenta contra el ajuste que pide el FMI y aplica el Gobierno

La pelea por los recursos coparticipables entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) atraviesa una acalorada discusión tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal ordenó una medida que puede interferir en los planes del Gobierno nacional en el marco del ajuste del gasto público que implementa a pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) elaboraron un informe en el que señalaron que la medida cautelar planteada por el máximo tribunal a favor de CABA implicaría un gasto público nacional extra de entre 0,12% y 0,13% del PIB durante 2023. De esta manera, al margen de la preocupación por parte de los gobernadores, implica un nuevo dolor de cabeza para el Poder Ejecutivo en el marco del plan de recorte para cumplir las metas con el FMI.

Desde la entidad recordaron que a fines del año 2020, la Ciudad tuvo un cambio del coeficiente primario de distribución de recursos nacionales que implicó una baja desde el 3,5% al 1,4%. Primero, mediante el Decreto 735/2020 del Ejecutivo nacional, se le redujo en 1,18 puntos porcentuales su participación. Luego, mediante la Ley 27.606 se introdujo una nueva modificación, retrayendo el coeficiente en 0,92 puntos porcentuales hasta el 1,4%, y asignando a la jurisdicción un monto fijo con actualización trimestral por inflación.

En este marco, detallaron que "en medio de un proceso de esfuerzo fiscal para cumplir con la meta de déficit del 2,5% del PIB este año y viniendo una más exigente del 1,9% del PIB en 2023, se tiene una medida cautelar que establece que CABA participe con un coeficiente del 2,95% en lugar del 1,4% actual. Y, además, se define la no aplicación de la ley que daba origen a montos fijos (transferencias no automáticas)".

Asimismo, proyectaron los recursos que CABA recibiría en 2023 sin medida cautelar. Entonces, explicaron serían unos $249.000 millones de coparticipación automática y, por otro, unos $97.000 millones de transferencias no automáticas en el escenario A (optimista) y unos $80.000 millones de pesos en el escenario B (pesimista), originadas en el monto fijo de la ley 27606.

"Desde el punto de vista práctico, las transferencias no automáticas son equivalentes a un coeficiente de 0,55% en el escenario A y de 0,45% en el B. Esto significa que CABA está con un coeficiente efectivo de entre 1,85% y 1,95%, según el monto de transferencias no automáticas de 2023", remarcaron.

En tanto, aseguraron que "con la medida cautelar aumentaría el monto de coparticipación y se eliminaría el monto de transferencias no automáticas. CABA pasaría a recibir $520.000 millones en concepto de coparticipación y perdería lo no automático".

"El efecto neto es el siguiente: CABA recibiría $271.000 millones extras por coparticipación y dejaría de recibir transferencias no automáticas por $97.000 millones en el escenario A o por $80.000 millones en el escenario B. En efecto, el saldo neto sería de $174.000 millones en el escenario A o $191.000 millones en el escenario B", añadieron desde Airaf.

A su vez, en relación al PIB, dieron a conocer que "el efecto neto de la medida cautelar es de 0,118 puntos porcentuales del PIB en el escenario A y de 0,129 puntos porcentuales del PIB para el escenario B. El extra de coparticipación es de 0,184% del PIB, que, al restarle 0,066 puntos porcentuales de transferencias no automáticas, se transforma en un extra neto de 0,118% del PIB en el escenario A, y al restarle 0,054 puntos porcentuales del PIB de transferencias no automáticas nos da un extra de 0,129% del PIB para el escenario B".

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