Así lo indicó un relevamiento de la Consultora Aresco, que fue realizado entre el 3 y el 6 de enero y contó con la participación de 4000 personas. La mayoría, consideró necesario investigar a los beneficiarios de programas sociales.

Planes sociales: 6 de cada 10 argentinos está a favor de reducirlos

Una amplia mayoría de la población considera que existe un nivel "muy alto de irregularidades" en la asignación de los planes sociales mediante los cuales el Estado Nacional asiste a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Ocho de cada 10 argentinos consultados consideró que existen inconsistencias en la entrega de la ayuda social que deben ser revisadas, según la encuesta de Aresco.

El trabajo reveló además que el 56% de las personas interrogadas cree que "hay que reducir los planes sociales para bajar el gasto público", mientras que el 33% señaló que "no se pueden reducir porque hay gente que los necesita aunque le generen gastos al Estado".

A raíz de este escenario, el sondeo de opinión mostró además que más de la mitad de los participantes respaldó la posición de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que encaró una investigación sobre la calidad de los planes sociales entregados por la dependencia a su cargo.

Un porcentaje similar se pronunció a favor de la funcionaria en la discusión que mantuvo con el líder piquetero, Juan Grabois, quien cuestionó en duros términos la intervención oficial para conocer cómo se distribuía la asistencia.

El 51,8% de los consultados dijo estar de acuerdo con el pedido de Tolosa Paz de levantar el secreto fiscal de los beneficiarios de los planes sociales, mientras que apenas el 9,4% justificó las quejas del líder de la UTEP, Juan Grabois.

El debate por los planes

A poco de asumir Tolosa Paz al Ministerio de Desarrollo Social se conocieron inconsistencias entre beneficiarios de planes sociales, entre ellas la compra de dólar ahorro. La funcionaria suspendió el pago de los planes a los involucrados hasta que se investigue cada caso, decisión que fue rechazada por Grabois.

De cara a las elecciones, el debate sobre cuánto y cómo auditar al millón de beneficiarios que recibe el Potenciar Trabajo, una mensualidad cercana a los 30 mil pesos que equivale a la mitad de un Salario Mínimo Vital y Móvil encendió la interna en el Frente de Todos. Mientras desde el albertismo se manifestaron a favor de auditar las asistencias, desde otros sectores se mostraron más renuentes.

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