Cadenas de supermercados del interior del país advirtieron que podrían abandonar el programa de "Precios justos" si el gobierno no elimina el control del gremio de Camioneros sobre el abastecimiento y los precios de las mercaderías.
El presidente de FASA, Víctor Palpacelli, manifestó preocupación por esos controles al sostener que "estas situaciones alejan la posibilidad de que distintas cadenas regionales se sumen al programa".
"Por el contrario, quienes están sumadas podrían bajarse porque se desalientan por este tipo de situaciones a las que nos exponen", expresó Palpacelli.
El empresario supermercadista agregó que "queremos acompañar, pero evidentemente se necesita de la seguridad de la provisión de la mercadería de parte de la industria", sostuvo.
También negó que el sector esté realizando acopio de mercadería al sostener que "lejos está de nuestra parte la intención de acaparar y no vender".
Por el contrario las grandes cadenas de supermercados, nucleadas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), evitaron polemizar con la medida y pusieron el foco en la mejora del abastecimiento que, entienden, es responsabilidad de las empresas proveedoras.
El secretario general del gremio de Camioneros, Pablo Moyano había afirmado que desde el Gobierno les habían pedido "una colaboración" para poder chequear que las cadenas de supermercados hagan llegar los productos a las góndolas.
El sindicalista afirmó que en las cadenas como Coto, Carrefour, Día, Chango "se estaba viendo que la mercadería no llegaba a las góndolas, salían 10 camiones de cada producto, llegaban a los supermercados y llenaban dos o tres góndolas (...) Nuestra tarea es denunciar a la Secretaría de Comercio si hay faltantes de productos, y nuestro gremio siempre fue solidario con el Estado".
"Esto es una colaboración de camioneros, como lo están haciendo los compañeros de Comercio y de Alimentación", agregó Moyano.
El acuerdo entre el gobierno y el sindicato de Camioneros fue denunciado ante la justicia por la dirigente de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió.
La denuncia penal de la titular de la Coalición Cívica alcanzó al presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, por los delitos de incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos.
Carrió afirmó que se está poniendo en marcha "una organización paraestatal, impulsada desde los funcionarios denunciados, para hacer efectiva la medida de control de precios".
"Las autoridades denunciadas, se han colocado fuera de estas y de toda norma, arrasando los límites de sus competencias funcionales". Tras ello, se sumaron críticas de los distintos sectores de la oposición, que afirmaron que "no alcanza con poer patoteros en los supermercados" para bajar la inflación. |
